Lambán designó a un veterinario para impulsar los proyectos energéticos de Forestalia
El exdirector del Inaga retiró a varios técnicos de la tramitación y colocó a una persona con «criterios muy limitados»
Aerogeneradores eólicos y los logos de Forestalia y el Inaga. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los tentáculos de Forestalia alcanzaron al Gobierno de Javier Lambán en Aragón. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil señala en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) «alineó» sus informes con los intereses de la empresa de Fernando Samper. Los investigadores consideran a su exdirector Jesús Lobera «figura central» de la «presión» a los funcionarios y el artífice de los cambios de procedimiento para beneficiar al gigante energético. Para conseguir su propósito, apartó a varios técnicos y designó a un veterinario con «criterios técnicos muy limitados» como responsable de los expedientes de evaluación ambiental.
El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. La Guardia Civil detuvo el pasado 3 de marzo a seis personas, entre ellas al subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Teresa Ribera. Los investigadores sospechan que Eugenio Domínguez creó un «sistema de tramitación paralelo» para favorecer los intereses de Forestalia, por lo que habría recibido una «contraprestación» de 5,2 millones de euros.
La Ucoma sostiene que la empresa de Samper también tenía infiltrados en Aragón. La figura central para favorecer los intereses de Forestalia sería Lobera, que dirigió el Inaga entre 2016 y 2023, durante la presidencia de Lambán. Los funcionarios describen que su puesto era «puramente político». Su brazo ejecutor habría sido Andrés Medina, la persona que designó como responsable de todos los proyectos de renovables. Los testimonios de los testigos señalan que, por su formación como veterinario, poseía «criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental».
Cambios por Forestalia
Los funcionarios que declararon ante la Guardia Civil resaltaron la evolución de los métodos de trabajo en el Inaga. Contrasta el funcionamiento ordinario previo con las alteraciones que, según los testigos, surgieron con el auge de los proyectos de energías renovables. Los trabajadores del instituto aragonés aseguran que Lobera, persona vinculada al PSOE, desarrolló su trabajo con «normalidad» hasta el boom de las renovables. Insisten en que, en una fase inicial, los procedimientos internos seguían los cauces habituales «respetando la jerarquía técnica y la autonomía de los informes».
Los testimonios recabados por la Guardia Civil indican que la llegada masiva de proyectos de energías renovables, en particular los vinculados a Forestalia, marcó «un cambio drástico» en la forma de proceder de la dirección del Inaga. Los testigos describen una nueva actitud «proactiva» por parte de Lobera para que estos expedientes obtuvieran una resolución favorable. Uno de los funcionarios aseguró que las «presiones ejercidas» llegaron a tal punto que durante esos años solo llegó a firmar tres informes desfavorables.
Este nuevo sistema impuesto representa «una desviación fundamental de los procedimientos administrativos y la jerarquía técnica establecida». Según recoge el atestado de la Ucoma, los técnicos denuncian que los informes internos con valoración desfavorable a los intereses de Forestalia eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Lobera, que se negaba a firmarlos «sin aportar ninguna justificación técnica que respaldara su decisión». Los funcionarios acusan al exdirector del Inaga de recurrir a consultoras externas para que redactaran informes «a su gusto».
Esos informes se elaboraban, según los funcionarios, con criterios técnicos más laxos que los habituales y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores. A continuación, los validaba la dirección del Inaga. Los testigos indican a la Guardia Civil que Lobera realizaba «peticiones de explicaciones» verbales y escritas a los técnicos que emitían informes negativos para Forestalia. También denuncian la modificación de informes directamente en la plataforma Inareg «sin el conocimiento ni el consentimiento de sus autores».
Reorganización de competencias
Para eludir los controles técnicos, Lobera habría reorganizado las competencias de forma anómala. Entre otras cosas, apartó a la funcionaria responsable de todos los proyectos de renovables y nombró en su lugar a un veterinario, Andrés Medina. La sustitución se enmarcó en una instrucción del 15 de noviembre de 2021 que buscaba máxima celeridad, pero que fue implementada «incumpliendo lo descrito en la ley de procedimiento administrativo».
Las presuntas actuaciones irregulares se habrían llevado a la práctica en diversos proyectos específicos. Entre ellos, el del Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico proyectado en España hasta la fecha. Los investigadores destacan que Forestalia tramitara el proyecto como 22 parques eólicos independientes de menos de 50 megavatios cada uno, ya que a partir de esa potencia el expediente pasa al Estado. «Esta estrategia de fragmentación se interpreta como una táctica diseñada para eludir la competencia de Transición Ecológica», subraya la Ucoma.
Los testimonios recogidos por los agentes señalan que, a pesar de que el técnico responsable manifestó su oposición a esta forma de tramitación, Lobera y otras personas insistieron en que debía hacerse así para que se gestionara a nivel autonómico. El técnico se negó a firmar un informe que consideraba «contaminado». Ante su negativa, el director del Inaga durante la etapa de Lambán le habría dicho: «Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo». Después de eso, asumió personalmente la gestión del expediente «al margen de los criterios técnicos».
Una situación similar sucedió con los proyectos de Canteras I y Stev, evaluados como negativos por una funcionaria y su jefe de área, ambos apartados. Sus informes técnicos fueron calificados como «manifiestamente desfavorables e incompatibles». La resolución final se demoró, lo que, según los investigadores, sugiere «una posible táctica de dilatación del proceso hasta que la oposición interna fuera apartada». Según los funcionarios, los estudios externos aportados por Lobera eran de «baja calidad técnica» y exhibían errores y el uso de la técnica corta-pega de otros informes.
Los testimonios describen una relación entre la Administración y la empresa de Samper que «excede los cauces formales, donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales». Los investigadores detallan reuniones «habituales» que consideran «casi semanales» entre Lobera y los responsables del Forestalia. Y concluyen: «Este nivel de acceso privilegiado es un claro indicador de una relación anómala».