La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para investigar el rescate de Plus Ultra. El auto mantiene el secreto de las actuaciones, confirman fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. La aerolínea recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en marzo de 2021 a pesar de que solo disponía de tres aviones en la pandemia. De momento, solo ha devuelvo nueve en concepto de intereses. La Justicia indaga el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países, extremo que rechazó la semana pasada el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

En su resolución, el magistrado reclama las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Calama se hace cargo de la causa después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024.

Calama rechazó entonces admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso al entender que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo. La titular de esa plaza decidió la semana pasada inhibirse tras reabrirse el caso el año pasado. Fue ella quien ordenó en diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Martínez Sola; su CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora para la que trabaja el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

«Uso indebido» del rescate a Plus Ultra

El origen del caso Plus Ultra se encuentra en una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir a trámite el año pasado por falta de competencia. Este órgano consideró que el competente sería el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones que recibió Plus Ultra. La ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».

La denuncia se presentó contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque también se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían, según el auto, «personas extranjeras, nacionalizados españoles y, al menos, un abogado español». La trama estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».

La Fiscalía sostiene que los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela a través de programas impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados y ventas de oro del Banco de Venezuela. La juez que ahora investiga el caso Plus Ultra acordó en enero de 2023 su archivo al considerar que los imputados «carecían de capacidad de decisión». La decisión llegó después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y evitase la declaración como investigado de su representante legal.

«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», sostiene el auto.

Relojes de lujo

Anticorrupción ensalza las «conexiones» de la supuesta organización criminal con «clientes que se sirven de los servicios de esta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente». La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.

La denuncia también menciona la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».