Estrasburgo condena a España a indemnizar a los etarras que atentaron contra la T-4 de Barajas

España tendrá que indemnizar a los dos etarras, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, autores del atentado contra la T4 de Barajas en 2006, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales, según ha decretado este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés).

El organismo europeo entiende que España vulneró el artículo 3 de la convención europea de libertades fundamentales, que prohíbe la tortura, al no estimar la denuncia por malos tratos de ambos terroristas, detenidos en el País Vasco el 6 de enero de 2008 por agentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil.

El Tribunal constata, en particular, que las lesiones descritas en los certificados presentados por el Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal habían sido causados ​​mientras estaban en manos de la Guardia Civil. Ambos etarras fueron condenados a 1.040 años de cárcel por el atentado contra la T-4. La Corte también considera que ni las autoridades nacionales ni el Gobierno habían proporcionado argumentos convincentes o creíbles para explicar o justificar esas lesiones, que considera trato inhumano o degradante.

Según los solicitantes, durante su traslado al cuartel de Intxaurrondo recibieron patadas y fueron golpeados por los agentes de la Guardia Civil, y posteriormente por los agentes del grupo de inteligencia. Tras ser examinados al día siguiente, 7 de enero, por dos médicos forenses, Portu tuvo que ser hospitalizado y Sarasola conducido a Madrid y puesto en detención incomunicada. Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14.

Los dos terroristas cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de este cuerpo policial a diferentes penas “por delitos de torturas graves”, que el Tribunal Supremo anuló un año después.

España ya ha sido condenada por el TEDH 11 veces desde 2004 por casos de malos tratos o por no investigarlos, nueve de ellos relacionados con miembros de ETA.