La víctima del exDAO pondrá contra las cuerdas a más mandos de la Policía

La causa judicial sobre la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo (DAO), José Antonio González Jiménez, a una subordinada prevé convertirse en un proceso dilatado y amargo para la Policía Nacional. La inspectora que se querelló contra el exjefe policial pondrá contra las cuerdas a lo largo del caso a más mandos policiales por haber presuntamente intentado acallarla y comprar su silencio para que no denunciase los hechos, aseguran a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. Este martes está previsto que el titular del Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid tome declaración como investigado al exDAO y a la presunta víctima. González Jiménez defenderá su inocencia y atribuirá la denuncia a los «celos de la inspectora» con la que tuvo una relación en el pasado. Su antigua subordinada ratificará los hechos incorporados en la querella.

El proceso judicial girará en torno a la principal prueba aportada por la denunciante. Cuarenta minutos de grabación sobre los supuestos hechos delictivos en la vivienda oficial del alto mando el 23 de abril del año pasado. Ese día, González Jiménez ordenó a la inspectora que fuese a buscarle en un coche camuflado a un restaurante. Posteriormente, le invitó a subir a su casa para «hablar». Ella aceptó. Una vez allí, le sirvió dos cervezas e inició «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». Un «acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento», según detalla la querella. La presunta víctima se negó hasta en tres ocasiones, según prueba el audio.

Aun así, según el relato de la inspectora, González Jiménez «prevaleciéndose de su autoridad, le agredió sexualmente, obligándole a masturbarle mientras le tocaba sus partes íntimas». A lo largo de la grabación, el investigado hace alusión a su cargo en la Policía. «Oye, que yo soy el DAO», le dice a la víctima. Una expresión, al igual que otras en la querella, que fuentes del entorno del ex jefe policial reconocen plenamente en el comisario. La subordinada había mantenido una relación amorosa con él en el pasado que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta». Por este motivo, la víctima decidió cortar, algo que el exDAO supuestamente nunca aceptó.

«Una encerrona»

Desde la ruptura, González Jiménez habría iniciado «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos» que ocurrieron en su vivienda oficial. El episodio en ese piso, al parecer, no habría sido el primero. Por este motivo, según ha contado recientemente el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, la inspectora decidió grabar todo. «Ella me dijo que lo hizo cuando se dio cuenta de que era una encerrona. (…) Su instinto hizo que activara la grabación a modo de protección porque se temía que, como les pasa a muchas víctimas, la iban a tildar de celosa, de mentirosa y de interesada», ha explicado el letrado, en una entrevista con El País.

La abogada del DAO hará hincapié, precisamente, en que todo fue el resultado de un capítulo de celos. El escrito de la defensa cuestiona las pruebas de la presunta violación y considera que en el audio «se aprecia complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal» en un «entorno de confianza» que considera «incompatible» con el argumento que expone la querella contra el antiguo número dos de la Policía Nacional. El abogado José Carlos Velasco, del despacho Fuster-Fabra, atribuye la querella a los «celos» de la inspectora y solicita al juez que investiga los hechos que libre un oficio al Cuerpo para saber si la querellante eligió libremente su último destino para regatear la «supuesta dinámica de presión» que imputa a su cliente.

Acoso y presiones tras la agresión

Esto último será otra de las incógnitas que se dilucidarán durante el proceso: por qué el destino como inspectora de la denunciante fue en la Subdirección General de Recursos Humanos, en el edificio contiguo a donde se encuentra la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y, por tanto, el despacho del supuesto agresor. Hasta ese momento, en julio de 2025 —cuando la víctima decide coger la baja, superada por la situación— la agente relata episodios del acoso sistemático a través de llamadas y mensajes, no solo del director operativo, sino de mandos próximos al mismo, para comprar su silencio y que no denunciase. Una serie de pruebas que la denunciante también grabó y que serán también piedra angular del caso. 

La querella coloca en este punto al exasesor del DAO, el comisario Óscar San Juan, que también fue apartado de su puesto por decisión del Ministerio del Interior. En la grabación, el hombre de confianza del exjefe policial le dice que «elija qué destino de trabajo quiere y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap [sic]». La víctima relata en el escrito que el asesor del DAO le llamó en cinco ocasiones el 7 de julio de 2025 después de recibir previamente también varios mensajes intimidatorios del supuesto agresor, que se negó a responder.

Finalmente, seis días después, el 13 de julio, volvió a recibir otra llamada del asesor en la que le hizo el ofrecimiento laboral, al que ella se negó y tras el que le advirtió que denunciaría todo lo ocurrido. Él respondió «que no sabía de lo que hablaba y solo llamaba para saber sus intereses». La defensa de la víctima ha solicitado la declaración de este mando como testigo, aunque barajara solicitar al juez cambiar su condición a investigado por haber tapado supuestamente la presunta agresión sexual.

La implicación de más mandos del entorno del exDAO en este caso es lo que más preocupa en el Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska abrió una investigación interna tras el cese de San Juan para averiguar hasta dónde llegó el encubrimiento de los hechos en la cúpula policial. Unas pesquisas de las que Interior no ha vuelto a informar. La Policía intentó cerrar capítulo el jueves pasado con el nombramiento del nuevo director operativo, el comisario principal José Luis Santafé. Elegido por la número dos de Interior, la secretaria del Estado de Seguridad, Aina Calvo, aseguró que en la Policía «se investigará todo a fondo, sin ninguna traba». 

Crisis en la Policía

La Policía hace frente a una de sus mayores crisis institucionales, no solo por los hechos que le investigan al exDAO, ya de por sí graves, sino porque los protocolos antiacoso con los que cuenta el Cuerpo no se activaron. Prueba de ello es que la víctima recurrió directamente a la vía judicial por temor a represalias. Y es que, tal como se ha acreditado en numerosos casos de acoso sexual y laboral en el Cuerpo, las denuncias internas, cuando se trata de agentes hacia mandos policiales, difícilmente prosperan. Interior se ha comprometido a revisar estos canales. De hecho, la Policía se reunirá próximamente con los sindicatos para concretar las nuevas medidas. 

La primera medida para proteger a la víctima que ejecutó Interior fue ponerle escolta dos días después de que el juzgado admitiese a trámite la querella contra el exDAO, tras lo que Interior pidió la renuncia al comisario José Ángel González. El ministerio decidió ofrecérsela después de que el nombre de la inspectora se filtrase en algunos grupos policiales. El abogado de la víctima ha pedido al juzgado que abra una pieza separada para investigar la supuesta filtración de su identidad.