El Gobierno lleva a Madrid a los tribunales por el registro de objetores frente al aborto
Sánchez asegura que «Madrid deriva el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas»
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, e Isabel Díaz Ayuso. | Marta Fernández (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.
Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: «Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales», ha escrito en X, según recoge EFE.
El presidente del Gobierno ha denunciado que la Comunidad de Madrid deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, algo que considera «un derecho esencial convertido en negocio». «No lo vamos a permitir», ha asegurado.
En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.
Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid. «Constatado su rechazo a hacerlo», el Gobierno ha iniciado este lunes acciones legales «para hacer que se respete la ley».
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (…) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99 % de las intervenciones», ha subrayado Moncloa.
El Ejecutivo ha insistido en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.
«El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública», ha advertido el Ejecutivo.