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  • Acusadas cinco personas por intentar asesinar al primer ministro de Etiopía en su mitin

    La Fiscalía de Etiopía ha acusado este viernes a cinco personas de cargos de terrorismo por su supuesta implicación en un ataque con bomba con la intención de asesinar al primer ministro, Abiy Ahmed, durante un mitin en Adís Abeba el pasado 23 de junio, ha informado el diario local The Reporter. La Fiscalía ha explicado que los acusados querían asesinar al primer ministro porque consideraban que estaba ocupando el puesto que pertenecía al Frente Oromo de Liberación (OLF). El ataque fue organizado por Genet Tamiru, una mujer de Etiopía residente en Kenia, según la Fiscalía.

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    Además, el Gobierno ha prohibido el acceso a internet en la capital Addis Abeba y WhatsApp ha sido fuertemente restringido, todo para dificultar la convocatoria de protestas y manifestaciones. El acceso a medios de comunicación extranjeros, como Deutsche Welle y Voice of America, también ha sido limitado y los canales de televisión ESAT y Oromia Media Network han sido vetados.  Por otro lado, las nuevas reglas implantadas tras el estado de emergencia prohiben a los ciudadanos llevar a cabo ciertos gestos como cruzar los brazos por encima de la cabeza en forma de ‘X’, un símbolo que se popularizó aún más tras los Juegos Olímpicos de Río cuando el medallista olímpico Feyisa Lilesa cruzó la línea de meta con los brazos cruzados en alto como protesta contra el ensañamiento llevado a cabo en Etiopía contra los Oromo.

     

  • Etiopía declara el estado de emergencia tras meses de protestas y cientos de fallecidos

    Las protestas se reavivaron aún más esta semana en la región de Oromia después de que decenas de personas fallecieran en una estampida el pasado 2 de octubre, provocada por los disparos de la policía que irrumpieron en una ceremonia religiosa. La cifra oficial de fallecidos dada por el Gobierno es de 55 personas, sin embargo, la oposición asegura que son más de 100.

    En el último año, el número de muertos en disturbios y enfrentamientos entre la policía y manifestantes asciende a 500 personas, según la organización Human Rights Watch. Por su parte, el Gobierno asegura que esas cifras están «infladas» y niega la violencia «sistemática» por parte de las fuerzas de seguridad. En agosto, una solicitud de Naciones Unidas para enviar observadores al país etíope fue rechaza. Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron en noviembre de 2015 entre los Oromo, el mayor grupo étnico de Etiopía. Más tarde se extendió a los Amhara, el segundo grupo más popular.

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    Los testigos han informado que las personas fueron aplastadas y otros cayeron en zanjas mientras trataban desesperadamente de escapar de la policía. Tras los hechos, cientos de personas han salido a la calle a manifestarse pacíficamente contra el gobierno, cruzando sus brazos por encima de la cabeza, un gesto que ya pudimos ver durante las olimpiadas de Río, cuando el atleta etíope Feyisa Lilesa cruzó la línea de meta con los brazos en cruz, algo que se ha convertido en símbolo de protesta entre los oromo frente a las autoridades etíopes.

    Las banderas de todo el país y las que lucen en embajadas y consulados de Etiopía se reducirán a media asta a partir del martes, según ha informado la agencia estatal del noticias.

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    Lilesa cruzó la meta haciendo un gesto simulando estar esposado -un gesto de apoyo a su etnia, los Oromo que está siendo masacrado por el gobierno etíope-. «Lo hice por mis familiares que están en prisión. Me da miedo hablar con ellos en la cárcel porque si hablas te matan», ha comentado en una rueda prensa. Aunque Lilesa asegura que su gesto podría costarle la vida, no va renunciar a sus ideas. «Si regreso a Etiopia probablemente me matarán. Si no me matan, me mandarán a la cárcel. Si no me envían a la cárcel, no me dejarán salir del aeropuerto, pero yo tomé una decisión. Posiblemente me traslade a otro país».
    Los Oromo se levantaron contra el gobierno de Etiopía en noviembre del 2015 por un caso de expropiación de tierras en el que las autoridades habían aprobado un plan urbanístico que amenazaba las tierras de cultivo de los Oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y nómada. Ante estas protestas el gobierno respondió con una severidad indiscriminada que ha causado ya más de medio millar de muertos en esta comunidad.