La huida de Puigdemont refuerza la tesis de la prisión provisional por riesgo de fuga
La Fiscalía se pronunciará en contra del encarcelamiento, escenario que solicitarán las acusaciones populares
Carles Puigdemont interviene en el acto de bienvenida en Barcelona este jueves. | Alberto Estevez (EFE)
Carles Puigdemont desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La nueva huida del expresidente de Cataluña refuerza la tesis de quienes solicitan al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que decrete prisión provisional sin fianza una vez que sea detenido. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE aseguran que sería la decisión «más lógica» atendiendo a las circunstancias, ya que existe «un evidente» riesgo de fuga. La Fiscalía se pronunciará en contra del encarcelamiento. De hecho, ya pidió al juez instructor que dejara sin efecto la orden de detención nacional en aplicación de la ley de amnistía. Vox, una de las acusaciones populares, ya ha anunciado que pedirá su ingreso en la cárcel.
Tras siete años fugado de la justicia española para no responder por el procés, Puigdemont irrumpió a primera hora de este jueves en Barcelona. «He venido para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar», proclamó ante más de 2.500 personas. Durante su breve discurso reivindicó la «autodeterminación» de Cataluña y se mostró confiado en que habrá «nuevas oportunidades» para declarar la independencia tras el intento frustrado de 2017.
Al finalizar su intervención, Puigdemont volvió a desaparecer, aunque no consiguió su propósito: acceder al Parlament, donde iba a comenzar el debate de investidura del socialista Salvador Illa. El líder de Junts logró eludir el dispositivo de seguridad y esfumarse a bordo de un vehículo blanco tras su mitin exprés. Dos mossos d’Esquadra han sido detenidos por su presunta colaboración en la huida.
La detención de Puigdemont
El expresidente catalán anunció el pasado miércoles a través de las redes sociales que volvía a España. Fuentes jurídicas de primer nivel avanzaron a este diario que Llarena «está activo» y pendiente de su detención. El objetivo era que fuese arrestado en cuanto pisara suelo español, aunque el entorno de Puigdemont se mostraba confiado en que, en ese caso, se le dejara en libertad tras su declaración. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró a finales de julio que su arresto supondría incumplir la ley de amnistía.
A pesar de que la norma está en vigor, existe una orden de detención nacional activa para detener a Puigdemont, que sigue en paradero desconocido. Llarena ha reclamado a los agentes que cuando fuese arrestado lo trasladaran de inmediato a Madrid para tomarle declaración en el Supremo. Su intención es enviarle a prisión provisional sin fianza, en contra del criterio de la Fiscalía, aunque está por ver durante cuánto tiempo. El entorno del expresidente ya reconoce esa posibilidad, pero confía en que sea durante un plazo breve.
Los juristas consultados por este diario señalan que «el sainete» de este jueves refuerza la tesis para que se decrete la prisión provisional sin fianza contra Puigdemont. En su opinión, se da una de las condiciones necesarias para ello, el riesgo de fuga. «No hay género de dudas de que, si lo detienen y lo dejan en libertad, volverá a huir», resume un prestigioso penalista que prefiere mantener el anonimato. El artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece los criterios que regulan la prisión provisional.
«La prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional», dispone la LECrim.
A disposición de Llarena
La ley insiste en que la prisión provisional solo se podrá decretar cuando concurran una serie de requisitos, como la entidad de las penas que pudieran ser impuestas. Entre estas condiciones también se incluye la intención de evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas o, como advierten en el caso de Puigdemont, «pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga». No obstante, no se podrá acordar por «falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación».
Puigdemont está imputado por un delito de malversación de fondos públicos, cuya pena oscila entre los cuatro y 12 años de prisión, ya que juez el instructor consideró que no era amnistiable. Llarena argumentó que «el comportamiento atribuido en la causa al procesado incurre plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE». Unos hechos que complican que quede en libertad provisional, señalan las fuentes consultadas.
Además de la malversación por el procés, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha solicitado al Supremo (que aún no se ha pronunciado) que investigue a Puigdemont por el caso Voloh ante los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo. El alto tribunal archivó el mes pasado la causa de la plataforma Tsunami Democrátic, que le investigaba por terrorismo, después de declarar nulo el proceso a partir de 2021 por un error de la Audiencia Nacional.
El expresidente catalán criticó el pasado miércoles su posible detención. Aseguró que sería «ilegal y arbitraria». Puigdemont podría invocar ante cualquier juez de guardia que ordenara su arresto el habeas corpus, un derecho previsto en aquellos casos en los que se considere que no existen motivos para ser retenidos. Eso obligaría al juzgado correspondiente a resolver de manera inmediata sobre su libertad si aprecia que la detención carece de sustento.
En cualquier caso, la decisión definitiva correrá a cargo de Llarena. El instructor del procés lleva casi siete años esperando para interrogar a Puigdemont. Su situación es muy diferente a la de la exeurodiputada Clara Ponsatí, para quien decretó libertad provisional en julio del año pasado. En aquella ocasión, el magistrado optó por no tomarle declaración de manera inmediata tras ser arrestada y la citó a un mes vista. La exconsejera catalana no se presentó ante el Supremo.
