Los afectados por el pufo de las renovables en EEUU identifican activos españoles a embargar
Los tribunales estadounidenses confirman una deuda de 368 millones de tres compañías con laudos favorables
Pedro Sánchez, aerogeneradores eléctricos y la localización del Instituto Cervantes en Nueva York. | Ilustración de Alejandra Svriz
Las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables comienzan a echar cuentas. Las compañías han localizado activos españoles en Estados Unidos por valor de 5.000 millones de euros con los que nuestro país podría hacer frente a las deudas reconocidas por los laudos. En la lista existen inmuebles de entes públicos como el Instituto Cervantes, obras de arte, cuentas corrientes y otros productos financieros, ya que la normativa impide embargar aquellos edificios que albergan embajadas y consulados.
Las compañías disponen de un listado con potenciales bienes embargables, aunque han declinado facilitarlo a THE OBJECTIVE. Lo enviarán a los jueces para intentar cobrar sus deudas con esos activos. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia abrió la puerta a confiscarlos tras rechazar un recurso con el que España trataba de para evitar el pago de los 368 millones de euros que suman los tres procedimientos abiertos en Estados Unidos por la retirada de ayudas a las energías renovables en 2013, solo seis años después de que José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un ambicioso plan de apoyo.
Cuando Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva, las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas. Llevaron sus quejas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Este tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial ha dado la razón a los demandantes en 26 de los 52 casos. Las indemnizaciones reconocidas superan los 1.800 millones de euros. Sin embargo, las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro.
La batalla de las renovables
España se niega a pagar cualquier compensación a pesar de estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Considera que los laudos son contrarios al Derecho comunitario. Una decisión que ampara la Comisión Europea, que considera ilegales los arbitrajes cuando la discrepancia se da entre dos países miembros. En ese caso aboga por resolver las cuitas en tribunales de la UE. El Ejecutivo comunitario solicitó este mismo verano que la UE abandonara el Tratado de la Carta de la Energía (CTE).
Muchas de las empresas que sufrieron la retirada de ayudas a las renovables optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios para contrarrestar los impagos. La pelota ahora está en el tejado de Estados Unidos, que ha reconocido la legitimidad de tres procesos que suman 368 millones de euros entre compensación, intereses de demora y honorarios profesionales.
Los tribunales estadounidenses siguen tres procesos contra España por la retirada de ayudas a las renovables. El primer caso es el de NextEra, firma norteamericana a la que el Ciadi reconoció una compensación de 290 millones de euros. A esa cifra hay que añadir otros cinco millones por los intereses de demora. El segundo asunto implica a 9REN, al que se debe compensar con 40 millones más 3,5 por intereses. El tercero atañe a la japonesa JGC, a la que se adeudan 23,5 millones y otros 5,5 por la demora.
España ha intentado sin éxito evitar que Estados Unidos reconozca los laudos de organismo vinculado al Banco Mundial. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el 2 de diciembre por unanimidad el recurso de la Abogacía del Estado para evitar el pago de 368 millones que debe nuestro país a las tres empresas afectadas por la retirada de ayudas a las energías renovables que llevaron el caso al país norteamericano.
Embargos en Reino Unido
«Al considerar la petición de nueva audiencia en pleno presentada por el Reino de España, las respuestas a la misma, el escrito de amicus curiae de la Comisión Europea en apoyo de la petición de nueva audiencia en pleno, y la ausencia de solicitud de cualquier miembro del tribunal para votación, se ordena denegar la petición», reza la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.
Era la última bala que le quedaba al Gobierno para evitar que las compañías puedan articular otros mecanismos legales, como cobrar la deuda a través de los activos españoles localizados en el país norteamericano. Un paso que ya han permitido los tribunales de Reino Unido, Australia y Bélgica. Los británicos fueron los primeros cuando dieron luz verde en abril al embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas o una cuenta bancaria, entre otros bienes.
Le siguió Australia, que unos días más tarde reconoció el laudo a favor de Antin Infrastructure Services, al que España adeuda 101 millones más los intereses devengados. Sus tribunales, que ya etiquetan a nuestro país como «un deudor recalcitrante», llevan meses analizando la posibilidad de ejecutar los embargos, que podían afectar a la filial de Navantia y a la sede del Instituto Cervantes. El Gobierno tendrá que depositar una garantía de más de 50.000 euros si quiere seguir litigando.
Este mismo verano, la organización que se encarga de gestionar el tráfico aéreo en Europa, Eurocontrol, congeló 83,7 millones que debía abonar a España. La justicia belga ordenó a mediados de junio embargar los pagos si España seguía sin hacer frente a los laudos de las renovables. La mayor parte de la cantidad bloqueada, casi 80 millones, corresponde a pagos pendientes a la principal accionista de Aena, aunque también se confiscaron otros 3,7 millones destinados al Ejército del Aire.
Hace un año, Blasket Renewable presentó un aviso de incumplimiento técnico contra España alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas. Un informe del fondo de inversión estadounidense sostiene que la declaración de default tuvo el año pasado un impacto demoledor para la economía española. Cifró en casi 5.000 millones de euros en el encarecimiento del coste de la deuda pública. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones. Eso, sin contar con el daño reputacional.
