El Gobierno de EEUU considera que Cataluña es “un asunto interno” español y está “profundamente comprometido a mantener la relación con una España fuerte y unida”, según afirma este miércoles en un comunicado la Embajada estadounidense en Madrid.
Un 48.5% de los catalanes está a favor de la permanencia de Cataluña en España, frente a un 44.3% que apoya la opción contraria. Son los datos que arroja el primer Baròmetre d’Opinió Política de 2017, elaborado por Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. La diferencia de 4.2 puntos porcentuales triplica la cifra del último barómetro, de diciembre del año pasado. Entonces, un 45.1% de los catalanes estaba a favor de la permanencia, frente a un 44.9% que apoyaba la secesión.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dado a conocer sus demandas soberanistas en Estados Unidos
El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la semana pasada le condenó a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar una consulta independentista el 9 de noviembre de 2014, calificada ilegal por el alto tribunal.
El presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, y el líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, han reiterado su petición al Gobierno de Madrid la celebración de un referéndum legal sobre la independencia Cataluña siguiendo el ejemplo de Escocia.
Escribo estas líneas sabiendo que este lunes se hará público en El País un artículo firmado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Desconozco aún su contenido, pero todo apunta a que será el enésimo intento de la Generalitat de pedir diálogo e intentar salvar los pocos muebles que le quedan. Y a la antigua Convergència, una salida digna para el atzucac donde se ha metido.
Miles de personas se han manifestado en Barcelona contra el “golpe separatista” en Cataluña bajo el lema Aturem el cop separatista (Paremos el golpe separatista), informan varios medios. Según el Ayuntamiento de Barcelona, fueron 6.500 las personas movilizadas, una cifra que los organizadores elevan a 15.000.
Sobre las 09.30, media hora más tarde de lo previsto, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau se personaban en el Tribunal Constitucional para declarar por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. “Vamos con la cabeza bien alta, lo volveríamos a hacer”, afirmaba este domingo el expresidente de la Generalitat. A primera hora de este lunes el presidente Carles Puigdemont ha afirmado en una escueta declaración institucional que la causa del 9-N “nunca tendría que haber llegado a los tribunales”. La Fiscalía pide diez años para Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación y nueve para sus colaboradoras.
En Bruselas, ante la abarrotada sala del Parlamento Europeo, Puigdemont subrayó que, en septiembre de 2017 “Cataluña celebrará un referéndum vinculante” sobre su independencia. “Si es pactado, mucho mejor”, pero si no, “lo organizaremos igualmente”, apuntó. Durante su discurso, el presidente catalán contó con la presencia de una veintena de eurodiputados, aunque la gran mayoría catalanes, y sin un solo alto cargo de las instituciones europeas. “Bruselas tiene que demostrar que las reclamaciones de los ciudadanos de toda la Unión son escuchadas”, sino “sería vista como parte del problema y no de la solución”, aseguró por su parte el consejero catalán de Exteriores, Raül Romeva. La respuesta, sin embargo, hasta el momento de las instituciones europeas ha sido la misma: la cuestión del referéndum es un asunto interno de España. Y el portavoz del ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, dijo simplemente este martes que están “al tanto” del acto en la Eurocámara.
“2017 es el año en el que acaba un proceso y comienza una era”, aseguró el dirigente independentista en una conferencia pronunciada en el Teatro Romea de Barcelona. A pesar de los llamamientos que, desde le Gobierno central y de partidos como Ciudadanos y otros dirigentes autonómicos, se han hecho en los últimos días para que el presidente catalán acudiera a esta conferencia, que hacía cinco años que no se celebraba, Puigdemont ha querido marcar las distancias que la Generalitat mantiene respecto a la hoja de ruta para celebrar este año una consulta popular sobre la independencia de Cataluña.
Uno de los acuerdos a los que se pretende llegar durante las sesiones de debate es establecer un cónclave como órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, además de que se celebre esta conferencia cada año. En las sesiones, el objetivo es intercambiar opiniones sobre temas comunes como la financiación autonómica, el coste de la ley de dependencia, el reto demográfico, el empleo público o la ley educativa. Asuntos que, para el presidente catalán, no son suficientes. Su ausencia, aseguró, obedece también a “la falta absoluta de reconocimiento” de la realidad de Cataluña. Rajoy, por su parte, ha asegurado a través de su Twitter que “escuchamos las propuestas de todos, apostamos por el diálogo”. En la rueda de prensa posterior a la reunión, ha destacado de entre los acuerdos alcanzados, la puesta en marcha de los trabajos para un nuevo sistema de financiación autonómica en el que, ha advertido, “no caben imposiciones” sino un acuerdo de todas las Comunidades.
