Una madre secuestradora afronta su tercera condena tras 9 años sin entregar el hijo al padre
Laura Molinilla, en situación de tercer grado, continúa sin cumplir lo que ordena una sentencia en firme
Laura Molinilla junto a su hijo, que el pasado mes de mayo cumplió los 16 años.
Laura Molinilla afronta la que podría ser su tercera condena por sustracción de menores. La Audiencia Provincial de Palencia decretó el pasado 7 de octubre que se siguiera adelante con la tercera denuncia interpuesta por Francisca Javier Avellaneda a su exmujer. Avellaneda, que se cambió de sexo registral para intentar recuperar a su hijo, cumplirá el próximo mes de diciembre nueve años sin ver a su progenitor, que estaría en manos de su abuela materna.
La madre salió el pasado mes de febrero del Centro Penitenciario de Villanubla, en el que estuvo reclusa durante 15 meses, en situación de tercer grado. Duerme en un Centro de Inserción Social, salvo los fines de semana que lo hace en casa. Ahora se enfrenta a una tercera condena y podría volver a ingresar. Su expareja anuncia que no descansará hasta que se haga justicia y se cumpla la sentencia firme que data del 16 de noviembre de 2022, y que obliga a la madre a entregar «de forma inmediata la custodia del menor al padre, con apercibimiento de que, caso de no cumplirlo, podría incurrir en delito de desobediencia».
Por este incumplimiento, la Audiencia Provincial de Palencia ha estimado el recurso de Avellaneda contra el sobreseimiento de su tercera denuncia, decretado por el Juzgado de Instrucción nº5, por cuanto «hay hechos, dentro de los denunciados, que no han sido juzgados ni sentenciados, puesto que se han producido con posterioridad a las sentencias tanto del juzgado de lo Penal como de esta sala, consistentes en que la hoy denunciada no procedió a la entrega a su padre del hijo menor cuando correspondía, pudiendo constituir prima facie delitos de sustracción de menores». Así reza el auto al que ha accedido THE OBJECTIVE.
«Se pidió sobreseimiento, pero la Audiencia Provincial ha pedido investigar porque los actos son posteriores a las dos condenas», resume Avellaneda a este medio. «Es una muy buena noticia para mi mujer, para mí, y para el resto de padres y personas en estas circunstancias, pero sobre todo para los niños: que sepan que sus padres están luchando para que las madres secuestradoras cumplan su responsabilidad penal», zanja el padre biológico del hijo secuestrado.
Los secuestros parentales son uno de los delitos que más han aumentado en los últimos años: en 2023 alrededor de 500 niños fueron secuestrados por sus progenitores. Esta realidad es sistemáticamente ocultada por el Gobierno, y apenas tiene recorrido mediático. El 73,8% de secuestros parentales son cometidos por la madre, según el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Desde la Asociación de Niños sin Derechos (NISDE) apuntan como una de las causas del auge de este delito que en los últimos años se haya decidido «indultar a madres secuestradoras», que es lo que hizo durante la pasada legislatura la exministra de Igualdad, Irene Montero, con mujeres como Juana Rivas y María Sevilla. En 2022, familiares de Laura Molinilla abrieron una petición en Change.org para pedir al Ejecutivo su indulto, y reunieron 39.000 firmas, pero fue en balde.
La actual novia de Javier, Nuria, cree que se está lanzando un mensaje peligroso a la sociedad y pide a las madres «que no les quiten el amor del padre»: «Les están creando un trauma haciéndoles creer que el padre es malo y no les quiere. Eso a ningún niño le conviene, es un daño gratuito que hace una mujer porque se le antoja vengarse de su ex a través del niño». La pareja anuncia que van a pedir que se indemnice al niño porque «necesitará psicólogos» en un futuro.
Ahora la pareja -Javier y Nuria- va a solicitar que la madre «reingrese en prisión debido a que tiene causas penales abiertas, realizadas después de las condenas anteriores y de la misma índole». Se congratulan de haber «creado jurisprudencia» porque «hemos logrado que una madre secuestradora entre en prisión».
Un largo calvario
El origen del secuestro se remonta a diciembre de 2015. Desde entonces, las grandes preocupaciones de Avellaneda han sido dos: la lentitud de la Justicia y el consecuente desapego del menor, que, según denuncia en conversación con THE OBJECTIVE, «vive en un mundo imaginario». Esto es, que tiene un claro caso de «distorsión de la realidad» tras vivir durante años «manipulado» por la madre y su entorno.
No en vano la primera orden de entrega inmediata del menor es de 2017 y por aquel entonces, la jueza que llevaba el caso tenía sobre la mesa un informe de Servicios Sociales de 2016 en el que, tras entrevistar al niño, la perito se inclinaba ya no por la custodia compartida, sino porque Javier ostentase la custodia en exclusiva. El 16 de noviembre de 2022, una sentencia en firme obligaba a la madre a entregar «de forma inmediata la custodia del menor al padre, con apercibimiento de que, caso de no cumplirlo, podría incurrir en delito de desobediencia».
Su hijo no le fue entregado porque, días antes de que el auto adquiriese firmeza, un juzgado de Palencia accedió a concederle la custodia de manera cautelar a la abuela, apelando al «evidente distanciamiento afectivo» que había entre padre —ahora madre no gestante— e hijo después de casi siete años —hoy ya casi nueve— sin verse. Sin embargo, Avellaneda recurrió esta decisión. La última vez que Javier vio a su hijo fue el pasado mes de enero, escoltado por amigos y familiares de la madre biológica, que hoy en día sigue viendo a su hijo pese a estar en tercer grado.
