Una acusación en el 'caso García Ortiz' pedirá el rastreo de la filtración del novio de Ayuso
El Supremo investiga al fiscal general por un delito de revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de prisión
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una reunión de fiscales en 2022. | Álex Cámara (Europa Press)
Las acusaciones populares ya preparan el siguiente envite contra el fiscal general. El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de prisión. Manos Limpias va a solicitar el rastreo informático de la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El sindicato de funcionarios pedirá la trazabilidad de los correos electrónicos para conocer «cómo y cuándo le llegó la información confidencial» de Alberto González Amador.
La representación jurídica de Manos Limpias ha confirmado a THE OBJECTIVE que ya trabaja en «pedir diligencias adicionales para aclarar cómo se produjo la difusión de los emails» entre el novio de Ayuso y la Fiscalía. El abogado Víctor Soriano, del despacho Soriano i Piqueras, señala que el objetivo es seguir el rastro para conocer cuándo y cómo llegó la información a García Ortiz y «qué hizo con ella».
Soriano considera vital hacer «una indagación de orden informático para saber cómo se movieron esos emails». E insiste: «Antes de sacar la nota de prensa se ha dicho que esos correos electrónicos fueron filtrados; se trata de ver cómo esa filtración llegó a los medios de comunicación y para eso hay que saber cuándo llegaron los emails a García Ortiz y qué hizo con ellos».
La orden de García Ortiz
El abogado de Manos Limpias califica los hechos como delictivos porque «el propio García Ortiz ha reconocido que ha hecho esa difusión de la información». En su opinión, se va a discutir sobre si estaba en los medios de comunicación antes de que la tuviera en su poder el fiscal general, pero «en cualquier caso, que él la haya difundido oficialmente supone una confirmación porque revela unos hechos que ha tenido conocimiento gracias a su cargo».
«A mí me parece gravísimo, más si cabe cuando la Fiscalía es la encargada de la defensa de la legalidad», insiste Soriano. García Ortiz ha decidido continuar en el cargo después de que el Supremo haya acordado abrir una causa por un delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal estimó la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dilucidar qué ocurrió con la nota informativa que emitió el Ministerio Púbico sobre la investigación de la pareja de Ayuso.
El pasado 14 de marzo la Fiscalía General del Estado emitió una nota que desvelaba los detalles sobre el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad. La instrucción estuvo precedida por horas de gran tensión. Las fuentes consultadas aseguran que el equipo de García Ortiz presionó para que se publicara el comunicado que ha conllevado su imputación, ya que consideraba necesario desmentir «un bulo».
El Mundo publicó la noche anterior que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso. Fue entonces cuando la cúpula fiscal recabó los correos que intercambiaron el fiscal del caso y el abogado del empresario para redactar un comunicado desmintiéndolo. Para conseguirlo, incluso obligaron al fiscal que tenía en su poder los emails a abandonar un partido de fútbol. La Cadena Ser informó poco después de que González Amador fue quien ofreció a la Fiscalía un pacto para evitar el juicio.
Ganar el relato
No obstante, el fiscal del caso comunicó al abogado del novio de la presidenta madrileña que no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo «si usted y su cliente lo estiman posible». Además, revelaba que para alcanzar dicho pacto era necesario que González Amador admitiera dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documentad a cambio de una multa y una pena de cárcel que no implicase su ingreso efectivo.
A primera hora del 14 de marzo, el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado envió un borrador de la nota al responsable de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, que se negó a enviarla al contener datos reservados del novio de Ayuso. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (…) Es imperativo sacarla. La actuación de los compañeros es impecable y hay que defenderla», escribió García Ortiz por WhatsApp a la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra.
La Fiscalía Superior de Madrid acabó distribuyendo la nota entre los medios de comunicación. El texto detallaba la cronología de las diligencias practicadas que, por su carácter, son confidenciales, y evidenció que fue el letrado de González Amador quien propuso el pacto a la Fiscalía. La imputación de García Ortiz ha generado una ola de indignación entre sus colegas. Dos de las tres asociaciones profesionales y el Consejo Fiscal han solicitado su dimisión al considerar que su continuidad erosiona la institución.
García Ortiz basa su continuidad en que es «lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo» y servirá para reforzar su independencia. El Gobierno ha cerrado filas para defenderle, ya que considera que la causa abierta por el Supremo tiene poco recorrido. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que el fiscal general «cumplió con su deber» de «perseguir el delito y proteger a la democracia», mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmó que «se defendió de una mentira de la señora Ayuso».
