La deuda de España por las renovables alcanza los 1.900 millones tras una nueva sentencia
El tribunal de arbitraje obliga a indemnizar con 39 millones a la japonesa Mitsui por la retirada retroactiva de las primas
Parque eólico de Muras, en Lugo. | Carlos Castro (Europa Press)
Nuevo golpe judicial a España. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) le ha condenado a indemnizar a Mitsui con 39,2 millones de euros por la retirada de primas a las renovables. La empresa japonesa presentó una reclamación que ascendía a 199 millones. Con esta sentencia, la número 26, la deuda alcanza los 1.885 millones. El Gobierno se niega a compensar a las compañías alegando a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021. La confirmación de esta resolución llega apenas dos semanas después del apagón, en pleno debate por el uso de renovables.
El laudo, emitido el pasado 6 de marzo y confirmado hace unos días, reconoce la obligación de España de pagar 31,5 millones de euros en concepto de daños a Mitsui, más 5,5 millones en intereses de demora. También impone el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y otros 2,2 millones por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.
La información, facilitada en una respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado del PP Juan Diego Requena, confirma la indemnización para Mitsui por las pérdidas ocasionadas tras los cambios implementados en la legislación nacional. El origen se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
El debate de las renovables
La compañía japonesa, con una destacada presencia internacional en sectores como la energía, las infraestructuras o la industria, invirtió en proyectos de energías renovables en España que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas. Mitsui llevó el asunto al Ciadi, que ha dado la razón a los demandantes en 26 de los 52 casos. El tribunal de arbitraje obliga a España a pagar un total de 1.885 millones, desglosados de la siguiente manera: 1.510 millones en concepto de indemnizaciones, a los que hay que sumar 375 millones por las condenas en costas, honorarios de abogados e intereses de demora.
Tras la decisión de retirar las primas, los inversores acudieron al Ciadi reclamando pérdidas superiores a los 10.000 millones. Para no pagar, el Gobierno apela a una sentencia del TJUE que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho comunitario. La Comisión Europea ya anunció en julio del año pasado su intención de abandonar el TCE, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético.
Embargos en el extranjero
La posición del Gobierno ha llevado a muchas compañías a elevar las cuestiones a tribunales ordinarios, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios. Un paso que ya han permitido los tribunales de Reino Unido, Australia y Bélgica. Los británicos fueron los primeros dando luz verde en abril del año pasado al embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas o una cuenta bancaria, entre otros bienes. Y a eso hay que añadir el daño a la reputación del país.
Al Reino Unido le siguió Australia, que unos días más tarde reconoció el laudo a favor de Antin Infrastructure Services, al que España adeuda 101 millones más los intereses devengados. Los embargos podrían afectar a la filial de Navantia y a la sede del Instituto Cervantes. El verano pasado, la organización que se encarga de gestionar el tráfico aéreo en Europa, Eurocontrol, también congeló 83,7 millones que debía abonar a España por la deuda de las renovables.
Hace dos años, Blasket Renewable ya presentó un aviso de incumplimiento técnico contra España alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas con las empresas del sector de las renovables. Un informe del fondo de inversión estadounidense sostiene que la declaración de default tuvo un impacto demoledor para la economía española. Cifró en casi 5.000 millones de euros en el encarecimiento del coste de la deuda pública. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones.