La Unión Progresista de Fiscales respalda una recogida de firmas para indultar a García Ortiz
La UPF ya afirmó que la condena del Supremo a dos años de inhabilitación supone un «giro constitucionalmente letal»
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció Álvaro García Ortiz, ha defendido «la inocencia» del que fuera fiscal general del Estado y ha respaldado la recogida de firmas que la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha iniciado para que sea indultado.
«La UPF defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros. Por eso respaldamos el llamamiento de AEDIDH al indulto. Gracias por dar este paso. Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa», ha publicado la asociación de fiscales en un mensaje en su cuenta de ‘X’, recogido por Europa Press.
Cabe recordar que la UPF ya afirmó que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz a dos años de inhabilitación –por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– supone un «giro constitucionalmente letal», porque «ya no se condena porque algo esté probado».
La AEDIDH defiende en esa recogida de firmas que España vive un «momento delicado para el Estado de derecho». «La reciente condena del fiscal general del Estado ha generado inquietud social, división institucional y dudas profundas sobre el respeto de derechos fundamentales, y por tanto, sobre la Justicia y equidad del resultado», sostiene.
En esta línea, asegura que el que fuera fiscal general «fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional». «No hablamos de corrupción, ni de beneficio personal, ni de uso indebido de fondos públicos. Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general», añade.
El indulto, «necesidad democrática»
A su juicio, hoy existen «dos hechos innegables y reconocidos por observadores jurídicos, organizaciones internacionales y buena parte de la ciudadanía». El primero, que «la propia sentencia refleja una profunda división interna» en tanto dos magistradas del Tribunal Supremo emitieron un voto particular defendiendo la absolución de García Ortiz.
«La lectura de la sentencia y de su voto particular permite afirmar la quiebra de ese derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», denuncia la AEDIDH.
Y es que, añade, «cuando el propio órgano sentenciador alberga dudas tan serias, la democracia debe escuchar». «Y debe hacerlo si se tiene en cuenta que ya el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de ajustes de la Justicia española, en relación al derecho a un proceso con garantías y al examen del derecho a la presunción de inocencia», apostilla.
En segundo lugar, la asociación afirma que el proceso contra García Ortiz «ha puesto en riesgo la confianza institucional». «La motivación del fallo se publicó semanas después de comunicar la condena, en un procedimiento sin posibilidad de recurso. Esto ha generado preocupación dentro y fuera de España sobre los estándares de garantía, la apariencia de imparcialidad y la seguridad jurídica que deben acompañar siempre a un juicio de esta trascendencia», concluye.
Es por todo ello que la AEDIDH pide al Gobierno de España el indulto para García Ortiz. «No es un privilegio. Es una necesidad democrática. Es un acto de respeto a las instituciones y de confianza en España», afirma.