Pablo Ibar, el español de 45 años detenido y condenado en Florida desde el año 2000 a pena de muerte tras un triple asesinato en Miami de 1994, ha pedido ayuda económica para poder pagar a sus abogados en Estados Unidos. Cándido Ibar, su padre, ha presentado este lunes en Madrid una campaña de crowfunding (microfinanciación) de recogida de fondos para poder pagar la defensa que evitará la condena de su hijo.
Ser homosexual, bisexual o transexual sigue estando mal visto en una gran parte del mundo, y todavía son 72 los países donde mostrar abiertamente una relación de este tipo, o simplemente tener una de estas orientaciones sexuales, puede acarrear serias consecuencias, incluyendo penas de cárcel o de muerte.
El estado de Arkansas ha suministrado en las últimas horas una inyección letal al último de los ocho presos que tenía intención de ejecutar en un lapso sin precedentes de 11 días, aunque al finalmente cuatro de ellos consiguieron eludir su ejecución mediante recursos judiciales.
El español Artur Segarra ha sido condenado este viernes a la pena de muerte por un tribunal tailandés, que le ha declarado culpable por el asesinato premeditado en Bangkok de su compatriota David Bernat y de otros 12 delitos que se le imputan.
Con la suspensión de otra ejecución, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha frustrado de nuevo el plan de ejecutar a ocho prisioneros en apenas 11 días, lo que habría sido el estallido más grande de ejecuciones en Estados Unidos en los últimos 50 años.
Este sábado una juez ha bloqueado la ejecución prevista para antes de fin de mes de varios condenados a muerte en Arkansas, para los que se había establecido un apretado calendario debido al inminente vencimiento de un producto usado en la inyección letal.
La Cámara de Representantes (Cámara Baja) de Filipinas ha destituido hoy a doce diputados que se negaron a aprobar la reinstauración de la pena de muerte.
James Bigby, un exmecánico de 61 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:31 hora local, en Texas (EEUU), según informaron las autoridades penitenciarias estatales. Bigby tenía antecedentes de esquizofrenia paranoide y estaba preso por dos asesinatos y acusado de otros dos.
El Tribunal de Casación egipcio ha confirmado este lunes la condena a muerte contra diez personas involucradas en uno de los episodios más trágicos del fútbol internacional. En febrero de 2012, en el estadio de Port Said, murieron más de setenta personas y hubo cientos de heridos, tras los graves altercados sucedidos después del partido.
Seguidores del equipo local Al Masri invadieron el campo tras ganar 3-1 al Al Ahli, el equipo visitante y unos de los más importantes del país, que encajaba su primera derrota de la temporada en la ‘Premier League’ egipcia. Estos dos equipos son históricamente rivales en el país.
Un funcionario de seguridad citado por la cadena de televisión catarí Al Yazira afirmó que los aficionados persiguieron a los seguidores del equipo rival y los arrinconaron dentro y fuera del estadio, lanzando piedras y botellas contra ellos. Algunas de las zonas hacia las que les empujaron fueron incendiadas.
Las autoridades explicaron que la mayoría de los fallecidos perdieron la vida por fracturas en el rostro y por hemorragias internas, y también hubo un gran número de ingresados por caídas desde las gradas del estadio. En medios egipcios se habló también de muertes por asfixia o lesiones de la cabeza.
El veredicto del Tribunal de Casación que también ha ratificado la condena a diez hombres a quince años de cárcel; a catorce hombres a diez años y a otros quince hombres a cinco años. La sentencia es definitiva y no puede ser apelada. Entre los condenados a cinco años está el antiguo jefe de la policía de Port Said.
«He hecho las paces con Dios. Espero que encontréis la paz», declaró poco antes de fallecer, según informaron las autoridades penitenciarias tejanas. Sus abogados pidieron en el último momento un aplazamiento a la Corte Suprema, pero la máxima instancia jurídica de Estados Unidos lo rechazó la noche del jueves.
Edwards fue condenado junto a su primo Kirk Edwards por el asesinato en 2002 de dos empleados de una sucursal de la cadena de comida Subway en la ciudad de Dallas. Ambos huyeron, además, con los 3.000 dólares de la caja. Edwards había sido despedido del local unas semanas antes y un testigo le vio deshacerse del arma del crimen en una papelera cercana. Aunque las investigaciones confirmaron su participación en el doble homicidio, no quedó claro el papel que tuvo en el atraco. Sus abogados, a través de un perito, demostraron que él no disparó. A diferencia de su primo, el joven no tenía antecedentes. Kirk Edwards aceptó una condena de 25 años de cárcel después de llegar a un pacto con la fiscalía.
