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El Supremo avala el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado

La Sala de lo Contencioso anuncia el fallo del recurso de APIF un día antes de que declare como investigado

El Supremo avala el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz el pasado diciembre en un acto de homenaje a la Constitución en Toledo. | Juan Moreno (Europa Press)

El Tribunal Supremo da oxígeno a Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado este martes su nombramiento como fiscal general, rechazando así la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La organización que preside Miguel Pallarés interpuso un recurso al considerar que no cumplía los requisitos necesarios para el cargo. La decisión llega solo un día ante de que declare en el Alto tribunal como investigado por un delito de revelación de secretos, tras la querella interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

APIF registró el recurso hace un año alegando que su «parcialidad» en favor del Gobierno demuestra que su nombramiento no se ajustaba a la ley. El Consejo de Ministros le renovó como fiscal general hasta 2027 en el último Consejo de Ministros de 2023, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró «inidóneo» para el cargo. García Ortiz se convirtió en jefe del Ministerio Público en julio de 2022 después de que su predecesora, Dolores Delgado, dimitiera por razones de salud. En aquella primera designación pasó todos los filtros.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de APIF. La sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca que el recurso «ataca un acto discrecional» del Gobierno, que es quien tiene la potestad de elegir al fiscal general. Los magistrados insisten en que García Ortiz no ha incumplido sus funciones constitucionales, por lo que es apto para el cargo.

El dedazo de García Ortiz

La resolución señala que las causas que esgrimieron los querellantes «no tienen fuerza o intensidad suficiente como para integrar un incumplimiento grave o retirado de funciones» de García Ortiz. Esta decisión supone que acuda este miércoles a declarar como investigado por la filtración del novio de Ayuso en el Supremo, donde APIF ejerce la acusación popular.

El nombramiento del fiscal general ha sido avalado por Pablo Lucas, Luis Díez-Picaso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Pilar Teso y José Luis Requero (ponente). García Ortiz ya trató de apartar sin éxito a cuatro de los cinco magistrados al ser los mismos que participaron en la sentencia contra su dedazo a Dolores Delgado.

Los miembros de la Sala consideraron que la decisión de ascender a su antecesora incurrió en «una desviación de poder». Los magistrados defienden ahora que ese extremo no supone un motivo de inidoneidad para el cargo, especialmente después de que la Sala de lo Penal del Supremo archivara una querella por prevaricación del PP .

García Ortiz trató de apurar todas las opciones para evitar que se le despojara del cargo. El lunes pidió al Supremo que desestimara el recurso de la APIF al considerar que esta asociación solo intenta «socavar» al Gobierno y tener «publicidad». Así consta en el escrito de acusaciones presentado por su defensa. El documento, fechado el pasado 21 de noviembre, afea a la organización que intente «imputar al fiscal general actuaciones que no ha realizado nunca» y le acusa de basar su impugnación «en consideraciones de índole estrictamente subjetiva».

El novio de Ayuso

La asociación que preside Pallarés se opuso a la designación la García Ortiz como fiscal después de que el Supremo anulara el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal en detrimento de otros candidatos con más méritos. Los magistrados apreciaron en esa decisión «desviación de poder». Además, le acusan de «privar» al Consejo Fiscal de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.

García Ortiz volverá a verse las caras este miércoles con APIF, que está personada como acusación popular en la causa que le investiga por un delito de revelación de secretos. Debe declarar como investigado después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, se querellara contra él por una filtración con la que la Fiscalía pretendía contrarrestar una información que aseguraba que había sido el Ministerio Público quien le ofreció un acuerdo de conformidad.

El fiscal general solicitó sin éxito aplazar su declaración de este miércoles. García Ortiz pidió que antes se practicaran una serie de diligencias, entre ellas citar al querellante, a varios periodistas e intervenir el dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. No obstante, el juez que instruye el caso, Ángel Hurtado, rechazó el pasado lunes sus reclamaciones. El magistrado le afeó en el auto que reclamara que declarase González Amador, que considera «innecesario».

García Ortiz está investigado por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. La Fiscalía emitió el pasado marzo un comunicado que buscaba contrarrestar una información que aseguraba que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido un acuerdo a González Amador. En un correo electrónico anterior, el empresario se declaró autor de dos delitos fiscales y pedía un pacto de conformidad para evitar llegar a juicio. En su auto, Hurtado descarta que se trate de un «defraudador confeso» y lamenta «el daño reputacional» que le provocan los medios con esa calificación.

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