La Guardia Civil investiga a varias constructoras por pagar presuntas comisiones a Ábalos
En la documentación incautada se recoge el cruce de correos entre Koldo García y dos empresarios no imputados
José Luis Ábalos | Agencias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a constructoras que recibieron contratos del Ministerio de Transporte u organismos dependientes mientras José Luis Ábalos ocupaba la cartera, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Estas investigaciones se han iniciado tras el análisis del material incautado durante las entradas y registros llevados a cabo en febrero de este año, en el marco de la operación Delorme. Esta operación, que desató el conocido como caso Koldo, ha permitido a los investigadores recopilar pruebas clave que señalan posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
El análisis de dicha documentación ha permitido a los investigadores avanzar en la identificación de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, señalando directamente a constructoras (algunas de estas con sede en Valencia, ciudad natal del exministro Ábalos) que se habrían beneficiado durante el mandato de Ábalos en el Ministerio de Transporte. Según las primeras conclusiones de la UCO, las pesquisas apuntan a posibles prácticas corruptas que habrían facilitado la concesión de estos contratos a cambio de favores o pagos ilícitos, un esquema que ahora se encuentra en el centro de la investigación.
«Pruebas del cobro de comisiones»
Hay que destacar que, tal y como adelantó este periódico, los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso Koldo han elaborado un detallado informe que será remitido próximamente a la Fiscalía Anticorrupción y que incluye una serie de pruebas que implicarían al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en una supuesta trama de corrupción. Los investigadores no albergan dudas acerca de la gravedad de las pruebas reunidas. De hecho, consideran que el contenido del documento es lo suficientemente sólido como para justificar que se eleve una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, solicitando formalmente la imputación de Ábalos.
El informe preliminar de la UCO incluye indicios que apuntan a que determinadas empresas pagaron comisiones ilegales, conocidas como mordidas, al exministro a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, por el momento se desconoce si estas nuevas pesquisas sobre el pago de comisiones por parte de constructoras a cambio de adjudicaciones han avanzado lo suficiente en la investigación para que puedan incorporarse al informe inminente de la Benemérita que recibirá en las próximas semanas el Ministerio Público.
El cruce de correos con Koldo
En la documentación incautada por la Guardia Civil en la investigación del caso Koldo se recoge el cruce de correos electrónicos entre el entonces asesor del ministro, Koldo García Izaguirre, y dos constructores que no están imputados en la causa judicial. El primero de ellos, enviado el 1 de noviembre de 2018, apenas cinco meses después de la llegada de Ábalos al ministerio de Fomento, fue enviado por Juan Cámara, presidente del Grupo Torrescámara, solicitando una entrevista con la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, interesándose por el estado del corredor cántabro-mediterráneo.
El siguiente email que se recoge en la investigación de la UCO es otro fechado el 8 de julio de 2021, dos días antes de la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. El nuevo correo recoge un tono de familiaridad inexistente en el primer documento. «Ahí vaaaaa!!!!», dice el ingeniero que preside este grupo constructor, haciendo referencia a un archivo adjunto sobre un «acuerdo de liquidación» con otra empresa con la que Renfe había rescindido su contrato.
Resulta llamativa la evolución en el tono de los correos electrónicos enviados por el empresario Juan Cámara al equipo de José Luis Ábalos. En el primer mensaje, enviado en 2018, el empresario solicita la oportunidad de presentarse de manera formal y distante. Sin embargo, en un segundo correo de 2021, se percibe una cercanía mucho mayor al dirigirse al asesor del exministro, dos años y medio después. Fuentes consultadas por este periódico señalan que no es habitual que un empresario se comunique de forma tan cercana con un alto cargo para cerrar un acuerdo.
El segundo constructor que aparece en los correos incautados por la UCO es Pepe Ruz, gerente de la empresa valenciana, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Pocos meses después de la carta de presentación de Torrescámara, el gerente de LIC se presenta también vía mail a Koldo García, concretamente, el 19 de marzo de 2019. En la misiva, Pepe Ruz se presenta como gerente y dueño de una empresa constructora de Valencia. «No nos conocemos, pero me gustaría, si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión con usted».
En respuesta a este mensaje, el asesor del ministro envió un nuevo correo tres días después, citándole el miércoles 27 de marzo de 2019 en el Ministerio de Transportes. «El horario en que podría atenderle es de 10 a 12.30». Dos horas y media de duración para un primer encuentro que confirmó el solicitante en un nuevo email enviado a Koldo.
Ambas empresas están ubicadas en Valencia, la ciudad natal del exministro José Luis Ábalos, y donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. Estas dos empresas han logrado obtener un significativo volumen de adjudicaciones, subvenciones y concesiones de créditos ICO. LIC, por ejemplo, recibió 21 millones de euros en créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y superó los 300.000 euros en subvenciones del gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana. Esta cifra refleja la considerable influencia y los recursos que estas empresas han acumulado en el contexto de la gestión pública y la concesión de fondos.
El ‘rastro’ en el sumario
Pepe Ruz también figura en el sumario de la Operación Delorme, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas, por el encuentro que mantuvo con Koldo García el 8 de enero de 2024, un mes antes de que estallara el caso y se produjeran las detenciones. Pese a que Ruz no está imputado en la causa, según los investigadores, el empresario valenciano era uno de los constructores que se reunía habitualmente con el ministro Ábalos. Fue también el receptor, según publicó El Español, de hasta 125 millones de euros por adjudicaciones directas del Ministerio de Transportes. Desde 2020, recibió un total de 16 millones de euros, según publicó este diario.
A dichos encuentros en La Chalana asistieron previamente, en noviembre de 2023, varios altos cargos del Ministerio de Transportes, algunos de los cuales han sido cesados recientemente por el ministro Óscar Puente. Uno de ellos fue el subsecretario de Transportes, Jesús Gómez; el otro alto cargo, el responsable de Adif, Ángel Contreras, fue ascendido al mes siguiente a la presidencia de ADIF (entonces era director general de Conservación y Mantenimiento). El exministro Ábalos mantuvo otra reunión en La Chalana el 10 de enero con Contreras, con quien comparte ciudad natal (Torrent, Valencia). El presidente de ADIF todavía continua en su puesto pese a la revelación que hizo THE OBJECTIVE sobre el amaño en la adjudicación de un contrato de obra pública por valor de 20,4 millones de euros. Según la UCO, en esos encuentros, el 2 y 3 de noviembre, se recabó información sobre la investigación judicial de la trama de las mascarillas, que posteriormente entregó el hermano de Koldo, Joseba, al exministro Ábalos en Valencia.
El gerente de la constructora valenciana también figura en el sumario por haber recibido ingresos de 70.000 euros del presunto cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Durante la pandemia, Levantina, Ingeniería y Construcción se embolsó un total de 5,7 millones de euros. A lo largo de estos meses, la UCO ha rastreado todos los contratos y adjudicaciones de obra pública concedida por el ministerio de Ábalos.
