Pedraz rechaza liberar al socio de Aldama investigado por el fraude de los hidrocarburos
El juez se basa en el informe del fiscal, que considera que Rivas «persiste en negar los hechos investigados»
El empresario Víctor de Aldama, investigado por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. | Ilustración de Alejandra Svriz
Claudio Rivas continuará en prisión. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición de libertad del socio de Víctor de Aldama en la causa que sigue por un presunto fraude en los impuestos de hidrocarburos. El empresario está investigado por delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El comisionista de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión, en cambio, salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado jueves, horas después de declarar de forma voluntaria ante el magistrado que instruye el caso Koldo.
La decisión del juez se basa en el informe del fiscal, que se opone a la libertad. A diferencia de Aldama, para el que solicitó la excarcelación, el representante del Ministerio Público entiende que el comisionista de la trama Koldo ha comparecido voluntariamente y aportó datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, Rivas persiste en su actitud de negar cualquier vinculación con los hechos investigados cuando existen indicios que corroboran tanto su participación como su papel director.
En el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz explica que procede mantener la prisión provisional por las mismas razones que justificaron su ingreso en la cárcel el pasado 10 de octubre, ya que no han variado las circunstancias que aconsejaron esta medida, «solo el paso del tiempo». El juez recuerda que, en el caso de Aldama, se ha acordado la libertad porque así lo solicitó el fiscal, ya que al no existir ninguna otra acusación por estar la causa bajo secreto «procedía de inmediato la modificación de la situación personal».
La declaración de Aldama
Pedraz dejó en libertad el pasado jueves a Aldama, después de que la Fiscalía Anticorrupción avalase su salida de prisión al dar veracidad a su declaración. El magistrado impuso una serie de medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales ante el juzgado, la prohibición de salida de territorio nacional sin autorización y la fijación de domicilio. La decisión se tomó después de su comparecencia ante el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo.
La investigación de estos casos se sigue en juzgados distintos, pero el fiscal de ambos es el mismo, Luis Pastor. Los investigadores consideran que Aldama es el nexo de unión entre las distintas tramas. El comisionista fue detenido el 7 de octubre como responsable de una organización criminal que habría defraudado 182 millones de euros con el IVA del sector de los hidrocarburos. Hasta el momento se han constatado transferencias al exterior de casi 74 millones de euros, principalmente a Portugal, Colombia y China, por lo que el magistrado decretó prisión provisional ante el riesgo de fuga.
El pasado jueves, Aldama tiró de la manta ante el juez durante casi dos horas. El comisionista de la trama sacó parte de su artillería y apuntó directamente al Gobierno. Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Fernando Grande-Marlaska fueron algunos de los nombres que citó. El PSOE salió en tromba para restar credibilidad a sus declaraciones, que consideran parte de su estrategia de defensa. Lo cierto es que su declaración voluntaria habría podido allanar un pacto con la Fiscalía. Los socialistas anunciaron una querella contra el empresario. De momento ya han presentado la demanda de conciliación.
Aldama aseguró que la imagen que ha aparecido en los medios con Sánchez no fue fortuita. El comisionista de la trama Koldo también explicó que había entregado un sobre con 400.000 euros en efectivo a Ábalos en concepto de comisiones y otros 250.000 euros a Koldo García. De la cantidad que entrego al asesor del exministro, especificó que 15.000 euros habrían ido a parar a Cerdán, secretario de Organización del PSOE, a quien vieron en un bar frente a la sede de la calle Ferraz.
Otros 25.000 euros habrían ido a parar a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de Montero. El comisionista afirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000 euros cuando era presidente de Canarias, aunque nunca recibió el dinero. El Gobierno regional adjudicó a las empresas de la trama contratos por valor de 9,8 millones de euros en 2020. También citó reuniones con Begoña Gómez y la ministra Teresa Ribera en un proyecto para la España vacía. Sin embargo, Aldama no aportó detalles sobre el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.