En junio de este año, el 42,4% de los encuestados estaba en contra de la independencia de Cataluña, frente al 47,7% que la deseaba, lo que supone una variación de dos puntos a favor de que la Comunidad siga formando parte de España, e indica que la opción independentista va perdiendo apoyos con el paso del tiempo.
Así se desprende también de la encuesta cuando pregunta por las preferencias de voto si se celebraran elecciones ahora en Cataluña. En este sentido, Junts pel Sí bajaría de los 62 escaños que tiene ahora en el Parlament y pasaría a una horquilla de entre 59 y 61 diputados. La CUP también bajaría y obtendría entre seis y ocho escaños, frente a los diez que tiene en este momento. En el mejor de los casos, ambas formaciones independentistas sumarían 65 escaños, por debajo de los 68 diputados necesarios para la mayoría absoluta.
También Ciudadanos perdería entre uno y tres escaños. En la actualidad tiene 25 escaños y se quedaría con 22-24 diputados. El PSC obtendría entre uno y dos escaños más de los 16 actuales mientras que el PP se quedaría con los 11 que tiene o uno más. El partido que más subiría si hubiera ahora elecciones es Catalunya Sí Que Es Pot (CQSP), donde están Podemos e Iniciativa per Catalunya, que subiría de 11 a 14-15 diputados, según la encuesta.
Parapetados tras unas enormes letras que formaban la palabra “democràcia” (democracia) cientos de personas, entre ellas diputados, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el ex presidente Artur Mas y el vicepresidente Oriol Junqueras, han acompañado a Forcadell antes de entrar a declarar ante el juez. El cortejo ha cruzado a pie, de forma solemne y entre gritos de “independencia” y portando esteladas, el Parc de la Ciutadella hasta el Palacio de Justicia, situado a apenas 500 metros. Durante la marcha se han podido escuchar gritos de “Forcadell no estás sola”, “Valiente”, “Esto va de democràcia” o “Fuera, fuera fuera, la justicia española”. El independentismo considera la citación de Forcadell un “ataque” a la misma institución del Parlament y, por ende, a todos los ciudadanos catalanes.
Forcadell ha declarado como investigada durante poco más de media hora, en una comparecencia en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora y de la Fiscalía, a los que ha reprochado que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament. Su declaración se produce en una semana en la que el Tribunal Constitucional ordenó suspender cautelarmente el plan de ruptura con España que el Parlament aprobó el pasado 6 de octubre.
La marcha se ha descentralizado este año y la gente ha salido a las calles de Barcelona, Tarragona, Lleida, Berga (Barcelona) y Salt (Girona). En cada una de las ciudades se ha leído una parte del manifiesto en la que se reclamaba “la anhelada república catalana”. Al final del discurso los asistentes han levantado una cartulina amarilla al aire y la movían simbolizando un estruendoso latido del corazón de una futura República catalana.
De todas las figuras públicas que han asistido a la convocatoria, hay una que guarda especial significado por el precedente que marca. El presidente Catalán, Carles Puigdemont, se ha convertido en el primer presidente de la Generalitat que acude al acto independentista de la Diada. Puigdemont ha insistido durante esta jornada reivindicativa que la Generalitat seguirá con su proceso de desconexión del Estado, aunque su intención es buscar una solución pactada con el Estado. Esa posición volverá a escenificarse el próximo 28 de septiembre, cuando el Gobierno catalán se someta a una cuestión de confianza. Tras esa fecha, el presidente pretende seguir la ruta marcada hasta convocar unas nuevas “elecciones constituyentes” para después de la Diada de 2017.
El 11 de septiembre es el día de la fiesta nacional en Cataluña, la Diada. The Objective ha hablado con representantes de algunas formaciones políticas para tratar de comprender la polémica que rodea esta festividad. Este año, además, marcada por el 40 aniversario de la primera Diada que se celebró tras la dictadura franquista. Un multitudinario acto convocado en Sant Boi de Llobregat en 1976 por la Assamblea Nacional Catalana (ANC).