La Fiscalía Europea niega a Vox ser acusación en el caso de Begoña porque «no es víctima»
La coordinadora nacional jurídica del partido ya ha adelantado que el partido recurrirá esta negativa
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Fiscalía Europea ha rechazado que Vox ejerza la acusación popular en la investigación que dirige relativa a dos contratos que habrían sido sufragados con fondos europeos y que formaban parte del denominado ‘caso Begoña Gómez‘ porque las partes personadas en ese asunto «no pueden tener la condición de víctimas del delito».
Así consta en un decreto de la Fiscalía Europea (EPPO) al que ha tenido acceso Europa Press, en el que este organismo recuerda que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, tráfico de influencias y privatización.
En este escrito, la EPPO recuerda que el reglamento europeo recoge que en casos investigados por esta fiscalía si pueden personarse las acusaciones particulares pero no así las populares.
En este sentido, apunta en el decreto que el apartado de la norma relativo al derecho de avocación establece que «quienes se encuentren personados como acusadores populares perderán automáticamente la condición de parte».
«No obstante, en los casos en que quienes se encuentren personados como acusadores populares puedan ejercer la acusación particular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley orgánica, se entenderán personados como tal», añade, para luego indicar que en este caso «al tratarse de delitos de naturaleza colectiva y supraindividual» no cabe esta opción.
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ya ha adelantado que el partido recurrirá esta negativa porque «según la normativa española las acusaciones populares también tienen derecho a la tutela judicial efectiva».
Castro ha insistido en que Vox quiere «saber e intervenir» en las diligencias de investigación de este caso para que no se «configure» un «procedimiento opaco» en el que no puedan saber «qué es lo que se investiga». Sin embargo, el decreto es tajante al advertir de que contra su decisión no cabe impugnación.
Fue el pasado 6 de julio cuando se dio a conocer que el partido liderado por Santiago Abascal había solicitado personarse como acusación popular en la pieza que la Fiscalía Europea abrió en junio tras asumir la parte de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
En el procedimiento que dirige el órgano comunitario se investigan dos contratos otorgados a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.
Cabe recordar que la denuncia de Manos Limpias sostenía que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España», había «venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.
