Las reticencias del PSOE con sus cuentas disparan las dudas sobre su financiación

Las reticencias del PSOE a entregar los pagos en metálico a la Audiencia Nacional han disparado las dudas sobre su financiación. Las acusaciones populares tachan de «maniobra para ganar tiempo» el recurso donde los socialistas solicitaban al juez Ismael Moreno aclarar la información que deben aportar. El magistrado reclamó la semana pasada los abonos en efectivo que realizó el partido entre 2017 y 2024 y este miércoles recordó a Ferraz que la solicitud afecta a todos sus cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios, no solo a los investigados José Luis Ábalos y Koldo García. Las acusaciones sostienen que la tesis de la financiación ilegal cobra verosimilitud.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha respondido al PSOE que reclama todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y el año pasado «teniendo en cuenta que, de la prueba testifical practicada por el Tribunal Supremo, no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico» de las que dispondría el partido en su sede de la madrileña calle de Ferraz.

«Se trata de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social pueden ser de una enorme gravedad y exigen su investigación a fin de determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico realizados», señala el auto, que tumba el intento de los socialistas para limitar el envío de información. Estos aluden a que la solicitud podría entenderse como «prospectiva» y recelan de entregar datos sensibles que podrían terminar «en los archivos de PP, Vox y Hazte Oír», algunas de las acusaciones personadas.

Pagos en efectivo del PSOE

El magistrado explica que las testificales del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de Celia Rodríguez, la empleada adscrita a Organización, no aclararon el origen de las cantidades en metálico de las que el partido dispondría en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de Ábalos, Koldo García y otros beneficiarios. Lo que sí queda claro para el juez es que «esta forma de pago no era infrecuente».

El PSOE ya informó al Supremo el pasado octubre que durante los años bajo sospecha retiró 940.388 euros de sus cuentas bancarias para destinarlos a pagos en metálico. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Ábalos y Koldo García recibieron alrededor de 32.000 euros en efectivo. Semanas más tarde, los socialistas admitieron que pagaron otros 127.000 euros con esa fórmula a los colaboradores del exministro en el área de Organización. Unas discrepancias que advirtieron los investigadores al no guardar correlación en los documentos entregados.

«Con las cantidades iniciales era muy difícil acreditar financiación ilegal, solo que existieron pagos irregulares. Los obstáculos que pone el PSOE nos llevan a pensar que existen sumas grandes. Y ese dinero tiene que venir de algún lugar», afirma Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, una de las acusaciones populares. En su opinión, si ese monto es «importante» no estaría avalado por la retirada de dinero que reconocieron los socialistas durante esos años.

Pérez-Roldán explica que el PSOE podría estar ganando tiempo y alude a presiones internas: «La información que envíen debe ir firmada por alguien y si no coincide puede incurrir en un delito. Algo tiene que haber. Es más sencillo dar la documentación y no más vueltas con las cuentas». El letrado de la asociación que preside Ignacio Arsuaga señala que una vez que los socialistas entreguen la información «se podría revelar la identidad de cargos renombrados que han cobrado en efectivo».

Sánchez también cobró

Uno de ellos podría ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado 31 de octubre reconoció que cobró dinero en efectivo del partido, aunque matizó que no eran sobresueldos: «El PSOE tiene una financiación absolutamente limpia». El líder de los socialistas aseguró en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que todos esos pagos eran cantidades inferiores a los mil euros, límite que establece la ley, pero esquivó dar el montante total que consideró «anecdótico».

«Están maquillando las cuentas. Si todo estuviese en orden, las habría entregado en 48 horas», sostiene Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, otra de las acusaciones populares. Fuentes jurídicas explican a THE OBJECTIVE que tanto el juez Moreno como el fiscal Luis Pastor eran reticentes a investigar la financiación del PSOE, pero que esas reservas desaparecieron tras una serie de indicios que les convenció de indagar en sus cuentas.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, otra de las acusaciones populares, subraya varios hitos determinantes, como la declaración en sede judicial de Carmen Pano, la empresaria que avanzó en este diario que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en dos entregas, cada una de 45.000 euros. «También ha sido importantes la patrimonial de Ábalos, que no coincide con la información que envió el partido, y las declaraciones del exgerente y la trabajadora Celia Rodríguez», recalca Pardo. Los abogados de Liberum, también personada en el caso, lo consideran una estrategia de los socialistas, que «no son transparentes, intentan ocultar algo».

Moreno acordó el pasado 6 de noviembre abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE tras recibir un auto del magistrado del Supremo Leopoldo Puente en relación a los reembolsos efectuados a Ábalos y Koldo García. El escrito advertía «incógnitas» en las liquidaciones de gastos de los socialistas, por lo que instaba a su colega a indagar. El juez de la Audiencia Nacional ya instruía una causa sobre una presunta organización criminal que habría cobrado comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

Un «botín» de cinco millones

Puente adjuntó la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre los pagos a Ábalos y Koldo García. Los agentes señalan la existencia de varias comunicaciones entre el asesor y su pareja, Patricia Úriz, sobre los abonos en efectivo entregados en Ferraz de los que «no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada». En la mayoría de ocasiones, era la mujer del asesor quien acudía a recoger el dinero a la sede socialista.

El magistrado del Supremo ya apuntó en julio a la supuesta financiación irregular del PSOE al considerar que «más personas físicas o jurídicas» se habrían lucrado con las comisiones ilegales por las que se investiga al ex secretario de Organización Santos Cerdán, a Ábalos y a su antiguo asesor. Puente aludía incluso a un «botín» de cinco millones de euros.