Venezuela ha pedido este viernes a las autoridades españolas liberar a «los presos políticos» tras el encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, por orden de la Audiencia Nacional española.
Un tribunal de Estambul ha ordenado la puesta en libertad condicional de ocho militantes pro derechos humanos, entre ellos Idil Eser, directora de Amnistía Internacional (AI) en Turquía, un alemán y un sueco, en un caso que suscitó preocupación en la comunidad internacional. El tribunal ha pedido, sin embargo, mantener en la cárcel a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, informa la agencia AFP.
El juicio contra los ‘once de Estambul’, un grupo de defensores de derechos humanos turcos, ha comenzado este miércoles en medio de una gran expectación. Entre los acusados se encuentran la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, Idil Eser y Taner Kiliç, detenidos en el mes de julio.
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional «actuar» para poner fin a los «crímenes contra la humanidad» que está cometiendo el ejército birmano contra la minoría rohingya con el «objetivo de aterrorizarlos y expulsarlos de forma permanente del país».
Alrededor de 10.000 refugiados afganos corren «serio peligro de sufrir tortura, secuestro, homicidio u otros abusos graves» al ser devueltos desde países europeos, según explica un informe publicado por Amnistía Internacional. El documento alerta, a su vez, que entre los afectados se encuentran menores no acompañados.
España solo ha acogido un 11% de la Ante este hecho, Amnistía Internacional (AI) ha rodeado el Congreso de los Diputados con fotografías de personas refugiadas, como protesta ante el incumplimiento de las cuotas de refugiados y como motivo de la presentación de la exposición de fotos de Samuel Aranda, Premio Ortega y Gasset 2016 y World Press Photo 2012, y María Jou Sol. “Como el Gobierno no ha cumplido sus compromisos y el plazo se acaba, como no han llegado las 17.337 personas refugiadas previstas antes del 26 de septiembre, como no las vemos ni las autoridades parecen verlas, vamos a enseñárselas”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI España.
El juez que investiga el caso de Santiago Maldonado, el argentino que desapareció el pasado 1 de agosto cuando participaba en una protesta mapuche en el sur de Argentina, considera que la hipótesis “más razonable” es que se ahogó en el río al tratar de huir de los agentes de Policía que reprimieron la manifestación, informa Efe.
Canadá añadirá una tercera opción de género en sus pasaportes. De acuerdo a sus autoridades, desde este 31 de agosto, los documentos de viaje cuentan con la opción de género “X” para aquellos ciudadanos que no se identifiquen con la etiqueta de “hombre” o “mujer”.
Boko Haram, el grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico que está presente el centro de África, se ha erigido como el enemigo a abatir en Camerún desde 2014. Hasta diciembre de 2016, los yihadistas han matado a 1.500 personas en un conflicto que ha provocado el desplazamiento de más de 155.000 sólo en el norte del país centroafricano.
Exacerbada por la detención de defensores de derechos humanos en Estambul, Alemania ha anunciado este jueves una «reorientación» de su política hacia Turquía con medidas que pueden penalizar económicamente a un socio histórico. La respuesta turca no se ha hecho esperar y el gobierno de Erdogan ha denunciado la decisión de Alemania y ha asegurado que las relaciones entre ambos no pueden basarse «en el chantaje ni en la amenaza», informa AFP.
Un tribunal turco ha decidido este martes mantener detenidos a seis activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos la directora de Amnistía Internacional (AI) en Turquía
Amnistía Internacional (AI) ha exigido este miércoles con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la liberación de los más de 120 periodistas encarcelados en Turquía y ha convocado protestas en todo el mundo. Desde febrero, más de 250.000 personas han firmado una petición online en la web de AI en apoyo de la iniciativa «El periodismo no es un crimen» y «libertad para los medios turcos», para denunciar la represión contra la libertad de expresión en el país euroasiático.
“Más de 100 personas homosexuales detenidas. Persecuciones. Concentración y confinamiento. Torturas…” Así comienza la carta que Podemos ha publicado en Twitter para exigir a Rusia una investigación sobre las «gravísimas acusaciones de persecución a personas LGTBI en Chechenia». El partido de Pablo Iglesias considera que «la reciente Ley contra la Propaganda Homosexual impulsada por el Gobierno ruso ha incitado al odio, a la homofobia y a la intolerancia, que no solo circunscribe a Chechenia, sino que recorre toda Rusia».
