El socio de Cerdán ofreció a Acciona una «oportunidad de negocio» en Forestalia
Alonso propuso a la multinacional colaborar con la empresa de Samper para construir parques eólicos y fotovoltaicos
Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán. | Ilustración de Alejandra Svriz
Acciona barajó entrar en el negocio de las renovables con Forestalia, la empresa investigada por pagar sobornos a cambio de licencias medioambientales. El propietario de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, planteó en noviembre de 2023 a la constructora colaborar con la firma de Fernando Samper en el diseño y construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. El presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también le propuso construir líneas de transmisión, revela la auditoría que ha entregado la multinacional en la Audiencia Nacional, que imputó a cuatro de sus antiguos dirigentes por el presunto pago de mordidas a cambio de amañar contratos públicos.
El informe interno que Acciona ha entregado al juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, señala que la compañía que preside José Manuel Entrecanales tiró del presunto socio de Cerdán para buscar posibles inversiones y obras privadas. Una actividad por la que habría facturado 119.245 euros, avanza Diario de Navarra. Entre las «oportunidades de negocio» que presentó el propietario de Servinabar a Acciona destacan diferentes operaciones con Forestalia.
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, insiste en que se trata de un «proyecto latente por falta de permisos, pero no descartado», por lo que Acciona decidió hacer un seguimiento. Sin embargo, la colaboración nunca se llegó a materializar por la ausencia de las licencias. La auditoría de la multinacional fecha la «oportunidad de negocio» el 29 de noviembre de 2023. El socio de Cerdán se reunió hasta tres ocasiones en esas fechas con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, José María Aierdi, que continúa en el cargo.
Las conexiones del socio de Cerdán
El objetivo de algunas de esas reuniones (las del 6 de septiembre y el 13 de noviembre) era «hacer un seguimiento del proyecto de Mina Muga» de Sangüesa, donde Servinabar y Acciona colaboraban con el promotor, Geoalcali. No siempre fue así. En el encuentro del 6 de noviembre, la intención era «analizar las autorizaciones administrativas estatales al proyecto de despliegue de líneas de alta tensión que promueve este grupo», según respondió el Gobierno de Navarra a una pregunta parlamentaria.
A la cita también acudieron Samper y el entonces vicepresidente foral Félix Taberna. Forestalia impulsó en 2020 un proyecto de alta tensión para evacuar la producción de una treintena de parques eólicos de Aragón que iban a cruzar Navarra para llegar al País Vasco. A pesar de las quejas de ecologistas y vecinos, el entonces subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, otorgó la declaración de impacto ambiental.
El Gobierno de Navarra se opuso al proyecto y presentó alegaciones. Pero no solo eso: también registró un recurso contencioso-administrativo y la Justicia revocó los permisos, por lo que su construcción quedó en suspenso. El titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés, investiga ahora delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Cortes investiga si Forestalia tuvo trato de favor tanto del Gobierno de Aragón como del Ministerio de Transición Ecológica.
«Un sistema paralelo»
La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil señala que Domínguez ideó «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar los proyectos de Forestalia, que le habría recompensado con ciertas «contraprestaciones», como acciones de filiales de la empresa de Samper y un préstamo de 5,2 millones de euros a una sociedad constituida en julio de 2023 por la mujer del ex alto cargo de Teresa Ribera.
Domínguez declaró a los agentes tras ser detenido el pasado 3 de marzo que fue Antxon Alonso quien le puso en contacto con el dueño de Forestalia. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental aseguró que les presentó el empresario Ignacio López Galiacho. El presunto socio de Cerdán (la Guardia Civil encontró un documento privado que le reconocía el 45% de las acciones de Servinabar) también fue administrador de una sociedad vinculada a las empresas de Samper, Next Generation Caliope Innova.
La auditoría que ha remitido Acciona a la Audiencia Nacional admite media docena de irregularidades en sus contratos con Servinabar. Entre ellas, el fraccionamiento de pedidos que permite sortear el umbral de los 15.000 euros que obliga a las administraciones a licitar las obras o la realización de informes con datos de la propia multinacional. El informe también revela que la constructora que preside Entrecanales pagó 6,9 millones a la firma del socio de Cerdán, mientras la Guardia Civil eleva el montante a 10,2 millones.