Villarejo y la 'policía patriótica' se desmarcan de la guerra sucia a los Pujol con Rajoy

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros miembros de la llamada ‘policía patriótica’ se han desmarcado este martes de cualquier maniobra de guerra sucia contra los Pujol orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy, desde las supuestas coacciones a la banca andorrana hasta la filtración de sus cuentas.

Villarejo, el ex número dos de la Policía Nacional (DAO) Eugenio Pino -condenado por el ‘pendrive’ con información robada a los Pujol- y otros miembros de la ‘policía patriótica’ declaran este martes como testigos en el juicio contra el expresidente catalán y su familia a propuesta de la defensa, que pretende forzar la nulidad de la causa alegando que está contaminada por la guerra sucia de la Operación Cataluña contra el ‘procés’.

En un interrogatorio tenso y plagado de evasivas, los testigos, entre ellos el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, han coincidido en negar que participaran en una operación coordinada contra los Pujol y, en cualquier caso, han desvinculado al Gobierno de Mariano Rajoy de sus indagaciones, de las que afirman que no les informaron.

Evasivas sobre la Operación Cataluña

De hecho, Villarejo ha evitado ratificar su declaración del pasado mes de noviembre ante la Justicia andorrana, en la que implicó al Gobierno de Rajoy en la conocida como Operación Cataluña para frenar el ‘procés’ y en supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para que facilitaran información de los Pujol y otros políticos independentistas. 

El testimonio de los agentes fue admitido in extremis por el tribunal tras la insistencia de la defensa, que sitúa a la policía patriótica detrás de la filtración del pantallazo de movimientos de una cuenta de los Pujol en la BPA, publicado por El Mundo en 2014 y que propició días después la carta de confesión del expresidente catalán sobre la fortuna oculta.

De acuerdo con la tesis de la defensa, la policía patriótica logró ese «pantallazo» mediante coacciones a BPA, en una operación impulsada por el Gobierno de Rajoy que acabó provocando la intervención de la entidad en 2015, a raíz de un informe del Gobierno de Estados Unidos por indicios de blanqueo.

Los abogados pretenden ahondar también en la denuncia que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, presentó en 2012 contra él ante la Policía Nacional —lo que dio pie a la primera causa judicial contra la familia—, instigada por el entorno de Villarejo, según ella misma ha explicado.

El comisario jubilado, inmerso en múltiples causas judiciales por sus actividades parapoliciales, no ha arrojado luz alguna sobre las sospechas de las defensas y ha intentado reiteradamente acogerse al derecho a no declarar —lo que le ha valido varios encontronazos con el tribunal—, además de escudarse en su «neblina en la memoria».

Villarejo ha dicho que no recordaba si hubo contactos entre los Gobiernos de España y Andorra para presionar al BPA y ha negado que interviniera para obtener datos bancarios de los Pujol, algo de lo que, según él, es «público y notorio» que se encargaba Martín Blas, una «unidad eminentemente política que pendía directamente del DAO».

Ha reconocido que se reunía periódicamente con el entonces secretario de Estado, Fernando Martínez, y con el ministro, como ha hecho con la cúpula de Interior en otros gobiernos, incluidos los socialistas, pero no recuerda si hablaron de los Pujol: «Mis charlas eran sobre yihadismo, terrorismo, etc.».

«Muchos se atribuyeron el pantallazo»

La misma línea evasiva ha seguido en su declaración Eugenio Pino, al que el Supremo condenó por entregar a la UDEF un pendrive con información robada de un dispositivo de los Pujol, prueba que el juez instructor José de la Mata declaró nula pero que la defensa mantiene acabó en parte incorporada a la causa judicial.

El testigo ha admitido únicamente que el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas «apareció con unos datos de unas cuentas de los Pujol», documento que asegura que «no llegó a tocar» y que cree acabó en manos de la UDEF aunque desconoce quién lo consiguió: «Muchos se atribuyeron el mérito de obtener esos datos. Villarejo y Martín Blas», ha añadido.

Pino admite que en junio de 2014, catorce días antes de la publicación del «pantallazo» sobre las cuentas de los Pujol, compartió mesa en una boda con el presidente del BPA, Higini Cierco, pero ha aclarado: «Hablamos de todo menos de eso». También estaba en esa boda Martín Blas, quien ha contado que el propietario del BPA, interesado en contactar con el DAO, se le acercó en el banquete a pedirle el teléfono y a avisarle de que un directivo de la entidad iba a entregarle un documento.

«Era un papel sin sello ni firma ni registro, podía ser de los años 30 o 40, ponía los nombres de Pujol o de su padre y un millón», ha relatado el testigo. Mostró el documento a Pino, quien concluyó que era «una mierda», por lo que acabó rompiéndolo. El testigo ha reconocido además que, gracias a la agenda de Villarejo y a la grabación de sus conversaciones con la exlíder del PP de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho supo con posterioridad de la existencia de una operación policial para investigar a empresarios afines a los Pujol.