En las masivas protestas desarrolladas este miércoles en Venezuela, se ha confirmado la muerte de tres personas, entre ellas un Guardia Nacional (GNB) y tres jóvenes. Además de más de 40 heridos y casi 100 detenidos, según han informado los dirigentes de la oposición venezolana.
Libertad de expresión y de reunión. Tortura y malos tratos cometidos por las autoridades. Derechos de refugiados e inmigrantes. Impunidad. Derecho a la vivienda. Violencia contra las mujeres. Son las materias en las que Amnistía Internacional suspende a España en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo. Distintas organizaciones sociales coinciden con el veredicto.
El informe anual 2016-2017 de Amnistía Internacional (AI), reflejó lo “inadecuado” que se ha convertido España en materia de refugiados. Asegura que no ha cumplido el compromiso que adquirió en virtud de los programas de reasentamiento de recibir 1.449 refugiados de Oriente Medio y Norte de África. Hasta diciembre, solo habían llegado a territorio español 289. Respecto a la cuota de refugiados procedentes de Italia y Grecia, que asumió como parte del programa de reubicación de la UE: solo han llegado 609 (datos de diciembre) de las 15.888 refugiados comprometidos.
El informe publicado por AI documenta las condiciones inhumanas en las que viven muchos inmigrantes en centros de Grecia y las devoluciones ilegales de solicitantes de asilo a Turquía. La organización ha asegurado que estas medidas vulneran los derechos que amparan a estas personas en virtud de la legislación internacional.
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que Francia no está prestando a los migrantes, niños incluídos, el derecho a la búsqueda de asilo en su frontera con Italia. La organización lamenta, en un comunicado, que las autoridades galas «no aplican las garantías y no respetan los derechos de las personas que controlan en la frontera». En lugar de eso, continúa la queja de Amnistía, los están deteniendo y devolviendo a Italia.
La suspensión de la orden decretada por Donald Trump se mantendrá hasta el próximo 21 de febrero, según la orden de emergencia emitida por Ann Donnelly contra la aplicación de la prohibición impuesta a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La queja la cursó la American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de Hameed Khalid Darweesh y de Sameer Abdulkhaleq Alshawi, dos ciudadanos iraquíes que fueron detenidos al llegar al aeropuerto JFK de Nueva York.
La polémica decisión de Trump y su política migratoria ya están retumbando fuera de las fronteras norteamericanas. Angela Merkel, Theresa May, François Hollande o Justin Trudeau son algunos de los líderes mundiales que se han manifestado en contra de esta orden ejecutiva firmada por Trump, que además ha tenido que enfrentarse a la dura oposición de miles de ciudadanos que han salido a las calles para mostrar su apoyo a los inmigrantes musulmanes y su rechazo a las políticas xenófobas del nuevo presidente.
Varios organismos como Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Internacional para las Migraciones han mostrado su preocupación al respecto y han tildado la medida de «dañina» y «descorazonadora». Además, según Amnistía Internacional, el veto impuesto por Trump traerá «consecuencias catastróficas».
Donald Trump ha levantado la polémica una vez más al afirmar que el método de tortura basado en el ahogamiento simulado funciona, y que estaría dispuesto a reintroducir esta técnica en los interrogatorios.
En una entrevista en la cadena estadounidense ABC, Trump dijo: “quiero mantener nuestro país seguro”. Además, añadió que ha hablado “con gente de los más altos niveles de los servicios de inteligencia y les he preguntado ‘¿funciona?’, y la respuesta fue ‘sí, absolutamente”.
A pesar de estar de acuerdo con utilizar este método de tortura, Trump aseguró que consultaría antes con James Mattis, Secretario de Defensa, y con Mike Pompeo, director de la CIA, y dijo que “si no quieren hacerlo, está bien”.
