El Gobierno de Colombia pacta un alto el fuego «unilateral» con la disidencia de las FARC
El Ejecutivo de Gustavo Petro afronta su tercer proceso de paz después de los del ELN y el EMC
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«Dicen que Sánchez se mueve en ‘el principio de ambigüedad’, el único que le permite las carambolas que abandonan la socialdemocracia a favor del ‘pedrismo’»
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado este lunes por unanimidad una nueva misión en Colombia para ayudar a los exrebeldes marxistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a reintegrarse en la sociedad tras más de medio siglo de conflicto armado, tal y como informa la agencia AFP.
Los cuerpos de algunas de las víctimas de la avalancha en Colombia ya han sido entregados a sus familias y muchos de ellos ya han sido enterrados. Las inundaciones y derrumbes causaron la muerte de al menos 273 personas, y los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos entre los escombros con perros y máquinas, aunque han perdido la esperanza de encontrar supervivientes.
La multinacional Gas Natural Fenosa ha solicitado este miércoles el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de su filial Electricaribe
El portavoz de las FARC, ‘Pastor Alape’, ha asegurado que esta semana terminarán los ajustes logísticos que permitirán la entrega a las autoridades de los 23 niños que aún siguen retenidos. “Se están buscando lugares de acogida transitorios para estos menores con el fin de garantizarles los derechos y que sean cobijados por los acuerdos de paz para evitar que en un futuro tengan problemas jurídicos”, ha explicado el portavoz.
No obstante, ‘Pastor Alape’ ha criticado que el primer grupo de menores liberados “ o no ha tenido contacto con sus familias o las visitas se generan junto a un consejero”, añadiendo que esta situación es peor que estar en una cárcel. La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, le ha contestado que trece de los menores liberados el pasado mayo están con sus familias y otros cuatro están protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, el Alto Comisionado para la Paz y negociador del Gobierno, Sergio Jaramillo, ha pedido a la guerrilla que cumplan con todo lo pactado.
“Se ha concluido que la situación financiera de Electricaribe puede llevarla a una inminente cesación de pagos”, ha informado el organismo público colombiano que añade que según la información de la que dispone, todo “apunta a que Electricaribe no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas ha informado el organismo público colombiano”. “La toma de posesión de Electricaribe está respaldada por el mandato que la Constitución Política colombiana le impone al Estado, en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional” , explicó el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.
Desde Gas Natural Fenosa se explica que la empresa colombiana “padece fuertes tensiones de tesorería a consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de 4.052.080 millones de pesos colombianos (1.260 millones de euros) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo. La empresa española explica que ya “activó hace unos meses el proceso de conversaciones para tratar de resolver de manera negociada la situación de la compañía”. Gas Natural Fenosa tiene una participación del 85,38% en el capital de Electrificadora del Caribe.
Tras el resultado contrario al acuerdo de paz, el propio Santos expresó su deseo de dialogar con todos los sectores de la sociedad colombiana para rehacer el pacto y lograr una paz definitiva y duradera para el país. Una voluntad que ha reiterado ahora al subrayar que “en un diálogo abierto y democrático, lograremos la reconciliación y la paz que queremos y merecemos los colombianos para seguir avanzando hacia la unión, hacia la reconciliación sobre las bases de un nuevo acuerdo». Un diálogo que ha servido al Gobierno para escuchar las inquietudes ciudadanas. Para el presidente es importante acelerar el proceso de paz y por eso ha enviado durante el fin de semana a La Habana un segundo grupo de negociadores para abordar cuestiones concretas. «Por eso les dije a los negociadores: ‘Métanle el acelerador'», comentó en tono informal, aprovechando un acto con campesinos en la región de Santander a quienes escuchó sus propuestas para mejorar el acuerdo de paz.
El 2 de octubre, el 50,21% de los colombianos votó ‘no’ al acuerdo de paz, dejándolo sin efecto. Ahora, el objetivo del Gobierno es reabrir las negociaciones con las FARC pero con una delegación más plural en la que participen también los partidarios del ‘no’.
La existencia de grandes extensiones de terrenos rurales abandonados durante décadas debido a la guerra podrán aprovecharse ahora para su utilización por parte de ex miembros de las FARC para trabajos comunales y otras iniciativas previstas por el grupo. Proyectos económicos, muchos planeados para el futuro y otros ya en marcha, estarán dirigidos por el grupo para emplear a algunos de sus 7.000 ex combatientes.
En su alocución, realizada desde Cuba, el jefe de la delegación de paz de las FARC y ‘número dos’ de la guerrilla ha reiterado el compromiso de la organización de no repetir este tipo de acciones y ha expresado su deseo de «que dichas prácticas queden sepultadas para siempre con la guerra que termina» después de más de 5o años de enfrentamientos.
El Gobierno de Santo y FARC anunciaron el 24 de agosto un acuerdo de paz definitivo que será sometido a una consulta popular el próximo 2 de octubre en Colombia.
El acuerdo deberá ser enviado al Congreso, que será el encargado de convocar el plebiscito para su puesta en vigencia. Antes de ello, las FARC lo presentarán en una Conferencia Nacional, en la que deben aprobar el texto y refrendar su decisión de dejar la lucha armada. «Logramos un acuerdo que, por donde se mire, es infinitamente mejor que continuar la guerra”, ha afirmado el mandatario Santos en una declaración transmitida por televisión, desde Bogotá, tras el anuncio de la conclusión de las negociaciones.
El texto del acuerdo final será remitido al Congreso para que se convoque un plebiscito de manera que los ciudadanos expresen su apoyo o su desaprobación. El Gobierno de Colombia quiere que esa votación se realice a más tardar a inicios de octubre. Las FARC también presentarán ante un congreso interno este documento, en el que se establece su renuncia a la lucha armada para transformarse en una organización política.
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