Rocha pide recusar a los miembros del TAD por sus vínculos con el abogado de la era Rubiales
El presidente de la RFEF busca apartar del proceso a los vocales que deben decidir sobre su inhabilitación
Pedro Rocha junto a su antecesor en el cargo, Luis Rubiales. | RFEF
Pedro Rocha pasa al ataque. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha solicitado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la recusación de todos sus miembros por presuntos vínculos con el director del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero, y con Tomás González Cueto, abogado externo de la federación durante la etapa de Luis Rubiales. El dirigente extremeño rescindió la relación laboral con el letrado mientras lideraba la Comisión Gestora.
El TAD tiene pendiente decidir sobre la inhabilitación de Rocha por exceder sus funciones al frente de la RFEF cuando era presidente de la Comisión Gestora y, por tanto, tenía limitados sus poderes. El tribunal tomó la decisión de abrirle expediente en abril, justo el mismo día que fue imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, donde había acudido como testigo a explicar los contratos suscritos por su predecesor. Eso no impidió que el dirigente extremeño fuese proclamado días más tarde como mandamás del ente federativo.
Rocha ha solicitado la recusación de siete miembros del TAD, según ha avanzado este jueves COPE y ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Este movimiento se basa en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse de intervenir en el procedimiento cuando se den diversas circunstancias, como «tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior».
La inhabilitación de Rocha
El actual presidente de la RFEF alega esta circunstancia para solicitar la recusación de los miembros del TAD, de los que asegura que son cercanos a Cueto, abogado externo de la federación con Rubiales. El dirigente extremeño sostiene que el letrado, que fue miembro de dicho tribunal y está imputado en la Operación Brody, habría intentado influir en el órgano que debe decidir sobre su inhabiltación a través del director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero.
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ya adelantó una presumible inhabilitación de Rocha durante una comparecencia ante el Congreso el pasado 16 de abril. «Respecto a la RFEF, he venido informando en los últimos días que estamos en permanente contacto con la FIFA», aseguró el dirigente socialista en la Cámara Baja.
Desde entonces se han desarrollado diferentes movimientos para tutelar la gestión del ente federativo, incluso se creó una comisión especial para ello que preside Vicente del Bosque. Un extremo que ha irritado a los dirigentes de FIFA y UEFA hasta el punto de anunciar un marcaje férreo a España. Si ambos organismos constatan que la RFEF pierde autonomía, podrían imponer sanciones como dejar a los clubes españoles sin jugar competiciones europeas, dejar a la Selección sin Juegos Olímpicos e, incluso, impedir que nuestro país organice el Mundial de 2030.
El origen del expediente sancionador se encuentra en las denuncias registradas por Miguel Ángel Galán. En su opinión, Rocha se habría excedido en sus competencias, lo que supondría la comisión de una infracción muy grave prevista en el artículo 76.2.a) de la Ley del Deporte de 1990, aún vigente en su parte disciplinaria. De confirmarse, la sanción podría ser de un año, por lo que no podría concurrir a las elecciones que deben celebrarse después de la cita olímpica de este verano en París.
Despido de González Cueto
Una semana antes de que Galán elevara su denuncia al CSD, a finales de marzo, la RFEF tomó una decisión salomónica. Tras finalizar el registro de la Guardia Civil en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, Rocha rescindió el contrato con el despacho GC Legal, dirigido por González Cueto, asesor jurídico externo en la etapa de Rubiales, y abrió un expediente sancionador al director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura, y al director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez.
El denunciante defendía que la decisión correspondió «única y exclusivamente» a Rocha, algo que no podía hacer porque en ese momento «solo era presidente de una Comisión Gestora». Galán sostiene que el presidente de la RFEF «cava su propia tumba» tras solicitar la recusación de los miembros del TAD, entre los que se encuentra Jaime Caravaca, sobrino de Ramón Caravaca, socio de González Cueto en el despacho GC Legal.
En el sumario de la causa que investiga Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda aparece que el antiguo asesor jurídico de la RFEF intentó convencer a Molinero para que el TAD le hiciera un favor. «En una llamada telefónica […] se desprende que González Cueto le ha pedido a Molinero que convenza a un tercero y le anuncia que Guillermo [se refiere a De Blas Bados, secretario del TAD] es el ponente».
El informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insisten en su informe que «González Cueto también le cuenta que Jaime [sobrino de Ramón Caravaca] tiene buena relación con Eva [Eva María Fernández, vocal del TAD] y que estos intentarán que Alfonso [Alfonso de Ramos Molins, otro vocal] ejerza un poco de «patriarca» y, si le apetece, defienda la postura de que esto se arregle y no les dejen con el lío diez meses más». Se trata de cuatro de los siete recusados por Rocha.