Una de las tres ejecutadas es una kuwaití condenada por haber prendido fuego a una carpa durante su boda, matando a 57 personas, principalmente mujeres y niños. La mujer, cuyo caso conmocionó al país, afirmó durante su juicio haber querido vengarse de su marido. Las otras dos son una filipina y una etíope, empleadas domésticas que, según la justicia kuwaití, asesinaron a miembros de las familias para las que trabajaban. Por su parte, el jeque Faysal Abdalá Al Jaber Al Sabah, el primer miembro de la historia de la familia real que es ejecutado, había sido condenado por matar de un disparo en 2010 a otro miembro de su familia con el que tenía un conflicto. Los otros ejecutados son dos egipcios condenados por asesinato con premeditación y un bangladesí condenado por secuestro y violación.
Ante las críticas, el texto fue cambiado por: «Antes de pedir beneficiarse del programa, se recomienda a las embarazadas considerar cuidadosamente los riesgos potenciales para la salud y la vida de la madre y el feto». La agencia gubernamental ha salido al paso de la denuncia este miércoles asegurando que el objetivo del programa no es «rescatar a los desfavorecidos sino formar a personal» para la reconstrucción de Siria. Sin embargo, Amnistía Internacional insiste en que el programa «reduce las posibilidades para las mujeres» que quieren obtener el estatuto de refugiado.
El año pasado, Japón aceptó a 27 refugiados, entre ellos tres sirios, de las 7.500 solicitudes de 69 países, según cifras oficiales. El primer ministro, Shinzo Abe, anunció en mayo que su país aceptaría acoger a 150 estudiantes sirios en cinco años a partir de 2017. Después, aseguró que también permitiría la entrada a familiares de los estudiantes.
Difundir información en las redes es importante, pero no suficiente. Aquí la información para ayudar efectivamente la los civiles de Alepo
«A pesar de que los clientes prometen que no hay explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas seguirán beneficiándose de abusos espantosos, lo que sorprenderá a cualquier consumidor que piense que está realizando una buena acción al comprar productos con aceite de palma sostenible», señala Meghna Abraham, investigadora sénior en Amnistía Internacional. Algunos de estos productos que se venden como «sostenibles» son los jabones Dove, la sopa Knorr, el detergente Ariel, la pasta de dientes Colgate, el helado Magnum o el KitKat. En su informe, la ONG denuncia que Wilmar, el mayor productor de este tipo de aceite en todo el mundo, utiliza niños de hasta ocho años como trabajadores en sus plantaciones. Muchos de ellos deben abandonar la escuela y ayudar a sus padres en las cosechas, realizando tareas peligrosas que requieren un gran esfuerzo físico. «Algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el trato atroz que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, ganando además una miseria”, añade Abraham.
Un tribunal de Vietnam rechazó este miércoles la apelación a la condena a 20 meses de prisión impuesta contra la activista Can Thi Theu. Can Thi Theu, de 54 años, fue detenida el 10 de junio pasado acusada de alterar el orden público por manifestarse ante oficinas gubernamentales contra la confiscación de tierra y condenada en septiembre por un tribunal de Hanoi. Can Thị Theu, de 53 años, comenzó a residir en Dương Nội, una aldea a las afueras de Hanói, tras casarse con un granjero local. Pero en 2007 el gobierno les quitó sus tierras, y ella se convirtió en una activista por los derechos sobre la tierra. Theu cuenta en Loa, un portal independiente de noticias y podcast sobre noticias de Vietnam, que el gobierno pagó a su familia tan sólo 200.000 đồng (9 dólares estadounidenses) por metro cuadrado, pero en el mercado lo venden a un precio inicial de 31 millones de đồng por metro cuadrado. Es decir, 200 veces más. «Este precio injusto y la dificultad para encontrar trabajo llevan a la gente a la pobreza y al desempleo. Es por eso que nos oponemos al embargo de nuestras tierras. Nos están robando con estos precios», denuncia esta granjera. La legislación de la República Socialista de Vietnam considera las tierras propiedades comunitarias. Esto supone que las tierras de una familia campesina pueden ser confiscadas incluso si han trabajado en ellas durante generaciones.
Organizaciones pro derechos humanos, como HRW, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras, reclaman desde hace tiempo al régimen comunista de Vietnam que ponga fin a los encarcelamientos arbitrarios de activistas y blogueros y libere a todos los presos políticos.
