Forestalia tenía en el ministerio de Ribera un «sistema paralelo» para aprobar sus proyectos
La Guardia Civil apunta a una operativa «anómala» por la que Domínguez se asignaba todos los expedientes
Teresa Ribera y el propietario de Forestalia. | Ilustración de Alejandra Svriz
Eugenio Domínguez puso la alfombra roja a Forestalia en el Ministerio de Transición Ecológica. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil revela en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que el subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental con Teresa Ribera ideó «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar sus proyectos. Los agentes apuntan a una operativa «anómala» por la que se asignaba la totalidad de los expedientes de la empresa de Fernando Samper, que le habría pagado 5,2 millones de euros como «contraprestación» por aprobar sus licencias medioambientales.
El procedimiento para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se inicia en Transición Ecológica. Una vez autorizado, el expediente entra en el registro de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Toda la documentación se vuelca en una plataforma de gestión interna denominada Sabia. El caso se asigna a un consejero, responsable de supervisar el proyecto, que a su vez selecciona a un equipo de dos o tres técnicos para que realicen el análisis y la evaluación correspondiente.
Funcionarios de Transición Ecológica relataron a la Ucoma que Domínguez se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia, una práctica que califican como «extraordinaria». Le acusan de haber creado un «sistema de tramitación paralelo» derivando los expedientes a la empresa pública Tragsatec para que pudiera supervisarlos de forma directa. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental fue detenido el pasado martes por, presuntamente, amañar permisos a favor del gigante energético aragonés.
Trato de favor a Forestalia
Los testimonios recogidos por la Ucoma apuntan a que los expedientes de Forestalia recibían «un trato diferenciado y privilegiado». Los funcionarios subrayan que la función original de los empleados de Tragsatec era prestar asistencia técnica no obligatoria, pero que Domínguez cambió la fórmula. El apoyo de los trabajadores de la empresa pública pasó de ser un apoyo opcional a «convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos de Forestalia».
«Los informes llegaban al subdirector (de Calidad y Evaluación Ambiental) ya redactados para su firma», denuncian varios funcionarios del departamento que dirigió Ribera hasta noviembre de 2024. Estos empleados públicos describen a los agentes una práctica recurrente: era Domínguez quien recibía personalmente la documentación de los proyectos de Forestalia a través de memorias USB.
Los investigadores señalan que esa práctica suponía «una ruptura deliberada de la cadena de custodia administrativa». La documentación se incorporaba a la plataforma Sabia sin pasar por el registro de Transición Ecológica, lo que impedía la trazabilidad de su entrada y eludía el control interno. Era el primer paso para tomar control del expediente al margen de los cauces reglamentarios, denuncian los funcionarios.
Domínguez se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia. En opinión de los funcionarios, ese acto permitió «todas las irregularidades posteriores». La Ucoma subraya que, con esa forma de proceder, se creaba una «caja negra» en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando el subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Ribera funciones de supervisor y gestor a la vez.
Sin controles internos
Las declaraciones de los funcionarios revelan la creación de una vía paralela en la que los proyectos de Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación de los expedientes se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros, los técnicos y los funcionarios de Transición Ecológica. Los técnicos externos emitían los informes que llegaban al subordinado de Ribera redactados para su firma «consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos».
Los trabajadores de Tragsatec denuncian el modus operandi que siguió Domínguez para aprobar los expedientes de Forestalia. Estos revelaron a la Guardia Civil que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se los autoasignaba directamente en la plataforma Sabia. Entre ellos, el proyecto del Clúster del Maestrazgo, el mayor ideado hasta la fecha en España. Otro compañero recalcó que el antiguo alto cargo de Ribera «se ponía en contacto directamente con el coordinador y este asignaba los proyectos».
«Esta variedad de métodos indica que Domínguez pudo haber utilizado diferentes canales según la época, el proyecto o su nivel de interés», recalca la Ucoma. Los investigadores afirman que el ex subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se autoasignó proyectos a pesar de que no le correspondían como consejero y que habría modificado expedientes cuyos borradores eran inicialmente desfavorables dando instrucciones directas a los técnicos. Y eso, a pesar de que muchos de esos proyectos se encontraban en zonas de especial protección como la Red Natura 2000.
La UCO revela que Forestalia pagó 5,2 millones de euros a Domínguez a cambio de otorgar autorizaciones ambientales a los proyectos de la empresa de Samper «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales». La «contraprestación» se habría abonado a través de una empresa en la que ejerce como administradora única su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco. La sociedad se constituyó en junio de 2023, el mismo mes que se jubiló el exdirector de Calidad y Evaluación Ambiental. Sin embargo, el departamento de Ribera le contrató como asesor hasta diciembre.