Acciona admite irregularidades en los contratos con la empresa del socio de Cerdán
La constructora denuncia ante la Fiscalía dos obras investigadas en el ‘caso Koldo’ al detectar «mendacidad y ocultación»
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. | Ilustración de Alejandra Svriz
Acciona reconoce irregularidades en sus negocios con Servinabar. La constructora ha entregado un extenso informe al juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, donde admite media docena de anomalías. En la auditoría a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE afirma haber pagado 6,9 millones de euros procedentes de contratos públicos a la empresa de Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La compañía, en la que fueron imputados cuatro antiguos directivos, ha denunciado ante la Fiscalía dos obras al detectar «mendicidad y ocultación» para «que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder».
Entre esas irregularidades destaca el fraccionamiento de pedidos. Esta práctica habría permitido mantener distintos encargos por debajo del umbral de 15.000 euros que obliga a las administraciones a licitar las obras. El informe de Acciona señala que eso fue lo que sucedió en el Proyecto de Mina Muga, donde advierte dos pedidos de servicios similares firmados el mismo día con la empresa de la que Cerdán dispondría del 45% de las acciones, según los documentos que encontró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros en Servinabar.
Ambos pedidos estaban por debajo del límite económico de 15.000 euros que permite sortear la licitación. Otra de las anomalías, que se repite en varias obras, tiene que ver con la emisión de facturas antes de los pedidos. Acciona tampoco ha podido «recabar soporte documental suficiente de la prestación» de al menos seis proyectos relacionados con líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona, una autovía en Lugo o una urbanización en Pamplona. La constructora lo justifica en que «sucede en ocasiones cuando se trata de pedidos o contrataciones de bajo importe para ir avanzando en el inicio de los trabajos».
La conexión Cerdán
En el documento que la constructora ha remitido a la Audiencia Nacional también aparece más de medio millón de euros sin pedido. En este apartado se subraya el caso de Bid Manager, un servicio por el que se generaron 42 facturas mensuales, todas ellas sin pedido registrado y conformadas mediante «ajuste al gasto».
Otra de las irregularidades que admite Acciona tiene que ver con la realización de informe con datos propios, como lo sucedido en San Feliu, donde la empresa del socio de Cerdán cobró más de un millón por informes que «resultaban de consolidar información elaborada por la propia Acciona». La auditoría interna también ha encontrado facturas sin firmar, como las de la UTE Autovía Recajo, donde también se facturaron importes que no estaban contemplados en el pedido ni en sus ampliaciones.
El informe hace especial hincapié en las obras del soterramiento de la línea de tren a su paso por San Felíu de Llobregat (Barcelona) y una variante de Logroño, en las que concurrió en UTE con la empresa del presunto socio de Cerdán. Acciona ha puesto ambos contratos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción al haber observado «las suficientes formalidades y trazabilidades como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder».
La constructora indica que «el modus operandi resultó indetectable […], precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder». En cuento a la obra de San Felíu, que superaba inicialmente los 50 millones de euros, el juez Moreno señala en sus autos que se aprobó una primera modificación en julio de 2022 que supuso un incremento de 10,2 millones en el precio, lo que supone casi el 20% que obliga a resolver el contrato.
Los pagos a Servinabar
La empresa en la que Cerdán tendría participaciones cobró por este proyecto más de 1,2 millones. Tras analizar los informes de la obra, Acciona afirma que «resulta extraño que esos informes excedieran el marco contractual comprometido, lo que ocasionó la revisión de los mismos tras los que se constató que esos informes periódicos, en realidad resultaban de consolidar información elaborada» por la propia constructora.
La obra bajo sospecha en Logroño, con un valor inicial de 1,9 millones, también arroja una diferencia de casi 29.000 euros respecto al precio que indicó la UCO. La auditoría en poder del juez que investiga el presunto amaño de contratos públicos a cambio de contraprestaciones cifra en 6,9 millones de euros los pagos que Acciona realizó a Servinabar entre 2015 y el año pasado. Una cantidad que contrasta con los 10,2 millones que advirtieron los informes de la Guardia Civil.
Moreno también ha ampliado la investigación de los supuestos amaños de obra pública a otras cuatro empresas que participaron junto a Acciona en contratos bajo sospecha, al considerar que pudieron canalizar pagos de las mordidas a los investigados, el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, Cerdán, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.
El juez ha pedido información a 29 entidades bancarias en las que tienen productos financieros las sociedades bajo sospecha: Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet. Una comunicación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) desvela que Herrero cobró 25.440 euros de Aquaterra, que confluyó con Acciona en una obra de 92 millones de euros en Logroño. Además, el exdirector de Carreteras operaba con un email de esta empresa en la que había un total de 145 correos electrónicos.