«La mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad siria, se quedan estancadas en el limbo que supone Ceuta y Melilla, donde tienen miedo de pedir asilo, por si se prolonga su estancia en los CETI. No se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península y los colectivos vulnerables no están recibiendo la atención que necesitan”, denuncia.
Muchas de las personas subsaharianas con las que se ha entrevistado Amnistía Internacional y que han intentado en alguna ocasión cruzar la frontera relatan violaciones de derechos humanos a ambos lados. La valla no es la única manera de llegar a estos enclaves españoles. En ocasiones, las personas migrantes y refugiadas también se juegan la vida a nado o en pequeñas embarcaciones.
“Imaginen lo que es vivir en un campo de refugiados en el que te da miedo hasta ir al retrete, o lo que es sufrir acoso sexual a diario en tu comunidad de acogida a causa de tu género o tu identidad”, ha dicho Catherine Murphy, directora en funciones del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional. Un ejemplo de esto es la experiencia de un grupo de mujeres que tuvo que atravesar Libia: cuentan que, durante las rutas de tráfico de personas, las violaciones son tan habituales que decidieron tomar la píldora anticonceptiva para evitar embarazos.
Además, el hecho de que muchas de estas mujeres no cuenten con un permiso de residencia válido o un documento de identidad en regla hace que les dé miedo denunciar las agresiones, pues se exponen a ser sancionadas o deportadas.
Un portavoz del ejército dijo a la agencia Reuters que la acusación de Amnistía, la última de una serie de denuncias llevadas a cabo en el marco de una campaña de la organización contra los militares nigerianos en el último año, con intención de manchar la reputación de las fuerzas de seguridad». También la policía ha asegurado que no ha disparado contra ninguna persona que estuviera participando en manifestaciones.
“Asesinatos ilegales de hombres jóvenes y aterrorizar a sus familiares para que guarden silencio, parece ser la alternativa a una investigación adecuada de los crímenes. Durante las dos últimas décadas, el plan de lucha contra el crimen basado en ‘la violencia se combate con violencia’, no sólo es cortoplacista sino que además de se ha demostrado ineficaz para ir a la raíz de las causas de la violencia”.
Jamaica tiene desde hace tiempo una de las mayores tasas de criminalidad del mundo. Sólo en 2015 se produjeron 43 asesinatos por 100.000 habitantes. El 8% de ellos fueron a manos de miembros de las fuerzas del orden. Desde el año 2000 sus miembros han sido acusados de la muerte de más de 3.000 personas, la mayoría hombres jóvenes residentes en zonas marginales. A pesar de la demostrada participación de la policía en esos crímenes, según Amnistía Internacional, sólo un puñado de ellos han sido condenados por asesinato desde entonces.
Según el informe, tres de las víctimas formaban parte de un grupo de unos 10 hombres y un niño que se entregó a los militares el pasado 21 de octubre. Los hombres agitaron un pañuelo blanco y se levantaron las camisas para mostrar que no llevaban cinturones explosivos, pero les llevaron a un lugar aislado donde fueron brutalmente golpeados. A uno de ellos incluso le prendieron fuego a su barba. El mismo día, otra víctima fue detenida a la fuerza y su cuerpo apareció sin vida una semana después, mientras que un hombre fue acribillado a balazos tras echar a correr tirando su ropa para demostrar que tampoco llevaba explosivos. El sexto hombre fue encontrado con heridas de bala en el pecho y la barbilla en la región de Shura, al sur de Mosul.
La elección de Meng se produce mientras el presidente chino Xi Jinping está tratando de dar un impulso a su campaña de cuatro años contra la corrupción, incluido el regreso de ex funcionarios y otros sospechosos que huyeron del país. China aportó en abril de 2014 a Interpol una lista de sus 100 supuestos delincuentes más buscados del país, de los cuales, cerca de un tercio han sido repatriados para enfrentarse a la justicia china.
La acción anticorrupción está liderada por el órgano de control interno del Partido Comunista, el altamente secreto Comité Central para la Inspección y Disciplina, en vez de por la policía, provocando dudas sobre su seguridad y legitimidad. Más de un millón de funcionarios han sido objeto de castigos de diferentes tipos. Además, la Policía china y el sistema judicial han sido criticados por abusos, confesiones bajo tortura, arbitrarias prohibiciones para viajar, desaparición y detención sin cargos de disidentes políticos y familiares de éstos. Todo esto ha provocado reticencias entre muchos países occidentales a la hora de firmar acuerdos de extradición con China o devolver sospechosos buscados por crímenes no violentos.
