García Ortiz instó a su subordinada a imputarle otro delito al novio de Ayuso: «¿Y la falsedad?»
La UCO ve una «participación preeminente» del fiscal general en la filtración contra Alberto González Amador
Álvaro García Ortiz. | Carlos Castro / Europa Press
El caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha destapado una presunta trama en la Fiscalía General del Estado, que operó frenéticamente del 8 al 14 de marzo para filtrar a la prensa información confidencial de un particular, la pareja de la política del PP, y perjudicar así a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas semanas antes, en febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detenido al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y a varios empresarios –entre ellos el comisionista Víctor de Aldama– a raíz de una denuncia interpuesta por los populares de Madrid en la Fiscalía Anticorrupción por presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
El Gobierno socialista «puso en marcha su maquinaria» para contrarrestar el caso Koldo, en el que estaba implicado buena parte del Ejecutivo de manera directa o indirecta. Para ello, pretendió «montar el caso del novio de Ayuso con la ayuda imprescindible de la Fiscalía General del Estado», explican fuentes personadas en la causa a THE OBJECTIVE. Y es que el informe de los investigadores es claro: la filtración sobre los datos confidencias de González Amador solo pudo venir del Ministerio Público, dado que el abogado del investigado no disponía de dicha información cuando fue publicada en los medios de comunicación.
Tras analizar las comunicaciones, los agentes de la UCO concluyen que el caso del novio de Ayuso llegó a la Fiscalía General del Estado el 7 de marzo. Cuatro días después de que la FGE recibiese la información completa, la información es publicada en el diario de Ignacio Escolar el 12 de marzo a las 6.01 horas. El abogado del novio de Ayuso no tenía acceso a esa información, ya publicada en Eldiario, dado que el fiscal se la envía por correo el 12 de marzo a las 09.23 horas, por lo que la misma solo la tenía la Fiscalía. Por ello, los investigadores confirman que la filtración solo pudo provenir del Ministerio Público.
El fiscal general instó a imputar falsedad
La Guardia Civil también recoge un whatsapp de García Ortiz a la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, en el que el fiscal general propone –en una causa de un particular de la que él nunca hubiese tenido conocimiento si González Amador no fuese novio de Ayuso– que también se le impute el delito de falsedad documental. Un delito por el que, finalmente, está siendo investigado la pareja de Ayuso, junto al de dos delitos fiscales.
El 13 de marzo por la noche, después de que la investigación sobre el novio de Ayuso hubiese sido publicada en la prensa, el fiscal general reclama todos los emails intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el letrado de González Amador en relación con un pacto para que el investigado se declarase culpable y evitar el juicio. Tras una serie de gestiones, la fiscal jefe Provincial, Pilar Rodríguez, le remite la documentación solicitada a García Ortiz y, una hora después de recibirla el fiscal general, los emails aparecen publicados en la Cadena Ser.
Seguidamente, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, reenvía al fiscal general, a las 23.58 horas del 13 marzo, un mensaje de la fiscal decana, Virna Alonso, aclarando el acuerdo al que se iba a llegar con el letrado de Alberto González Amador. «Es decir, ya está presentada la denuncia; vayan pagando y reconociendo los hechos en el juzgado y después conformamos. El 305.6 te permite bajar dos grados la pena si paga y reconoce en los dos primeros meses. Lo hacemos siempre, al igual que la abogacía del Estado. Esa era la oferta. Reconoce y paga». Entonces, el fiscal general propone un nuevo delito: «¿Y la falsedad?», pregunta. Pilar Rodríguez contesta: «Como es denuncia directa, habría que recibir declaración a todo y, dependiendo de cada caso, se acusa o no a los factureros, dependiendo de la prueba».
El informe de la Guardia Civil pone a Álvaro García Ortiz contra las cuerdas. La Unidad Central Operativa (UCO) aprecia la «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El documento, de 57 páginas, ha sido incorporado a la causa del Tribunal Supremo en la que ya está imputado el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos.
