La UCO desmanteló la operadora del socio de Aldama justo tras la destitución de Ábalos

La Guardia Civil desmanteló la operadora de hidrocarburos Gaslow, germen de Villafuel, apenas diez días después del cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE subraya que ambos hechos supusieron un problema para la trama liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, que «habían proporcionado» a través de Have Got Time un chalet en la costa gaditana al exdirigente socialista por mediar a su favor. Los investigadores apuntan que su salida del Gobierno hizo que los empresarios cambiaran de estrategia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cesó a Ábalos el 10 de julio de 2021. El día 20 de ese mes, la UCO desarticuló Gaslow, el operador a través del cual Aldama y Rivas presuntamente habrían defraudado 231 millones de euros. La operación policial supuso un duro golpe en la línea de flotación de la trama, que se quedó sin empresa suministradora para su negocio de hidrocarburos. De ahí la necesidad de conseguir una licencia de operador mayorista.

El empresario Isidoro Gutiérrez (que fue director comercial del gigante petrolero Saras) creó Gaslow en 2013. Estuvo controlada por diversas personas en los años siguientes, hasta que en 2020 se hicieron con el poder Rivas y otros empresarios: Jesús de Gregorio, Emilio Carrillo y Manuel Sallés, todos ellos investigados por la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación señalan que a finales de ese año la organización «parece disgregarse», aunque el socio de Aldama sigue dominando la operadora.

Los contactos de Aldama

Tanto Rivas como Aldama comenzaron entonces a poner en pie una nueva estructura en torno a Gaslow disponiendo de Have Got Time como suministradora, y de Combustibles Lucinala y Villafuel como comercializadoras. El comisionista habría tirado de sus contactos políticos para conseguir que esta última lograra una licencia con «un claro propósito instrumental». La UCO revela que ambos empresarios no solo administraban las mercantiles: también las utilizaron para «la evolución societaria de la organización criminal».

La estrategia, diseñada por Rivas y en la que participó Aldama, según los investigadores, partió con la firma de un contrato con la operadora Gaslow el 21 de mayo de 2021. Have Got Time, administrada por Leonor González, hija de Carmen Pano (la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE por indicación del comisionista), comenzó a operar en el sector y a generar «miles de euros en fraude de IVA». Los investigadores elevan la cifra a 231 millones de euros.

El comisionista y su socio habrían usado estas empresas «para mantener la financiación de otras operativas criminales». Entre ellas, la que culminó con la adquisición de un chalé en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en San Roque (Cádiz), que posteriormente disfrutó Ábalos. La compra se realizó a través de Have Got Time, empresa administrada por Leonor González, hija de Pano.

Ábalos ha negado los hechos tanto públicamente como en sede judicial. El pasado 18 de diciembre, días después de declarar en el Tribunal Supremo a petición propia, aportó cuantiosa documentación al Alto tribunal. Destacan las facturas del chalé de La Alcaidesa, que afirmó haber alquilado. El ministro incluyó el contrato que suscribió el 1 de julio de 2021 con la propietaria de Have Got Time por el que se comprometía a abonar por adelantado dos meses de fianza (5.000 euros) y 2.500 de euros al mes por el arrendamiento.

El chalé de La Alcaidesa

El exdirigente socialista solo pagó una mensualidad, ya que decidió no seguir adelante con el alquiler porque sus condiciones personales cambiaron. Ábalos explicó en el Supremo que se separó de su esposa y dejó de ser ministro, circunstancias que le hicieron desistir del contrato. Sin embargo, Aldama explicó ante el juez que el chalé de La Alcaidesa, valorado en 665.000 euros, habría sido parte de las mordidas que habría recibido el exministro como contraprestación por sus servicios.

El exministro recibió en octubre de 2021 un burofax de Have Got Time en el que se le requerían los pagos de los meses de agosto, septiembre y octubre. La empresa vinculada a Aldama y Rivas le invitaba a ponerse al día con las rentas en el plazo de dos semanas o a abandonar el inmueble. Ábalos contestó el 1 de febrero siguiente para comunicar que «dadas las circunstancias sobrevenidas que me han impedido cumplir con las rentas de alquiler» se acogía a la resolución del contrato.

Villafuel solicitó sin éxito convertirse en operador mayorista de productos petrolíferos en enero de 2021. El Ministerio de Transición Ecológica le concedió la licencia el 15 de septiembre del año siguiente, cuando Ábalos había dejado ya el Gobierno. Para conseguirlo, la empresa tuvo que subsanar errores en varias ocasiones. Aunque el permiso lo otorgó el departamento que entonces encabezaba Teresa Ribera, contó con el visto bueno necesario de Industria.

La UCO ha constatado que los miembros de la trama se reunieron con altos cargos de ese ministerio, tal y como avanzó este diario. A instancia de Koldo García, los socios de Aldama se reunieron al menos en dos ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de Gabinete de Reyes Maroto, ministra de Industria. Los investigadores sospechan que pudo existir trato de favor, ya que los informes revelan graves irregularidades en la concesión de la licencia a Villafuel, que contaba con un capital social inferior a los 600.000 euros, muy lejos de los tres millones necesarios.

Imputados por Gaslow

Los análisis de la Guardia Civil han permitido detectar «transferencias de capital de procedencia delictiva canalizada a otros intereses criminales». De hecho, un análisis de las cuentas bancarias de Have Got Time permitió detectar los pagos con los que se habría adquirido la vivienda. La UCO apunta que, posteriormente, y tras la reactivación de las operaciones comerciales con Gaslow, se habrían transferido «millones de euros» a cuentas bancarias de Combustibles Lucinala y, posteriormente, a Villafuel.

Tras obtener la licencia de operador, los investigadores señalan que Villafuel mantuvo, de forma minoritaria, «la venta de hidrocarburos con impuestos devengados a través de almacenes fiscales propios». En sus informes, la UCO especifica que la trama dirigida por Aldama y Rivas bloqueó la operativa de Gaslow con Have Got Time, por lo que, sin capacidad para operar en el sector, la primera entró en concurso de acreedores.

Rivas y otros tres empresarios han sido citados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional. El socio de Aldama tendrá que acudir el próximo 26 de febrero para dar cuenta de su actuación en la empresa Gaslow en 2020 y 2021. Los investigadores han cuantificado los delitos fiscales cometidos en ese periodo en más de 136 millones de euros. Es solo uno de los tres casos que cercan a Rivas en la Audiencia, que investiga media docena de causas relacionadas con el fraude en el sector de los hidrocarburos.