Dadas estas circunstancias, la elección de Meng es “alarmante”, ha dicho Maya Wang, responsable de un grupo de trabajo con sede en Hong Kong vinculado a Human Rights Watch. “El nombramiento de Meng probablemente anime y fomente los abusos en el sistema”, ha declarado. En parecidos términos se ha manifestado Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental. Meng sustituye en el cargo al frente de Interpol a la francesa Mireille Ballestrazzi, durante los próximos cuatros años. China entró en la organización 1984.
«Las presiones de la Unión Europea sobre Italia para que sea más ‘dura’ con los inmigrantes y los refugiados han llevado a expulsiones ilegales y a malos tratos que, en algunos casos, son asimilables a la tortura», escribe la ONG en un informe. Amnistía reunió 24 testimonios de personas que fueron maltratadas, 15 de las cuales recibieron golpes, incluso con porras eléctrica. «Utilizaron una porra eléctrica varias veces contra mi pierna izquierda, después sobre la derecha, sobre el pecho y el vientre. Estaba demasiado débil para resistir y tomaron mis dos manos» para obtener a la fuerza las huellas dactilares, explicó un sudanés de 16 años. Un hombre de 27 años relató por su parte haber sido obligado a sentarse en un silla de metal con un agujero a través del cual la policía usó pinzas con sus testículos.
Por su parte, la policía se ha pronunciado al respecto y ha negado rotundamente estas acusaciones. «Niego categóricamente que se utilicen métodos violentos contra inmigrantes, bien sea durante su identificación o su repatriación», ha afirmado en un comunicado el jefe de la policía italiana, Franco Gabrielli.
Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional en Rusia, ha informado sobre los hechos a través de su cuenta de su cuenta de Twitter, donde ha compartido la foto que encabeza estas líneas junto con el siguiente comentario: «La oficina de Amnistía Internacional en Moscú ha sido precintada». Nikitin ha explicado a medios locales que la organización alquila el local directamente al Estado ruso y que siempre han pagado religiosamente el alquiler. Todavía se desconocen cuáles podrían ser las causas de lo sucedido, pero algunos medios apuntan a que la razón podría estar en la opinión de Nikitin sobre el endurecimiento de la ley antiterrorista, la cual considera «agente extranjero» a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación exterior. En respuesta a esta medida, John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado: «No sabemos qué ha hecho que las autoridades de Moscú impidan a nuestro personal el acceso a nuestra oficina; ha sido una sorpresa desagradable que hemos recibido sin previo aviso.Dado el clima actual para la sociedad civil en Rusia, hay sin duda un número indefinido de explicaciones plausibles, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. Estamos trabajando para resolver la situación con la mayor rapidez posible y confiamos en que haya una simple explicación administrativa a este revés para nuestro trabajo».
Zeinab Sekaanvand fue detenida y condenada después de lo que Amnistía Internacional califica de «juicio manifiestamente injusto». Entonces contaba con 17 años de edad. «No sólo era menor, sino que además se le negó un abogado y asegura que fue torturada tras su detención por varios agentes de sexo masculino con golpes por todo el cuerpo», señala Philip Luther, director de investigación y defensa para Oriente Medio y norte de África en la ONG. En la última década, Irán ha ejecutado al menos a 73 menores delincuentes, según un informe de Amnistía.
El embajador de Sudán en la ONU, Omer Dahab Fadl Mohamed, asegura que el informe es «completamente infundado» e insiste en que Sudán no posee ningún tipo de arma química. «Las acusaciones carecen de fundamento. El objetivo es crear confusión en los procesos en curso destinados a la determinación de la paz y la estabilidad en Sudán». Por su parte, Amnistía ha presentado sus pruebas a dos expertos en armas químicas independientes y ambos llegaron a la conclusión de que es «evidente» el uso de agentes químicos como gas mostaza de azufre, lewisite o mostaza nitrogenada.
