El Gobierno oculta el expediente del fiscal europeo que supervisa el 'caso Koldo'
El Senado reclamó hace siete meses los documentos que sirvieron para elegir a Ignacio de Lucas, afín al PSOE
Ignacio de Lucas, en el centro con gafas, tras ser elegido 'número dos' de la Fiscalía Antidroga. | Fiscalía General del Estado
El Gobierno oculta el expediente que sirvió para nombrar como fiscal europeo a Ignacio de Lucas. La comisión de investigación del Senado sobre los contratos realizados durante la pandemia solicitó la documentación hace siete meses, pero aún no los ha recibido, confirman a THE OBJECTIVE fuentes de la Cámara Alta. De Lucas, hermano de un antiguo senador valenciano del PSOE y considerado cercano al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue nombrado para el cargo en julio del año pasado. Entre sus tareas se encuentra supervisar el caso Koldo. Ocho meses después de abrirse diligencias, la investigación continúa varada.
El PP puso en la diana al encargado de supervisar el posible uso indebido de fondos comunitarios en la compra de mascarillas realizada por Baleares y Canarias, dos piezas separadas del caso Koldo. A iniciativa de los populares, con mayoría absoluta en el Senado, la comisión de investigación solicitó al Gobierno «el expediente completo» del nombramiento de Ignacio de Lucas en julio del año pasado, apenas cuatro días antes de las últimas elecciones generales.
La comisión de investigación del caso Koldo aprobó en abril solicitar al Ministerio de Justicia que aportara al Senado «el expediente completo en virtud del cual se nomina/propone a Ignacio de Lucas» para representar a España en el Colegio de Fiscales Europeos. La petición especificaba que se incluyera «con detalle» los méritos del aspirante, sus calificaciones y las del resto de candidatos. Sin embargo, el Gobierno de momento hace oídos sordos.
Elegido por el Gobierno
De Lucas fue ascendido a número dos de la Fiscalía Antidroga por Dolores Delgado en marzo de 2022, pese a ocupar por escalafón la undécima peor posición entre 13 candidatos. Las fuentes comunitarias revelan que fue el aspirante que obtuvo mayor puntuación entre todos los candidatos que presentó nuestro país para ocupar la plaza en el Colegio de Fiscales Europeos, motivo por el que fue elegido. No obstante, sus vínculos con el PSOE levantaron suspicacias.
El 19 de junio de 2023, cuatro días antes de las elecciones generales que permitieron a Pedro Sánchez mantenerse en Moncloa a cambio de aprobar la ley de amnistía exigida por Carles Puigdemont, el Consejo de Europa anunciaba el nombramiento de Ignacio de Lucas y del portugués José António Lopes Ranito para ocupar dos plazas que estaban vacantes en el Colegio de Fiscales Europeos y que habían sido asignadas por sorteo meses antes a España y Portugal.
La jugada hizo dudar al PP y a otros partidos de la oposición de la imparcialidad e idoneidad del fiscal que se encarga de supervisar, desde Luxemburgo, el caso Koldo y la rama del caso Begoña Gómez que afecta a los contratos que adjudicó Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés tras las cartas de recomendación firmadas por la esposa de presidente del Gobierno. De ahí que el Senado decidiera poner el foco en los ascensos de De Lucas. Los populares reclamaron información tanto del nombramiento realizado a instancias de Delgado, predecesora de García Ortiz, como de la plaza europea.
La Fiscalía Europea se creó en 2017 para combatir los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, aunque no comenzó a funcionar hasta dos años más tarde. El sistema es complejo, ya que cuenta con una estructura a dos niveles. En el primero se encuentra la fiscal general, la rumana Laura Codruța Kövesi, y 22 fiscales europeos, uno por cada Estado participante.
Depurar responsabilidades
El representante de España es De Lucas desde el verano pasado, cuando sustituyó a Concha Sabadell, primera fiscal europea de nuestro país. El segundo nivel está compuesto por una red de fiscales europeos delegados en cada país, que son quienes realmente instruyen. Las fiscales delegadas en el caso Koldo son Olga Muñoz y Laura Pellón, que trabajan bajo la supervisión de De Lucas.
La institución comunitaria, que asumió en marzo la investigación de las piezas de Baleares y Canarias del caso Koldo, es la única al margen del Tribunal Supremo con competencias para investigar a los políticos aforados. Sin embargo, como ha avanzado este diario, el órgano está dejando morir la causa abierta hace ocho meses para depurar responsabilidades. Fuentes judiciales confirman que, hasta la fecha, no se han acordado actuaciones como registros, entradas en domicilios, escuchas telefónicas ni interceptaciones de comunicaciones, esenciales para avanzar con las pesquisas.
El retraso en las actuaciones del órgano europeo contrasta con el avance del caso Koldo en la Audiencia Nacional, donde se investiga gran parte de los contratos implicados en la trama. El juez instructor, Ismael Moreno, decidió no entregar la totalidad de la causa a la Fiscalía Europea al considerar que la competencia recae en España. Tal y como avanzó este diario, fiscales y juristas temían que la institución comunitaria se hiciera cargo del procedimiento para «cerrarlo en falso» por la afinidad de De Lucas con el PSOE.
A iniciativa de ese partido, De Lucas fue liberado en abril de tener que comparecer en las comisiones de investigación del Congreso, tal y como había pactado con ERC y Junts. Los socialistas cambiaron de parecer tras las quejas del fiscal general y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ese movimiento también liberó a otros comparecientes, entre los que se encontraban Laura Codruta Kövesi, jefa de la Fiscalía Europea, y Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción.
