Andrés Cortabitarte asegura en el juicio por el accidente que costó la vida a 80 personas que no tenía competencias para evaluar los riesgos de la velocidad
A la salida de la primera vista, el exdirectivo de Adif imputado ha sido agredido por uno de los padres de las víctimas que le ha propinado un puñetazo
Las víctimas sostienen que en ‘Frankenstein 04155’ se encuentran muchas respuestas. Este miércoles comienza el juicio, nueve años después del siniestro
Los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, que han comparecido este lunes en la comisión parlamentaria de investigación del accidente del Alvia, han negado que hubiese prisas para abrir la línea o que se diesen instrucciones políticas para no reabrir la investigación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 208 votos a favor y 135 en contra, la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, que costó la vida a 80 personas y dejó heridas a 152.
La Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación de víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela que hace cuatro años causó 81 muertos y 140 heridos, se han manifestado este lunes para pedir justicia y una comisión de investigación que aclare los motivos de este trágico suceso. La asociación asegura que el único partido político que no apoya esta comisión en el Congreso es el Partido Popular.
El documento de la Agencia europea concluye que el equipo que participó en la investigación de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) «no garantizó la independencia» de la misma; que «el énfasis del informe de la CIAF se centró en la causa directa (un error humano) y no ofreció ninguna respuesta a cuestiones esenciales sobre el origen de las causas»; que la ausencia de preguntas tiene que ver con la composición del equipo investigador (como Renfe y Adif)». El informe añade que «el equipo investigador no cumplió con las exigencias de independencia que establece la Directiva de la Agencia de Seguridad Ferroviaria» y, por tanto, «la obligación de investigar el accidente no se ha realizado de forma correcta».
La Agencia Europea entiende que, «dada la gravedad del accidente», debería hacerse una nueva investigación independiente, para lo cual, ofrece la participación de expertos propios en la misma. El Gobierno del PP siempre ha aceptado como válido el informe de la Comisión en el que se achacó el accidente a un error humano cometido por el maquinista del tren siniestrado, a pesar de las denuncias y avisos que Adif y Renfe conocían sobre la peligrosidad de la curva en la que descarriló el Alvia en 2013 y la falta de mecanismos de seguridad. Ahora, la UE cuestiona las conclusiones oficiales españolas en este demoledor informe.