La 'abogada' de Sánchez también defiende al alto cargo acusado de manipular un audio
Fernández Toro se encargó de redactar la querella del presidente del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado
La abogada de Estado Zaida Fernández Toro se encargará de defender este martes al alto cargo del Ministerio de Justicia acusado de manipular el audio de un menor. Se trata de la misma persona que presentó la querella en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La jefa del área penal de la Abogacía del Estado también se opuso al pacto propuesto por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid para cerrar el procedimiento penal.
El director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, tendrá que declarar este martes a mediodía ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid como imputado. La causa investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta adulteración de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022.
La juez aceptó la semana pasada la personación de la Abogacía del Estado para defender al alto cargo. Cubo es subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE está firmado por Fernández Toro, la misma que redactó en julio la querella contra Peinado en nombre de Sánchez. El presidente del Gobierno se querelló contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de prevaricación.
La querella de Sánchez
La presentación de dicha querella generó un profundo malestar en la Abogacía del Estado porque llevaba la firma de Fernández Toro. Las fuentes consultadas por este diario señalan que asume roles que otros compañeros rechazan por principios éticos. «Es joven y no destaca especialmente, pero su lealtad al presidente Sánchez le llevó a ser promovida» a jefa de penal, comentan. A pesar de tener solo nueve años de experiencia, ha ganado notoriedad por sus intervenciones, «que frecuentemente benefician al PSOE».
Fernández Toro también fue la encargada de abortar cualquier acuerdo de conformidad entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para cerrar el procedimiento penal contra Alberto González Amador por supuesto fraude fiscal. Esta abogada del Estado ya solicitó en junio «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros investigados del caso Tsunami en aplicación de la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Sánchez y los independentistas.
En su último escrito, Fernández Toro relata haber sido autorizada «para asumir la representación y defensa de Aitor Cubo». Este alto cargo de Justicia es responsable del «diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los servicios digitales». Esto es, garantizar que se graben los juicios en las 630 salas judiciales repartidas por España, pero también su almacenamiento y conservación.
En la causa contra Cubo se investiga la posible manipulación de la declaración de un menor en un procedimiento de divorcio en el que participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato, también cuñado del ministro de Transportes. Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2022, cuando el hijo mayor compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega.
«Ruido rosa»
El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala para no coartar al menor. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces tenía 12 años. El magistrado le preguntó, supuestamente, si prefería vivir con la madre o con el padre.
El audio del niño había sido alterado presuntamente de forma artificial mediante lo que se conoce como «ruido rosa». Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil en Madrid, donde se ubica la Dirección General de Transformación Digital, que depende de Cubo. Lo hizo al entender que «es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación».
«La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial externo realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE), un centro de reconocido prestigio. El documento fue entregado a la Guardia Civil y al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
La primera denuncia por la manipulación del audio se registró en Valladolid, aunque el juez Vega la archivó. Incluso llegó a denunciar al padre del menor por injurias, ya que defendía que el audio no sufrió alteraciones. A continuación fue la esposa de Vega, Soledad Ortega, la que intentó quedarse con la causa al conocer que un juzgado de Madrid había abierto diligencias. La magistrada Susana Trujillano entendió que el delito se había cometido en Madrid, que sería el único lugar donde se habría podido adulterar el contenido de la grabación.
Las fuentes jurídicas tildan de «extraña casualidad» que Fernández Toro sea la encargada de representar a Cubo y que fuese la persona que redactara la querella de Sánchez contra el juez Peinado. La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, tiene la función de prestar asistencia jurídica a la Administración General del Estado. Su plantilla estaba conformada el año pasado por 663 letrados, aunque tan solo 357 están en activo, según datos del departamento que ahora dirige Félix Bolaños.