Terry Edwards, por su parte, fue condenado a la pena capital tras un juicio en el que fue mal defendido, según sus abogados, que denunciaron que los potenciales miembros del jurado pertenecientes a minorías fueron apartados del proceso sistemáticamente. Al final, el jurado que le condenó estaba formado por 12 ciudadanos blancos. El diario Dallas Morning News pidió el miércoles en un editorial la suspensión de la ejecución porque el caso tenía demasiadas dudas no resueltas.
Durante el proceso judicial, el joven confesó los crímenes y reconoció que eligió atacar la iglesia de Charleston por ser una de las más antiguas congregaciones del sur de Estados Unidos y una de las más firmes en la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos. El juez Richard Gergel sentenciará formalmente a Roof hoy en una audiencia donde los supervivientes y familiares de las víctimas tendrán oportunidad de dirigirse a él.
En la noche del ataque a la histórica iglesia, el joven condenado se sentó durante 45 minutos en uno de los bancos con un arma semiautomática mientras los feligreses leían la Biblia, antes de comenzar a disparar de manera repetida contra los asistentes y matar a nueve de ellos.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, ha expresado su rechazo en una carta enviada los parlamentarios, recordándoles que si aprobaran el proyecto del presidente, estarían violando sus obligaciones internacionales. También Amnistía Internacional ha expresado su rechazo, al igual que la Conferencia de Obispos Católicos del país asiático. «Filipinas se convertiría en la capital mundial de la pena de muerte», ha declarado el padre Jerome Secillano, a la agencia AFP.
La pena de muerte fue abolida en el archipiélago en 2006 tras una intensa campaña de la Iglesia. El catolicismo es la religión del 80% de los filipinos.
Desde hace siete años, sus abogados argumentan que los padecimientos mentales y físicos que sufrió deberían ahorrarle un segundo intento de ejecución. Sin embargo, el alto tribunal ha decidido por mayoría – dos de sus ocho integrantes votaron en contra-, rechazar revisar el caso, según informa la agencia AFP.
Romell Broom, que en actualidad tiene 60 años, ha pasado tres décadas en el corredor de la muerte. Su «segunda» ejecución promete ser, en las condiciones actuales, tan espantosa como la primera. Y eso a pesar de que el estado de Ohio anunció hace dos meses que pretende modificar el protocolo para la aplicación de la sentencia de muerte, incluyendo tres sustancias en dosis letales, entre ellas el midazolam.
Esta decisión salida de las urnas este martes supone enmendar la votación de la cámara legislativa de Nebraska de mayo de 2015, por la que se prohibía la pena de muerte con 31 votos a favor y 15 en contra. Pese a que el Estado sólo tiene 10 presos en el corredor de la muerte, el asunto ha sido objeto de un intenso y acalorado debate a lo largo y ancho de Nebraska.
En Oklahoma, la mayoría del electorado ha votado a favor este martes de una medida para proteger la pena capital. Y en California, los votantes no sólo han rechazado una propuesta contra la pena de muerte, sino que han aprobado agilizar los procesos para las ejecuciones.
