Lula y su mujer han quedado formalmente acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de Petrobras. La fiscalía acusa al exmandatario y a su esposa de tres delitos: corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Concretamente, Lula habría recibido hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) para una casa de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo. 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda y asegura que los cargos presentados por la fiscalía en su contra “tienen motivación política”, carecen de respaldo jurídico y son una “farsa”, según un comunicado de sus abogados.
El futuro del exmandatario, que ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, pende de la decisión del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y considerado un archienemigo declarado del exmandatario del Partido de los Trabajadores.