El Supremo pide explicaciones a los Mossos e Interior por la nueva fuga de Puigdemont
El magistrado pide conocer el nombre de los responsables del diseño del operativo para detener al expresidente catalán
Carles Puigdemont entre la multitud este jueves en Barcelona. | Quique Garcia (EFE)
Tirón de orejas de Pablo Llarena a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior. El juez que instruyó la causa del procés en el Tribunal Supremo les ha solicitado que informen del operativo policial planificado para la detención de Carles Puigdemont. El magistrado quiere conocer los detalles del dispositivo y los elementos que determinaron su fracaso, que conllevó una nueva fuga del expresidente catalán. Desde Junts aseguran que ha regresado a su residencia de Waterloo (Bélgica), mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hace responsable del operativo a la policía autonómica de Cataluña.
«Habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía, Carles Puigdemont, estuvo presente en el día de ayer en la Ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él, oficiése para que informe sobre cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detención», solicita Llarena a través de dos providencias a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Puigdemont apareció este jueves en Barcelona para dar un discurso antes de la sesión de investidura de Salvador Illa tras siete años fugado de la justicia española para no responder por el procés. «He venido para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar», proclamó ante más de 2.500 personas. A pesar de que sobre el expresidente catalán pesa una orden de detención nacional, logró escabullirse.
Localizar a Puigdemont
Llarena pide explicaciones a la policía autonómica y al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sobre cómo pudo lograrlo, mientras crece el runrún de que algunos agentes y dirigentes habrían colaborado con el expresidente catalán para facilitar su fuga. Los Mossos han detenido a dos compañeros por su presunta colaboración. También han solicitado, por el mismo motivo, la declaración del secretario general de Junts, Jordi Turull.
El magistrado busca conocer quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los que debían su aprobarlo y a quiénes se les encomendó su ejecución o despliegue. Llarena también solicita detalles del operativo aprobado y dispuesto en la frontera y de las posteriores órdenes cursadas para detener a Puigdemont tras su fuga. Los Mossos activaron y desactivaron en varias ocasiones durante este jueves la Operación Jaula para controlar las salidas y entradas a Barcelona.
El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha negado este viernes durante una comparecencia ante los medios cualquier acuerdo con Puigdemont. Ha explicado que el operativo para detener a Puigdemont estaba diseñado para evitar tensiones. El arresto estaba previsto en los alrededores de la ciudadella, pero se toparon con «una masa de personas» que lo hicieron desaconsejable. El consejero de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha anunciado una investigación interna y ha acusado al expresidente catalán de haber tenido un «comportamiento impropio».
Turull ha asegurado en declaraciones a RAC1 que Puigdemont ha regresado ya a su residencia de Waterloo, donde ha vivido tras abandonar España en octubre de 2017 para eludir a la justicia española. El secretario general de Junts asegura que llegó de incógnito a Barcelona el martes. Bolaños ha señalado a los Mossos como responsables del operativo policial en torno a la investidura de Illa y el retorno del expresidente catalán, mientras los partidos de la oposición acusan al Gobierno de inacción.
Orden de detención en vigor
El expresidente catalán anunció el pasado miércoles a través de las redes sociales que volvía a España. Fuentes jurídicas de primer nivel avanzaron a este diario que Llarena «está activo» y pendiente de su detención. El objetivo era que fuese arrestado en cuanto pisara suelo español, aunque el entorno de Puigdemont se mostraba confiado en que, en ese caso, se le dejara en libertad tras su declaración.
Existe una orden de detención nacional en vigor para detener a Puigdemont, que sigue en paradero desconocido. Llarena ha reclamado a los agentes que cuando fuese arrestado lo trasladaran de inmediato a Madrid para tomarle declaración en el Supremo. Su intención es enviarle a prisión provisional sin fianza, en contra del criterio de la Fiscalía, aunque está por ver durante cuánto tiempo.
Puigdemont está imputado por un delito de malversación de fondos públicos, cuya pena oscila entre los cuatro y 12 años de prisión, ya que juez el instructor consideró que no era amnistiable. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona también ha solicitado al Supremo que investigue a Puigdemont por el caso Voloh ante los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo. El alto tribunal ya archivó el mes pasado la causa de la plataforma Tsunami Democrátic, que le investigaba por terrorismo, después de declarar nulo el proceso a partir de 2021 por un error.
