EEUU abre la puerta a embargar otros 35 millones por la deuda de las renovables
El Tribunal de Columbia dicta una sentencia que obliga a indemnizar a un fondo de inversión por el ‘caso Infrared’
Parque eólico de Santanghu, al noroeste de China. | Hu Huhu (Xinhua News)
España sufre un nuevo varapalo internacional. El Tribunal de Distrito de Columbia ha dictado una sentencia que obliga a nuestro país a indemnizar con 35 millones de euros a Blasket Renewable Investment por el caso Infrared para paliar la retirada de ayudas a las energías renovables de forma retroactiva. En caso de incumplimiento, la justicia de Estados Unidos podrá embargar activos españoles por esa cantidad. Se trata del mismo tribunal que a mediados de agosto rechazó impedir la ejecución de dos sentencias arbitrales que alcanzan los 200 millones. Los fallos fueros avalados previamente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El juez John D. Bates rechaza los argumentos de España sobre la supuesta invalidez del arbitraje que le condenó por retirar de forma retroactiva los incentivos a las renovables. Según la resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la justicia de Estados Unidos debe otorgar «plena fe y crédito» al laudo emitido por el Ciadi con el que Infrared canalizó su denuncia. Para ello se apoyó en dos piezas clave del derecho internacional: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el convenio que regula la actividad y el funcionamiento del propio organismo, dependiente del Banco Mundial.
La denuncia de Infrared arranca en 2014 y se refiere a dos proyectos de inversión en renovables ubicados en Andalucía y Extremadura. Los cambios regulatorios y fiscales hicieron que el tribunal del Ciadi fallase contra España el 2 de agosto de 2019. Nuestro país reclamó una revisión del proceso, pero sufrió una nueva derrota en marzo de 2021. Lo mismo que ocurrió con la petición de anulación, rechazada en junio de 2022.
La deuda con las renovables
El laudo impone la obligación de abonar una compensación valorada en 28,2 millones. A esa cantidad hay que sumar los intereses de demora, que se cifran en casi 7 millones. La factura total del caso Infrared, por tanto, ronda los 35 millones. Las sentencias que ha emitido en el último la justicia estadounidense con el caso Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services (conocido también como caso Antin) suman una obligación de pago que supera los 360 millones. En caso de que no se abonen, España se enfrenta a embargos de sus bienes en el país norteamericano.
El origen de estos pleitos se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías afectadas acudieron al tribunal vinculado al Banco Mundial, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes.
El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo.
Ese escenario motivó que las renovables acudieran a tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. Una dirección que tomó recientemente Australia, que reclama que nuestro país abone 469 millones por un pleito. «La decisión lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando», explicaba a este diario un portavoz de las empresas afectadas.
Embargos en Reino Unido
Los damnificados esperan que la tendencia comience a cambiar y poder negociar la liquidación de las compensaciones reconocidas por el Ciadi. El Gobierno dio un giro a su estrategia en junio, cuando abonó por primera vez una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La agraciada fue JGC Holdings, que recibió 32 millones de euros. Las empresas afectadas advierten de que, si no se alcanzan acuerdos en esa línea, comenzarán a realizarse embargos cautelares o definitivos de bienes del Estado.
El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido. Entre los bienes embargados de manera cautelar, se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones. El Ciadi ha reconocido una deuda de 1.900 millones de euros, aunque las compañías afectadas reclamaban una cantidad cercana a los 10.000 millones.
Hace dos años, Blasket Renewable ya presentó un aviso de incumplimiento técnico contra España alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas con las empresas del sector de las renovables. Un informe del fondo de inversión estadounidense sostiene que la declaración de default tuvo un impacto demoledor para la economía española. Cifró en casi 5.000 millones de euros en el encarecimiento del coste de la deuda pública. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones.