El juez Pedraz tumba la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal
El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene en prisión a Aldama por el fraude de los hidrocarburos
Borja Sémper tras presentar la querella el pasado 14 de octubre. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
El juez Santiago Pedraz ha inadmitido la querella presentada por el PP contra el PSOE por financiación ilegal. El texto rechazado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también iba dirigido contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, a los que acusa de supuestos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias como miembros de una organización presuntamente dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. El magistrado también ha acordado mantener en prisión incondicional a Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz señala que, para admitir la querella, debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que se invoca tienen la virtualidad suficiente como para iniciar la investigación. Este diario avanzó la confesión de un socio de Aldama, que aseguró que llevaron 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. No obstante, el testigo protegido no realizó alusiones a la financiación ilegal de la formación.
El PP presentó hace una semana una querella por la presunta corrupción del PSOE. El texto se basó en informaciones publicadas por este periódico. Pedraz recuerda en el auto que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo.
Denuncia anónima contra el PSOE
La jurisprudencia, explica el instructor, requiere que esas informaciones estén sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada. Además, añade que la jurisprudencia indica que «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más».
Para Pedraz, falta ese «algo más» en la querella del PP, ya que de lo actuado hasta la fecha en la causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado. Según relató un socio de Aldama a este diario, días antes de que se decretase el segundo estado de alarma, en octubre de 2020, dos empresarios vinculados a la trama de hidrocarburos se personaron en la sede del PSOE en la calle de Ferraz.
Uno de ellos se quedó esperando en el coche mientras otro se identificó en la puerta del edificio. Le dijeron que le estaban esperando en la segunda planta. Con una bolsa en la mano, el empresario se dirigió al ascensor y marcó el número dos. Al llegar a la segunda planta, un espacio de poco tránsito en la sede socialista, fue recibido por un hombre de aproximadamente 45 años. «Hola, soy…», se presenta el visitante. La persona que le espera pregunta: «¿Viene de parte de Víctor de Aldama?». El empresario asiente: «Sí, vengo de parte de Víctor de Aldama». Sin mediar más palabras, le entregó una bolsa de cartón.
La trama Koldo no solo habría operado con mascarillas en la pandemia. Sus tentáculos abrieron horizontes comerciales más profundos en el sector de los hidrocarburos. Según los testimonios recabados por THE OBJECTIVE, y confirmados a continuación por sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama y Koldo García se valieron de Ábalos para obtener licencias de operadoras de hidrocarburos a través de sus contactos con los ministerios de Industria y Transición Energética.
Aldama en prisión
El magistrado, en cambio, advierte de que «aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como afirma el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al director del gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 2 y contradice también a dichos denunciantes».
Pedraz considera que, ante ese escenario, procede inadmitir la querella sin perjuicio de lo que depare el transcurso de la instrucción. En el mismo auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previo pago de una fianza de 10.000 euros.
En otra resolución, el magistrado mantiene en prisión sin fianza a Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia. El empresario y otras 13 personas fueron arrestadas el pasado 7 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de hidrocarburos. La Fiscalía advierte en su querella de la «elevada complejidad» de la trama, capaz de obtener beneficios millonarios en periodos de tiempo muy cortos. Ese escenario le habría abierto la puerta a ocupar posiciones «en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios».
En el auto, que rechaza el recurso de reforma de Aldama, Pedraz recuerda que se han acordado múltiples diligencias que aún están pendientes y que queda por analizar todo lo hallado en los registros. Añade que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, unas medidas «que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad».
