Un centenar de saharauis lucha por recuperar la nacionalidad: «España nos abandonó»
Sus abogados consideran que se vulneran los derechos fundamentales y están dispuestos a llegar al Constitucional
Un grupo de saharauis que lucha por recuperar la nacionalidad española en el despacho de Cremades & Calvo Sotelo. | Carmen Suárez
Fue la provincia número 53 desde 1958 hasta 1976. Los saharauis eran considerados españoles a todos los efectos. Disponían de documentos de identidad, estudiaban en colegios españoles, hablaban castellano y algunos servían como funcionarios del Estado. Incluso llegaron a tener representación en las Cortes franquistas. Todo aquello se deshizo en unos días como un azucarillo en un vaso de agua. El rey Hassan II de Marruecos aprovechó la debilidad española (el dictador Francisco Franco agonizaba) y lanzó a miles de civiles sobre el Sáhara Occidental para reclamar la soberanía de la región en la llamada Marcha Verde. Los acuerdos tripartitos de Madrid les arrebataron una nacionalidad que ahora pretenden recuperar.
«España nos abandonó», lamenta Boucharaya Bahi, presidente del Colectivo de saharauis nacidos bajo bandera y administración española. Un paraguas que reúne a un centenar de personas sin adscripción política ni vinculación al Frente Polisario y que batallan por recuperar la nacionalidad. El Tribunal Supremo negó esa posibilidad en 2020 a quienes habían nacido en el Sáhara Occidental antes de noviembre de 1975, pero ellos no tiran la toalla.
Bahi, de 55 años, era un niño cuando los españoles abandonaron su tierra, pero en su memoria permanecen intactos los recuerdos. «Me siento español. Mi padre era intérprete en el juzgado territorial y yo estudié en un colegio español. Son mis orígenes y están dentro de mí», explica durante una conversación con THE OBJECTIVE. E insiste: «Mis padres eran españoles, no súbditos. Todavía tenemos esperanzas, aunque hemos recibido muchos golpes».
El drama de los saharauis
Hace tres años, el colectivo emprendió una batalla para recuperar la nacionalidad, que el Estado niega a más de 74.000 saharauis. Cristina Camacho, que vivió durante años en el Sáhara con su familia y trabajó como administrativa en sus minas de fosfatos, les puso en contacto con el prestigioso bufete Cremades & Calvo Sotelo, que aceptó el caso porque se trataba de un asunto de derechos fundamentales. De hecho, sus clientes tuvieron que garantizar por escrito que no mantienen vínculos con ninguna iniciativa política. El despacho ha encargado la estrategia a Vicente Conde Martín de Hijas, antiguo magistrado del Supremo.
«El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. No se puede desposeer a nadie de su nacionalidad. Si España u otro país perdiera parte de su territorio, sus ciudadanos no perderían su pasaporte, que acompaña a la persona y es independiente del lugar donde residen», explica el abogado Javier Cremades. En su opinión, que los saharauis hayan perdido la nacionalidad española atenta contra la dignidad. Su despacho está decidido a agotar la vía jurídica y llegar hasta el Tribunal Constitucional.
Hasta el momento se han interpuesto diversos procedimientos en juzgados de primera instancia y recursos en vía administrativa ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aunque sin demasiado éxito. Lo ha sufrido en sus propias carnes Mohamed Andaour, de 54 años, que vive en nuestro país desde hace siete años, aunque con un permiso de residencia que tiene que renovar de forma periódica. Ha solicitado la nacionalidad española que disfrutaban sus padres en varias ocasiones, pero se la deniegan. Por eso, en los últimos cinco años casi 6.000 saharauis han optado por acogerse al estatuto del apátrida.
La situación de Ali contrasta con la de los 72.033 sefardíes a los que España ha concedido la nacionalidad desde 2015. Gracias a una ley específica, los descendientes de los judíos expulsados de nuestro país por el Edicto de Granada en la época de los Reyes Católicos han podido recuperar su identidad. Lo mismo que cientos de miles de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, a los que la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, ha devuelto la nacionalidad a sus ancestros.
El giro de España
La vía política es otra posibilidad. Podemos registró una iniciativa en el Congreso en febrero del año pasado. La Cámara la tomó en consideración, pero no continuó su curso legislativo por el adelanto electoral. La propuesta contó con el voto en contra del PSOE, el partido del Gobierno que hace tres años abandonó la postura tradicional sobre el Sáhara para apoyar el plan de autonomía que planteó Marruecos en 2007 al considerarlo «la base más seria y realista» para lograr una solución a un conflicto enquistado desde hace medio siglo. A pesar de eso, España continúa siendo la potencia administradora, según la ONU.
Ese volantazo diplomático dificulta la tarea. Sumar recogió en noviembre del año pasado el relevo de Podemos y presentó una proposición de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española, esto es, antes del 26 de febrero de 1976, cuando se materializaron los acuerdos tripartitos de Madrid por los que Marruecos y Mauritania se repartieron el Sáhara. Un pacto que acabó con cientos de miles de refugiados en Tinduf (Argelia). Ahí siguen 50 años después, en casas de adobe y en condiciones muy adversas.
Los campamentos de Tinduf están divididos en cinco wilayas: Ausserd, Dajla, El Aaiún, Bojador y Smara. Todos ellos nombres simbólicos de ciudades de su patria, a la que esperan volver algún día. Quizás con la nacionalidad española bajo el brazo. Ese es el sueño de Fátima Hoummad, de 60 años. «Cuando se fueron los españoles tenía nueve años. Me causó un dolor muy grande porque dejé de ver a mis amigas Alicia, Concha y Pilar. Perdí el contacto con ellas y me encantaría volver a verlas», lamenta.
«La madre de Alicia me enseñó a hacer tortilla de patatas. Con ellas aprendí las primeras palabras en castellano. Forman parte de mi vida. Soy española y solo busco justicia», subraya Hoummad, que ya es abuela. Le apena que su hijo no tenga la nacionalidad española a pesar de haber nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1988. Tuvo que hacer las maletas para trabajar en Francia, donde reside con un permiso de trabajo.
Referéndum de autodeterminación
Una causa parecida a la que mueve a Aali Mohamed Bachir. Este funcionario de Correos nacido en El Aaiún hace 73 años disfrutó la nacionalidad española, pero la perdió. Consiguió recuperarla en 2019, después de vivir en nuestro país durante años con un permiso temporal. Conserva su antiguo DNI «para demostrar que siempre fui español», pero resalta que el nuevo tiene una numeración distinta. Tres de sus cuatro hijos poseen la nacionalidad y lucha porque el más pequeño también la obtenga y eso facilite sus encuentros: «Ahora soy yo el que tiene que visitarle porque no consigue visado».
El Sáhara Occidental fue colonia española entre 1884 y 1975. Su proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde y conforme a lo dispuesto en los acuerdos tripartitos de Madrid, que las organizaciones internacionales no admiten. Marruecos ocupa gran parte de su territorio, uno de los 17 no autónomos en el mundo que se encuentra bajo supervisión de la ONU, que sigue sin organizar el referéndum de autodeterminación al que se comprometió hace más de 30 años.
