Begoña Gómez descarga responsabilidades en la Complutense por el caso del 'software'
La esposa del presidente cambia su estrategia de defensa y responde a las preguntas de su abogado
Begoña Gómez durante su declaración en la Asamblea de Madrid.
A la tercera va la vencida. Begoña Gómez ha cambiado este miércoles su estrategia de defensa, aunque solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho. En las dos ocasiones anteriores se acogió a su derecho a no declarar. El juez Juan Carlos Peinado la investiga por cuatro delitos. Los dos últimos, los de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el software que desarrollaron Indra, Google y Telefónica para el máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La esposa del presidente del Gobierno ha asegurado que hizo lo que le recomendó la institución académica y que no hubo afán de lucro.
Begoña Gómez accedió a los juzgados de la Plaza de Castilla a las 9.40 horas, 20 minutos antes de la cita. Lo hizo en coche oficial a través del garaje, la misma fórmula que empleó en las dos ocasiones anteriores, autorizada por la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco. Un fuerte dispositivo policial, aunque menor que en las otras ocasiones, ha impedido a los ciudadanos que protestaban en las inmediaciones acercarse a la sede judicial.
Durante la declaración, que se ha durado 35 minutos, ha explicado que el término de Transformación Social Competitiva (TSC) lo creó ella. También diseñó los contenidos y los puso al servicio de la Complutense. Begoña Gómez ha insistido en que la universidad era consciente de esa circunstancia y que acordaron usarlo solo en el ámbito académico.
Las cartas de Begoña Gómez
La esposa del presidente ha especificado que cobraba 15.000 euros al año por su trabajo en la Complutense. Su abogado indica que eso demuestra «que no pretendía lucrarse» con lo que estaba haciendo. Las acusaciones populares han reprochado a Begoña Gómez que no haya respondido al resto de las partes. «No ha entrado en el fondo de la cuestión. Si no hubiese nada que esconder lo hubiese hecho», ha señalado Javier María Pérez Roldán, letrado de Hazte Oír.
«Es importante que declare, pero no se han dilucidado los aspectos de la investigación. Lo único que ha hecho es descargar en la universidad cualquier responsabilidad», ha insistido el abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo. La misma opinión que ha expresado la vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, para quien Begoña Gómez no ha aclarado «nada» sobre las visitas del rector de la Complutense a Moncloa. Camacho sostiene que se produjeron ahí «por razones de seguridad».
Begoña Gómez también se ha referido a las cartas de recomendación que incluyó el empresario Juan Carlos Barrabés en las licitaciones del ente público Red.es, por las que recibió contratos por 10,6 millones de euros. La esposa del presidente del Gobierno ha indicado que eran «cartas modelo» cuyo objetivo era apoyar proyectos de innovación, no a empresas concretas y que esas mismas misivas fueron incluidas en procesos vinculados al Ayuntamiento de Madrid, que gobierna el PP.
La compareciente ha asegurado que no tuvo conocimiento de la adjudicación hasta que se incoaron los expedientes, algo que no ha convencido a las acusaciones. Peinado comenzó a investigarla por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en abril, aunque dos meses después cedió a la Fiscalía Europea la parte relativa a Barrabés. El juez amplió la investigación el pasado 29 de octubre tras una querella de Hazte Oír por presunta apropiación indebida e intrusismo por el el software de la Complutense.
Las acusaciones también denuncian que Begoña Gómez registró a su nombre la herramienta y que firmó los pliegos para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para desarrollarlo. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ya defendió por escrito que su clienta firmó esos documentos «porque la Complutense así se lo indicó expresamente». La defensa también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad le especificaban «cómo debía registrar» el dominio.
Las revelaciones periodísticas llevaron a Hazte Oír a presentar una nueva querella contra la pareja de Pedro Sánchez tras difundirse que esta habría pedido a los directivos de Indra, Telefónica y Google que realizaran gratis un software para su máster. Los trabajos alcanzaron los 150.000 euros, pero ni Begoña Gómez ni la Complutense abonaron el coste. La esposa del presidente del Gobierno registró la aplicación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y comenzó a ofrecerla en la web de su empresa.
Posponen la declaración
La cátedra de Transformación Social Competitiva se creó en octubre de 2020 mediante un convenio entre la Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. El máster asociado arrancó el curso 2021-2022. Después de tres años ofertándolo, sus directores rehusaron en junio pedir su continuidad.
El acuerdo impedía la posibilidad de que Begoña Gómez pudiese dirigirlo. Para solucionarlo, la universidad utilizó una artimaña: designar un codirector, tarea que se encargó a José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencia Política. La Complutense liquidó el máster el pasado octubre y reclamó a la esposa del presidente del Gobierno que entregue el software que puso en marcha con recursos públicos y por el que está siendo investigada.
La declaración debió haberse producido hace un mes, pero la esposa del presidente pidió posponer la fecha porque le coincidía con un viaje oficial a Brasil para participar en la cumbre del G-20. Peinado aceptó retrasar la declaración a regañadientes. Las acusaciones populares solicitaron que retirara el pasaporte a Begoña Gómez, aunque el juez no lo consideró necesario.
Esta es la tercera vez que Begoña Gómez acude a los juzgados de Plaza de Castilla. En las dos ocasiones anteriores, el 5 y el 19 de julio, la esposa del presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar. En la primera cita alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. En la segunda ocasión fue Camacho quien le recomendó no declarar porque faltaba una parte de la querella.
