Ábalos pide como Koldo juzgar en la Audiencia el 'caso mascarillas' para evitar duplicidad

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia, al igual que su exasesor Koldo García, para que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia se celebre en la Audiencia Nacional tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo y compartido por el exministro en redes sociales, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, argumenta que el informe de la UCO «pone de manifiesto de forma evidente» que el exministro sigue siendo investigado, pese a que la investigación «se diga realizar respecto a Pardo de Vera».

«Lo que identifica la identidad de pesquisas e investigación es el objeto de las mismas, y el informe fundamentalmente viene referido a la contratación de mascarillas cuando ostentaba la condición de ministro Ábalos», expone la defensa.

En ese sentido, el letrado alega que esta información «acredita» que o bien la investigación se ha seguido produciendo al margen del proceso —«lo que evidentemente no sería procedente»—, o que aquella instrucción «se ha cerrado de forma apresurada e indebida». «Celeridad que dio lugar a la conformación de la situación de prisión que sufre hoy mi representado», agrega. Por otro lado, apunta a que pueda haber una «instrucción paralela en el marco de las diligencias de la Audiencia Nacional».

De este modo, la defensa considera que, ante la novedad en la investigación, se tiene que «paralizar la tramitación del procedimiento y volver a la instrucción, al ser evidente que la información que contiene el informe integra hechos relevantes y referencia a sujetos intervinientes que debían ser objeto de la tramitación de un mismo proceso».

De no volver el procedimiento a la fase de instrucción y de «tener constancia de la evidente identidad de procedimientos que de forma paralela se están llevando en la Audiencia Nacional», consideran que el Supremo «debería acceder a inhibirse en la tramitación» a favor de la Audiencia Nacional.

Para Turiel resulta «evidente que en ambas causas se investigan a las mismas personas, por los mismos hechos, el mismo periodo, y sobre las pretendidas entregas de dádivas por parte de Víctor de Aldama».

La letrada toma como «evidente» la necesidad de la tramitación de una sola causa, alegando que «no procede discriminar en procesos diversos el enjuiciamiento y vista de los mismos».

Se adhiere al escrito de Koldo

Así las cosas, manifiesta que se adhiere «en toda su extensión» al escrito presentado este lunes por la representación del exasesor ministerial Koldo García en cuanto a la denuncia de la vulneración del principio non bis in idem, al entender que la Audiencia instruye los mismos hechos por los que el Supremo ya ha acordado abrir juicio contra él, Koldo y Aldama, «rompiendo con ello la contingencia de la causa y la puesta en peligro del principio de doble incriminación».

En concreto, la defensa de Koldo insiste a los magistrados del Tribunal Supremo en la alegación que ya hizo el pasado febrero durante la vista previa del juicio, cuando instó a que se envíe a la Audiencia Nacional porque allí está siendo investigado por los mismos delitos y el mismo periodo.

Los investigadores de la UCO indicaron en un nuevo informe que Pardo de Vera intercambió mensajes con Koldo —plasmados en el informe— antes de la adjudicación del contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión —la empresa en el epicentro de la presunta trama—, lo que permite «inferir» que él intervino en la selección y que, a través de ella, la contratación se hizo efectiva.

Ante ello, Ábalos y su letrado se adhieren también —entre otros apartados del escrito de García— a la alegación en cuanto a «la producción de una selección arbitraria de imputaciones carentes de sentido procesal alguno», cuando el informe sitúa con «eventuales papeles relevantes» a Pardo de Vera y otros funcionarios en la gestión de la compra de mascarillas, «con el probable intento de evitar una imputación de los funcionarios intervinientes en los procesos de contratación».

Turiel argumenta una vulneración del derecho de defensa debido a la falta de devolución de los dispositivos y teléfonos intervenidos a los encausados, «teniendo constancia de la amplia difusión de estos por los medios de comunicación».

Con todo, pide al Supremo que proceda a inhibirse de competencia a favor de la Audiencia Nacional y dé opción a la declaración de nuevos investigados y a la devolución de dispositivos para articular las defensas.