Una asociación lleva a la ONU un caso de torturas en el franquismo que archivó el juez

El franquismo llega a la ONU. La asociación catalana de derechos humanos Irídia ha denunciado un caso de presuntas torturas a los hermanos Ferrándiz durante la dictadura ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la primera demanda interpuesta ante este organismo tras la entrada en vigor la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022. La organización lamenta que el juez rechazara la querella «sin practicar ninguna diligencia de investigación» alegando la prescripción del delito, el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977.

Irídia acude al organismo adscrito a la ONU después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona rechazara la querella interpuesta por la asociación en nombre de los hermanos Ferrándiz en noviembre de 2023. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la decisión meses más tarde y el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo.

La abogada de Irídia, Laura Medina, lamenta que en todas las instancias se cerrara la vía «y no se permitiera ni tan solo la mínima investigación para esclarecer los hechos» para identificar a los responsables. La asociación considera que la Ley de Memoria Democrática establece la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y reconoce expresamente que «no prescriben ni pueden ser amnistiados».

Víctimas del franquismo

La asociación catalana explica que Maria Isabel y José Pablo Ferrándiz fueron detenidos en la Prefectura de Via Laietana durante 32 días cuando tenían 17 años, que estuvieron totalmente incomunicados y que fueron sometidos a «torturas físicas y psicológicas» por parte de la Brigada Político-Social únicamente por razón de su militancia y, en el caso de ella, también por motivos de género.

Las víctimas del franquismo llevan cuatro décadas reclamando sin éxito que los jueces investiguen las torturas. En septiembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó la querella de Julio Pacheco, la primera persona que declaró por estos hechos ante un juez en España. Los agentes de la Dirección General de Seguridad le detuvieron en agosto de 1975 acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.

Un mes más tarde, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el archivo de una querella presentada por los hermanos Ferrándiz, que habían sufrido torturas en la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana en Barcelona. Los hechos ocurrieron en 1971, cuando el franquismo daba sus últimas bocanadas. El asunto había llegado al órgano provincial después de que el juez instructor archivara la causa con el argumento de que los hechos no podían juzgarse por estar amparados por la Ley de Amnistía de 1977.

No son casos aislados. Las asociaciones memorialistas hablan de cientos de querellas archivadas. El juez que cerca a Begoña Gómez también investiga un caso de torturas durante el franquismo. Juan Carlos Peinado admitió a trámite en enero del año pasado la querella que presentó Carlos Serrano, que acusa a cinco policías de crímenes contra la humanidad por las palizas que sufrió en 1975. Estuvo recluido en la Real Casa de Correos, entonces Dirección General de Seguridad y actualmente sede de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió el pasado octubre en Lugar de Memoria a pesar de las reticencias de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Cientos de querellas archivadas

En abril del año pasado, el Ministerio Público decidió por primera vez tomar cartas en el asunto a través de la reciente Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige Dolores Delgado. Entonces abrió una investigación sobre las torturas que sufrieron otros dos hermanos a manos de miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona.

Tras practicar una serie de diligencias, la imposibilidad de encontrar a los autores del delito ha llevado a la Fiscalía a solicitar el archivo provisional de la denuncia. La investigación se abrió tras la denuncia interpuesta por una víctima. Según su versión, recibió malos tratos físicos y psíquicos durante su detención por la Brigada Político-Social en febrero de 1977, en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el franquismo, que ya languidecía.