Bochorno en la Abogacía del Estado por la querella de Sánchez
Extraña que una querella de tal magnitud haya sido firmada por alguien que no ocupa un alto cargo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La presentación de la querella por parte del presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado ha generado un profundo bochorno en la Abogacía del Estado. La razón principal de este malestar es que resulta paradójico que ninguno de los altos cargos de esta institución haya estampado su firma en un documento de tal relevancia, puesto que afecta a la Presidencia del Gobierno, dejando la tarea en manos de Zaida Fernández Toro, «una abogada considerada de quinta fila».
Fernández Toro, la abogada del Estado que ha interpuesto la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación del caso Begoña, no sobresalió en sus pruebas de acceso al cuerpo que dirige la asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas. Según el Boletín Oficial del Estado, publicado el 4 de mayo de 2016, Fernández Toro ocupó el puesto 22 de 24 opositores que lograron aprobar.
Diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE han señalado que Fernández Toro ha asumido roles que otros abogados del Estado rechazan por principios éticos. «Es joven y no destaca especialmente entre sus compañeros, pero su lealtad al presidente Sánchez la llevará a ser promovida», comentan estas fuentes. A pesar de tener solo nueve años de experiencia, ha ganado notoriedad por sus intervenciones legales que frecuentemente benefician al PSOE.
En junio pasado, Fernández Toro solicitó el levantamiento de las medidas cautelares contra Carles Puigdemont y otros investigados en la causa Tsunami. A través de la Abogacía del Estado, pidió el inmediato alzamiento de la orden de detención contra Puigdemont, basándose en la Ley de Amnistía acordada por el Gobierno de Sánchez con los partidos separatistas. Argumentó que los hechos de desobediencia cometidos por Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y la líder de ERC, Marta Rovira, eran actividades amnistiables. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía por malversación.
Otra intervención polémica de Fernández Toro fue en el caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sustituyendo al abogado del Estado Julián Martínez-Simancas, Fernández Toro rechazó un acuerdo que habría permitido dilatar el caso, una medida que podría haber beneficiado políticamente al PSOE. Según fuentes consultadas por este periódico, Martínez-Simancas estaba dispuesto a firmar un pacto donde el novio de Ayuso aceptaría pagar, pero Fernández Toro se opuso firmemente al acuerdo.
El hecho de que una querella de tal magnitud y relevancia política haya sido firmada por alguien que no ocupa un alto cargo ha generado malestar en la Abogacía del Estado. Los altos cargos de la institución se han distanciado de la querella, lo que sugiere una falta de respaldo interno a las decisiones tomadas por el Gobierno en este caso. Este episodio ha avivado las críticas sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia en España, poniendo nuevamente en entredicho la separación de poderes.
