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El Supremo decide si anula el nombramiento de García Ortiz en plena polémica por la filtración

El Alto tribunal tiene previsto resolver el recurso de APIF en la víspera de su declaración por el caso del novio de Ayuso

El Supremo decide si anula el nombramiento de García Ortiz en plena polémica por la filtración

El fiscal general revisa su teléfono durante un acto del Consejo de Estado. | Eduardo Parra (Europa Press)

El futuro del fiscal general se dirime en el Tribunal Supremo. La Sala tercera del Alto tribunal tiene previsto resolver el recurso contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz el próximo 28 de enero, la víspera de que declare como imputado en la causa por presunta revelación de secretos. Su designación como máximo exponente del Ministerio Público fue recurrida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hace un año al considerar que no reunía las cualidades necesarias para ser nombrado.

Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE explican que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo se reunirá el 28 de enero para deliberar y fallar el recurso de APIF. Si prospera, García Ortiz tendría que dejar el cargo, algo que ya le han pedido dos de las tres asociaciones profesionales tras ser imputado por la denuncia que interpuso el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de datos reservados.

APIF está personada como acusación popular en la causa que instruye el juez Ángel Hurtado, que acaba de citar a declarar a García Ortiz el 29 de enero. La Unión Progresistas de Fiscales (UPF) ha tildado a la asociación de formar parte de forma «entusiasta» de una «auténtica caza de brujas» contra el fiscal general. La organización que preside Miguel Pallarés asegura que se personaron ante la inacción de la Fiscalía en el caso.

El futuro de García Ortiz

La intención de la Sala tercera del Supremo pasar por resolver el mismo día 28, si bien está por ver si anticipan el fallo a la espera de la sentencia, explican fuentes jurídicas. En caso de que estimen el recurso, podría darse la situación de que García Ortiz acuda al día siguiente a declarar habiendo sido ya anulado su nombramiento como fiscal general.

La APIF interpuso hace un año un recurso contra la designación de García Ortiz como fiscal general al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley. En su opinión, el jefe del Ministerio Público «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias».

La asociación considera que García Ortiz «no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado» y reprocha diferentes actuaciones desde que fue elegido para el cargo en junio de 2022 (aunque lo que se pone en entredicho es su renovación por el Gobierno en diciembre del año siguiente). APIF menciona en el recurso la anulación de nombramientos de fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado, que fue ascendida al máximo escalafón de la carrera sin poseer los méritos suficientes.

El recurso hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Según APIF, si en García Ortiz hubiese concurrido tal requisito «decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento». Considera, por tanto, que el nombramiento «no es conforme a ley».

Recusación de los magistrados

Los fiscales críticos también inciden en que una vez que fue renovado por el Gobierno como fiscal general, decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.

Poco después de que APIF presentara el recurso, García Ortiz registró un incidente de recusación contra los cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes previamente habían dictado una sentencia que tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal togada del Alto tribunal. Los jueces rechazaron la petición del fiscal general, que habló de falta de imparcialidad, por ser «atípica». Entendían que el jefe del Ministerio Público solo buscaba eludir a este tribunal.

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