La Audiencia Nacional seguirá investigando a la cúpula de ETA por el asesinato del juez Querol
Pedraz prorroga otros seis meses la instrucción al considerar que faltan ciertas diligencias para dirimir el crimen
El ex dirigente de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote'. | Europa Press
La Audiencia Nacional seguirá investigando el asesinato del juez José Francisco Querol. El titular del Juzgado Central número 5, Santiago Pedraz, ha acordado volver a prorrogar otros seis meses la instrucción al considerar que aún es necesario practicar ciertas diligencias para dirimir quiénes fueron los autores del crimen. Un informe de la Guardia Civil que avanzó este diario concluye que la cúpula de ETA decidió el ataque por unanimidad. Además, señala a nueve ex jefes de la banda terrorista como autores intelectuales de la muerte del magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en octubre de 2000 en Madrid. Se trata de uno de los 379 crímenes pendientes de resolver.
El artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece un periodo máximo de 12 meses para investigar desde que se incoa la causa. «Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses». Es precisamente la decisión que tomó Pedraz el pasado 14 de julio, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La querella que motivó la reapertura del caso fue interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia.
«En el presente caso, la causa está pendiente de diligencias tales como la de reconocimiento fotográfico previamente acordada, la incorporación de los audios debidamente tratados técnicamente y a efectos de seguridad de los testigos protegidos, las diligencias que pudieren derivar de estas, en su caso, así como los pertinentes procesamientos e indagatorias, diligencias todas ellas que precisan la prórroga de la investigación, pues no es posible realizar un acto de imputación formalizada como es el procesamiento y la posterior declaración indagatoria con diligencias caducadas», precisa el escrito.
Los jefes de ETA
Pedraz ya ha tomado diferentes declaraciones, entre ellas a la hija del magistrado asesinado, Amelia Querol, o a Ibon Echezarreta, el testigo que habría robado la troqueladora que sirvió para elaborar las matrículas utilizadas en el atentado. El juez de la Audiencia Nacional incluso ha emitido órdenes europeas de detención y entrega para solicitar a las autoridades francesas permisos para proceder contra diferentes etarras relacionados con el atentado que le costó la vida a Querol, a su conductor, su escolta y un conductor de autobús.
Querol fue asesinado el 30 de octubre de 2000 por ETA con un coche bomba. El juez murió en el acto junto a su chófer y su guardaespaldas. Uno de los 64 fallecidos, el conductor de un autobús, falleció días más tarde a causa de las heridas. El atentado fue el más mortífero de la banda terrorista desde que el comando Buruhauste rompió, en diciembre de 1999, la tregua que anunció en septiembre del año anterior.
El ataque tuvo lugar a las 9.15 horas de ese 30 de octubre, cuando el chófer del coche oficial, Armando Medina, y el escolta de la Policía Nacional Jesús Escudero llegaron a un bar de la avenida de Badajoz, donde desayunaron tras estacionar el vehículo en la puerta del establecimiento. A continuación, montaron en el vehículo y se dirigieron a la calle de Torrelaguna para recoger al juez Querol. Unos metros más adelante, estalló la bomba, instalada en plena esquina de ambas calles.
El coche donde viajaba el magistrado impactó contra un autobús, cuyo conductor, Jesús Sánchez, murió días más tarde. El vehículo en el que estaba la bomba había sido robado unos meses antes en Madrid y le habían sustituido las placas de la matrícula. El atentado fue reivindicado por un comunicante anónimo en nombre de ETA, según informó el diario Gara un año después, en su edición del 15 de noviembre de 2001. El ataque fue perpetrado por el llamado comando Buruhauste, en el que participaban de manera directa tres personas: Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios Alday.
Informe de la Guardia Civil
Un informe de la Guardia Civil fechado el 18 de noviembre de 2022 sostiene que los terroristas eran meros ejecutores, ya que dependían de una estructura superior. El documento que solicitó Pedraz a instancias de Dignidad y Justicia. El texto relata la identidad de los miembros de la dirección de ETA («Zuba») en octubre de 2000, el funcionamiento y modus operandi del «aparato logístico» y la composición y proceder que utilizaba el comando Buruhauste, cuyo integrantes asesinaron a Querol, a su chófer y a su escolta.
Como ya hiciera en otras causas abiertas también en la Audiencia Nacional (como la del atentado de Santa Pola en 2002 o el asesinato de Miguel Ángel Blanco), la Guardia Civil sostiene que la cúpula de ETA jugó un papel clave en el atentado que se investiga. Señala a los jefes del aparato político y militar por impartir las órdenes necesarias para facilitar los medios que empleó el comando Buruhauste, el mismo que rompió la tregua que la banda decretó entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999.
El instituto armado señala a nueve ex jefes de ETA como miembros de su «máximo órgano de dirección» en ese momento. Todos ellos habrían participado «en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista». El asesinato de Querol se enmarcaría en la nueva estrategia acordada en 1997 «de forma colegiada» por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
El informe, de 307 páginas, identifica a Ignacio Gracia, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jon; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoechea, Willy; Ramón Sagarzazu, Ramuntxo; María Soledad Iparraguire, Anboto; y Ainhoa Múgica, Olga como los miembros de la cúpula terrorista que dieron «las órdenes oportunas» para acabar con la vida del juez Querol y de otras dos personas.
La Guardia Civil se basa en distintos indicios que van desde el reconocimiento fotográfico y las declaraciones policiales realizados por otros militantes de ETA para identificar a sus otrora jefes hasta la documentación incautada en distintos operativos en España y Francia. Destaca una carta manuscrita por Iñaki de Rentería en 1993 para concretar «una cita orgánica» entre dos miembros de ETA. Firmada por Gorosti, otro de sus alias, indica el día y la hora de un encuentro en Toulouse detallando que la «contraseña» será llevar Le Monde Diplomatique y «un paquete de Marlboro».