El subordinado de Teresa Ribera usó técnicos sin cualificación para favorecer a Forestalia
Domínguez nombró a su secretario y a una administrativa responsables de los proyectos de la empresa de Samper
Eugenio Domínguez y la exministra Teresa Ribera. | Ilustración de Alejandra Svriz
Eugenio Domínguez usó distintas artimañas para aprobar los proyectos de Forestalia. La Guardia Civil señala en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que el ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Teresa Ribera creó un sistema de tramitación paralelo para favorecer al gigante energético. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se encargó personalmente de tramitar y supervisar los expedientes, evitando así el control interno. Los investigadores sostienen que, para lograr sus objetivos, nombró a su secretario personal y a una administrativa como técnicos de los proyectos a pesar de no disponer de la cualificación necesaria.
El procedimiento para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se inicia en Transición Ecológica. Una vez autorizado, el expediente entra en el registro de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. La documentación se vuelca en una plataforma de gestión interna denominada Sabia. El caso se asigna a un consejero, responsable de supervisar el proyecto, que a su vez selecciona a un equipo de dos o tres técnicos para que realicen el análisis y la evaluación correspondiente.
Como avanzó este diario, la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil revela en un atestado que el antiguo subordinado de Ribera se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia tras crear un «sistema de tramitación paralelo» que los funcionarios que trabajaron con él califican como «extraordinario».
Los proyectos de Forestalia
El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, detenido la semana pasada por amañar presuntamente permisos a favor de la empresa de Samper, derivaba los expedientes a Tragsatec, según los testimonios recabados. La empresa pública pasó de ser un apoyo opcional a «convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos de Forestalia».
Domínguez ejercía un control completo: recibía la documentación, la incorporaba a la plataforma Sabia sin pasar por el registro oficial del departamento de Ribera y se encargaba de repartir los casos. En muchas ocasiones los asignaba a Tragsatec, excluyendo por completo la participación de los consejeros, los técnicos y los funcionarios de Transición Ecológica. Los empleados de la empresa pública emitían los informes y, según los investigadores, el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se limitaba a firmarlos.
Los funcionarios de Transición Ecológica explicaron a la Guardia Civil que Domínguez se asignó los proyectos de Masía I y Masía II, en los que figuraba simultáneamente como consejero y técnico responsable. En el caso del Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico ideado en España hasta la fecha, el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental dio un paso más en su estrategia.
El subordinado de Ribera se designó en ese proyecto consejero responsable y nombró a su secretario como técnico sin disponer de cualificación. No fue el único que actuó como tal sin ser apto. Otra funcionaria de Transición Ecológica afirmó a los agentes que, a pesar de que era administrativa de la unidad, comenzó a desarrollar el cargo de técnico a partir de 2022. Domínguez pidió que ambos fuesen dados de alta en la plataforma Sabia como «técnicos participantes» para tramitar los permisos del Clúster del Maestrazgo.
Cambio de técnicos
La funcionaria reconoció a la Ucoma que no leyó la documentación del proyecto ni participó a nivel técnico en ningún momento, pero sí figuraba en la base de datos. El técnico al que se le asignó inicialmente el proyecto del Clúster del Maestrazgo lo calificó de «complejísima aprobación» con notables «dificultades técnicas». Los investigadores han constatado que el expediente no fue reasignado a otro técnico, sino al secretario personal de Domínguez, «consumando así la extracción del proyecto del circuito técnico ordinario».
Transición Ecológica emitió el DIA favorable del Clúster del Maestrazgo en diciembre de 2022. Cuatro meses más tarde otorgó las autorizaciones administrativas de algunos de los 22 parques proyectados. Una declaración de impacto negativa de la Comunidad Valenciana dilató los permisos de construcción. En ese contradictorio escenario, el departamento de Ribera remitió el asunto de manera extraordinaria a una instancia superior, el Consejo de Ministros, que acabó aprobándolos en julio de 2024.
Los proyectos de Masía I y Masía II se asignaron a un técnico que emitió un borrador de una DIA desfavorable. Los investigadores señalan que Domínguez intervino directamente en ambos expedientes, ordenando modificaciones que, según el testimonio del técnico, «básicamente se centraban en eliminar contenidos del informe» que perjudicaban la viabilidad de los proyectos. Este proceso culminó con la emisión de una resolución final favorable contraria a la evaluación técnica original.
Los agentes sostienen que la empresa de Fernando Samper pagó 5,2 millones de euros a Domínguez como «contraprestación» por dar luz verde a sus proyectos. Las transacciones se habrían efectuado a través de una sociedad de su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco, constituida en julio de 2023, apenas unos meses después de que algunos de los parques que conforman el Clúster del Maestrazgo obtuvieran las autorizaciones administrativas de Transición Ecológica.