Según los datos de la organización, 20 países han realizado ejecuciones en 2015, entre ellos, Pakistán y Chad han reanudaron las sentencias tras largo tiempo sin recurrir a este castigo. Por otro lado, Emiratos, Camerún, Chad, Túnez y Guyana han ampliado su legislación antiterrorista para incorporar la pena capital a este delito. Algo que no ha mermado los ataques de los yihadistas, al menos, en Camerún donde han incrementado significativamente: desde julio de 2015 a julio de 2016, el grupo ha efectuado unos 200 atentados que han costado la vidasde 476 personas en el país africano. Tan sólo Irán, Pakistán y Arabia Saudí fueron responsables del 89% de las ejecuciones. Teherán ahorcó a 977 personas, Pakistán envió a más de 320 ciudadanos a la horca, la cifra más alta registrada en el país, y en Riad, el número de ajusticiamientos aumentó un 76% respecto a 2014, cuando fueron decapitadas 158 personas. Estados Unidos es el cuarto país en esta lista, con 28 personas sometidas a la pena capital
En el Estado de Nevada se han quedado sin fármacos para aniquilar la vida de los presos, según su “Centro de Ejecuciones”, así, nombre de pila, se escribe como suena, c de casa, e de ella… Si el hecho es terrible al pie del titular, no digamos ya si lo interpretamos, subjetivos, como una llamada de urgencia por parte de las administraciones penitenciarias, como si alguien estuviese pidiendo un porte de aspirinas o de calmantes para los enfermos, como si tal circunstancia supusiese una burocracia, una relación laboral, un becario de traer pastillas para morir. La muerte con el limpio orgullo del mérito en el currículum, un trámite como otro cualquiera. Y es que intuyo la conversación, ¿quedan de los de matar a la gente?, no, se han acabado, vaya, pues habrá que avisar a los reponedores, ¡llama al empanado del nuevo y que las traiga, a ver si espabila! Yo me imagino las cárceles de Nevada con sus módulos, sus ascensores, sus cuidadores, sus vigilantes de seguridad, sus abogados, sus detenidos, sus reincidentes. Me la imagino con sus funcionarios, ¿usted adónde va? Al descanso, ¿le hace un café?, no, gracias, me pilla de camino al Centro de Ejecuciones. Es tremendo: la muerte como escenario, como habitación, como departamento de la empresa. Y con sus estrenos y sus mimos: 858000 dólares ha costado la últimacámara de ejecuciones. Se inaugura el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. ¿Nadie en la sala que lleve esto al cine?
“La pena de muerte no es cuestión de debate en Turquía, no existe. No podemos confundir las manifestaciones de los primeros días de una población traumatizada que clamaba justicia contra los agresores terroristas, con un debate formal sobre esta cuestión”, ha dicho el cónsul de Turquía en la entrevista. Aseguró que el único objetivo de estas medidas excepcionales es eliminar dentro de los límites establecidos por el estado de derecho el movimiento que lidera el clérigo musulmán Fethullah Gülen, al que califica de “organización terrorista” y al que acusa de haberse convertido en un “Estado paralelo”. Lea la entrevista completa en Investigations.
Esta plataforma ideológica, que debería guiar la política de Hillary Clinton en caso de que llegue a la Casa Blanca, incluye otras medidas como el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Su elaboración estuvo muy influenciada por la presión derivada de la participación durante las elecciones primarias del senador Bernie Sanders, quien también fue uno de los oradores del lunes. Por su parte, Michelle Obama le dio un fuerte apoyo a Clinton, cuya candidatura presidencial será proclamada el jueves. «Hillary entiende que la presidencia se trata sobre sólo una cosa: dejar algo mejor para nuestros hijos», ha dicho. Destacó que la candidata demócrata nunca se ha dado por vencida y que gracias a ella todas las niñas y los niños del país saben que una mujer puede ser presidente.
Al término de una reunión en Bruselas, los ministros de Exteriores emitieron un comunicado en el que subrayaron a Ankara la importancia de respetar “la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el derecho de todo el mundo a un juicio justo”. Este recordatorio se produce en un momento en el que más de 7.500 personas se encuentran detenidas tras el fallido intento de golpe de Estado. De ellos, 6.000 son militares, 100 son policías y 755 son jueces o fiscales.
Erdogan -quien ha acudido al funeral de uno de los 290 fallecidos en el intento de golpe de Estado- ha pedido asimismo a sus seguidores que continúen protestando contra los rebeldes en las calles y en las plazas hasta el viernes, asegurando que las amenazas contra él no están totalmente eliminadas. Muchos entes extranjeros y defensores de los Derechos Humanos ven en la actitud del ejecutivo turco tras el fallido golpe un intento de intensificar las políticas autoritarias. «Queremos que funcione plenamente el Estado de Derecho. No es un cheque en blanco», ha declarado el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault. La reinstauración de la pena de muerte en el país podría significar la instauración de “purgas” por parte del ejecutivo. Hasta el momento, más de 6.000 personas han sido detenidas, unos arrestos que, según el ministro de Justicia, significan que “la limpieza continúa”.
Por otro lado, el fallido golpe está tensando las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, donde vive exiliado el clérigo Fethullah Gülen, a quien Erdogan culpa de la intentona. Las consecuencias diplomáticas de la tensión turca se conocerán en los próximos días. Por el momento, este lunes se reúne el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, donde se volverá a hablar de Turquía.