Darfur se ha visto sacudido por el conflicto desde 2003, cuando los grupos étnicos se rebelaron contra el Gobierno. Según la ONU, unas 300.000 personas han muerto, 2,5 millones han sido desplazadas y 4,4 millones necesitan ayuda urgente.
En sus relatos que se recogen en el informe publicado el miércoles, los ex prisioneros hablan del uso de barras de metal y cables eléctricos como medios de tortura, además de denunciar violaciones sistemáticas y palizas de los funcionarios de prisiones.
La cifra de muertos en las cárceles incluye el periodo comprendido entre marzo de 2011, cuando comenzó el alzamiento contra el gobierno del presidente Bashar Assad y diciembre de 2015, lo que supone en torno a 10 muertos diarios o más de 300 al mes, alerta el trabajo de Amnistía Internacional.
El decreto establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar durante un mínimo de 60 días en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos. Transcurridos ese periodo pueden ser renovados automáticamente por un período extra de otros 60 días tras lo que se les permitirá regresar a sus trabajos originales. La medida forma parte de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que también encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos.
Esta última medida estatalista ha sido rechazada de inmediato por organizaciones como Amnistía Internacional, que la califican como «trabajo forzado». “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización. La ONG advierte de que las políticas «obstinadas» del presidente Maduro «están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo».
En este sentido, insta al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura –CPT– a hacer una visita de emergencia a Turquía para velar por las condiciones de detención. El CPT es el único órgano autorizado a efectuar visitas sobre el terreno a todos los lugares de reclusión de detenidos en Turquía, eligiendo libremente el momento y el lugar. Por su parte, las autoridades turcas se han pronunciado al respecto calificando de «absurdas» las acusaciones.
Por otro lado, 42 niños de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela militar de Kuleli, la más antigua de su categoría en Estambul, han sido detenidos y enviados a varias cárceles del país y no se les permite hablar con sus padres. Además, 42 periodistas también han sido detenidos acusados de «conspirar» contra el Gobierno.
Durante los últimos días, miles de personas afines al Gobierno y a la oposición, se han manifestado en la céntrica plaza de Taksim, en Estambul, condenando el fallido golpe militar, pero también pronunciándose contra toda deriva nacionalista o islamista.
«Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores», afirma Tanya Lokshina, directora general de investigación de HRW para Europa y Asia Central. El informe ‘You Don’t Exist’. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances and Torture in Eastern Ukraine está basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. La mayoría de los casos descritos con detalle en el informe son de 2015 y el primer semestre de 2016. Es el caso de Vadim, de 39 años, que fue detenido y torturado por ambos bandos. En abril de 2015, hombres armados lo secuestraron en un puesto de control atendido por las fuerzas ucranianas, le metieron la cabeza dentro de una bolsa y lo interrogaron sobre sus presuntas conexiones con separatistas apoyados por Rusia, además lo torturaron con descargas eléctricas, lo quemaron con cigarrillos y lo golpearon. Vadim pasó más de seis semanas en cautividad. Sin embargo, su infierno continuó cuando al ser liberado, inmediatamente fue detenido por separatistas pro rusos que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad. Estuvo más de dos meses detenido en régimen de incomunicación en una cárcel no oficial en el centro de Donetsk, donde también fue golpeado y sometido a otros malos tratos por sus captores.
En prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros. Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener “moneda de cambio” en caso de hacer intercambios de prisioneros, señala Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Según el informe, estudiantes, activistas pro Derechos Humanos, manifestantes y hasta niños de sólo 14 años de edad, desaparecieron sin dejar rastro tras ser capturados en sus propias casas por las fuerzas de seguridad egipcias. En el documento publicado por la organización, se denuncian horribles torturas, como descargas eléctricas en genitales, brutales palizas y violaciones que habrían sido llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto, dependiente del Ministerio de Interior. La mayoría de los desaparecidos eran partidarios de Mohamed Morsi, condenado a muerte y finalmente sustituido por el actual presidente Abdel-Fatah al-Sisi. El informe también menciona el caso del italiano Giulio Regeni, estudiante graduado de Cambridge que fue encontrado muerto con signos de tortura en El Cairo, considerándolo como la «punta del iceberg» de un problema que afecta a cientos de egipcios que son interrogados, torturados y encarcelados cada día por las autoridades.
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