Esta decisión que no nació firme; se tendrían que ventilar los posibles recursos que pudieran presentarse en plazo y forma. El portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, ha anunciado que han recibido esa notificación, un hecho «previsible» que, sin embargo, les ha causado una «profunda decepción», ya que se insiste en una petición para alguien que tiene «pruebas patentes de su inocencia». Krakenberger ha recordado que el español fue declarado culpable «erróneamente» y que ha pasado 16 años en el corredor de la muerte. Ha subrayado que el Tribunal Supremo de Florida reconoció que las pruebas contra él son «escasas» y «débiles», y que por eso se anuló la condena a la pena capital dictada en el año 2000.
La Legislatura ha vuelto a escribir la norma luego que la corte norteamericana declarara en enero que el método vigente no es constitucional. El tribunal señaló que la ley actual permite a un juez tomar una decisión distinta a la del jurado, que supuestamente debe ceñirse a un rol de consejero. En consecuencia, se le ha enviado al gobernador Rick Scott una propuesta de ley según la cual un preso puede ser ejecutado si por lo menos 10 de los 12 miembros del jurado recomiendan la pena capital.
Ibar fue condenado a pena de muerte por el asesinato de tres personas en 1994, pero él y su familia siempre han mantenido su inocencia. Su defensa subraya que durante el juicio se produjeron irregularidades y las pruebas en las que se basaba la acusación no eran consistentes. La prueba fundamental es un vídeo borroso y sin sonido. La revisión de su caso no es una decisión definitiva, ya que el estado de Florida puede apelarla, pero supone una nueva oportunidad para que Ibar pueda demostrar su inocencia.
El abogado de Fayadh y especialista en derechos humanos, Abdul Rahman Al-Lahim, ha dicho que las autoridades han revocado la sentencia de muerte, pero no la negación de la fe. La sentencia, impuesta en noviembre pasado por supuestamente “renunciar al Islam” e “insultar a Dios” con la antología poética ‘Las instrucciones’, se pudo revocar después de que el defensor argumentara que la condena “fue un grave error porque se le negó un juicio justo”.
Nuestros hijos de putas nacen y proliferan a una velocidad vertiginosa en distintas partes del mundo.
No se trata de prevenir futuros crímenes horrendos, sino de proclamar que hay límites que no pueden ser traspasados.
Unos meses después de lo de Arizona, frente al Consejo de Ministros, los periodistas españoles hubieron de recordar aquel viernes remoto en que Rajoy anunció una «línea de financiación» en lugar de un rescate. Es el realismo mágico español. Porque aunque en la práctica era un rescate, igual que en la práctica es una muerte en Utah, la cuestión gramatical modifica el mensaje.
Son nada menos que 187 niñas y llevan desaparecidas desde hace quince días en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Fueron secuestradas por un grupo de terroristas islámicos del bárbaro grupo de Boko Haram.
La historia la hemos visto en las películas americanas en infinidad de ocasiones. A última hora, momentos antes de ejecutar a un condenado a muerte, llega una llamada de la autoridad competente, se suspende la ejecución, y el reo vuelve a su celda.
El pentotal de sodio induce a la inconsciencia, el bromuro de pancuronio relaja los músculos para evitar los espasmos y el cloruro de potasio paraliza el corazón provocando la muerte. Así funciona el macabro cóctel de la inyección letal.
Un ex boxeador japonés, condenado a muerte en 1968 por el asesinato de cuatro personas, se enfrentará a un nuevo juicio tras pruebas irrefutables de ADN que muestran que el verdadero responsable del crimen es otra persona.
Si uno como yo mismo- está contra la pena de muerte, está contra el aborto: esa condena sin juicio de los más débiles entre los débiles.
El Gobernador de Texas, Rick Perry, debe estar contento. Ha firmado otra condena de muerte este año que acaba de empezar, la del mexicano Edgar Tamayo. Una condena llena de irregularidades.
La pena de muerte jamás puede ser una opción justa en una sociedad civilizada. Incluso las personas halladas culpables de las más horrendas atrocidades contra la Humanidad conservan su condición de seres humanos…
Pero por fin India, el país más poblado del mundo, está mirándose la cara en el espejo más atroz
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