Dos voces de la legalización de la marihuana en España

Marta de Luxán es abogada penalista de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene 33 años y está a la espera de un juicio que la podría enviar a la cárcel hasta por seis años por ser la secretaria de una Asociación de Consumidores de Cannabis.

Actualmente, lleva adelante su propio despacho junto a otra compañera. La mayoría de los casos en los que trabajan son relativos a tráfico de drogas. Fundó la asociación (o club de consumo de cannabis) The High Class (THC) a mitad de 2014, con el fin de luchar por su legalización, aunque -junto a sus socios- decidió esperar a iniciar su actividad más adelante hasta asegurarse de que había una mayor apertura por parte de los tribunales a la llamada ‘doctrina del consumo compartido’.

The High Class abrió sus puertas el 27 de febrero de 2015, tras la publicación de varias sentencias favorables en toda España a la actividad de estas asociaciones. Hasta el momento, ninguna consideraba que había algún tipo de delito.

“El THC es el principio psicoactivo de la marihuana”, explica De Luxán al hacer referencia al nombre del club que cuenta con 500 socios. Considera que el Estado no debería interferir en el derecho individual a hacer uso de una sustancia que “ni siquiera está considerada como una sustancia que cause grave daño a la salud, al contrario que el opio, que por cierto se vende en forma de píldoras e inyectable”.

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un análisis de más de 10.000 estudios en torno al cannabis en el que establece tres supuestos en los que la marihuana tiene efectos positivos terapéuticos contrastados. Ayuda al dolor crónico en adultos; disminuye las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia y alivia de algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple. También el informe, especifica algunos ‘riesgos reales’ como que agrava los problemas respiratorios e incrementa el riesgo de accidentes de vehículos de motor. Entre los riesgos de ‘evidencia moderada’ menciona el deterioro del aprendizaje, la memoria y la atención; el incremento del abuso de alcohol, tabaco y otras drogas ilícitas, así como el incremento del trastorno de ansiedad social, depresión y episodios bipolares en personas con trastorno bipolar diagnosticado.

“El cannabis para mí es como puede ser el alcohol para quien bebe. Defiendo su legalización porque es un tema de libertad individual”, afirma la española propietaria del club THC. Es clara y precisa. “La asociación es la figura jurídica que se utiliza para abrir este tipo de centros”, explica. “Necesitas como mínimo tres personas para establecerla según la Ley Orgánica de Asociaciones”. Luego da una definición: “Son un grupo de personas que se juntan para la protección de sus intereses. En este caso el objetivo es promover la legalización del cannabis. El derecho de asociación es un derecho fundamental que permite que los ciudadanos puedan agruparse y luchar por un fin, algo que se nos está negando, especialmente en Madrid, donde las asociaciones viven con miedo a ser intervenidas”.

Una voz de la marihuana: las asociaciones

La diferencia entre una asociación y una empresa, de acuerdo a la abogada, es que las segundas se constituyen con el fin de lucrarse, mientras que las asociaciones tienen un fin social. En España, a pesar de la proliferación de toda una industria legal alrededor de una sustancia ilegal, la legalización de esta droga sigue estando restringida mientras que en países como Colombia, Argentina, Perú, México, Brasil, Jamaica, algunos estados de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Israel, Australia, Malta, Grecia, Croacia, Polonia, Finlandia, República Checa, Suiza, Austria, Macedonia, Italia, Sudáfrica y Alemania la marihuana ha comenzado a ser permitida para uso medicinal. En pocos, como Uruguay ya se admite su uso recreativo.

Entre tanto, el consumo de cannabis es la primera causa de sanción entre las previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que en 2013 elevó hasta 30.000 euros la multa por cultivar plantas o consumir en espacios públicos. Entre julio de 2015 y enero de 2016, se impusieron 18.806 sanciones, frente a 479 por consumo de alcohol.

La prohibición de la marihuana en España se basa en el Convenio sobre sustancias psicotrópicas dado en Viena del 21 de febrero de 1971 al que está adscrito el país entre otras 174 naciones que forman parte del tratado, estando regulado el delito contra la salud pública en el artículo 368 del Código Penal

¿Cómo se mantienen los clubes de consumo?

En España ya hay al menos 1.000 clubes de consumo que se sustentan, según la mayoría de sus directivos, con las cuotas que pagan sus socios, lo que les da derecho a hacer uso de las instalaciones y de disfrutar de las actividades que ofrecen. Los centros funcionan bajo una licencia de club de fumadores y no deben vender la droga.

La policía municipal suele hacer un chequeo pero “sobre todo revisan las medidas de seguridad como extintores, salidas, pero no suelen prestar tanta atención a si hay o no cannabis”, relata la abogada.

Para poder entrar a estos sitios, debes ser socio y para ello tienes que ser mayor de 21 años e ir avalado por otro miembro que declare que eres consumidor habitual. Se puede consumir dentro pero no salir con restos del producto. De hecho, este es uno de los puntos débiles que aprovecha la policía para detener a los consumidores.

La abogada relata que “la policía no tiene en cuenta que muchas personas van a consumir allí su propio cannabis, y salen con lo que les sobra”. De modo que aunque hay casos, no siempre hay un incumplimiento de las normas.

En septiembre de 2015, se publicó la primera sentencia del Tribunal Supremo condenatoria en contra de la junta directiva de una asociación. Marta dice que el Ministerio Fiscal trazó una estrategia procesal para lograr llegar a la máxima instancia. Esta sentencia acaba de ser anulada por el Tribunal Constitucional, de modo que si bien fue el inicio a la arremetida en contra de las asociaciones, hay que esperar a que el Supremo se pronuncie de nuevo.

“Al acusar únicamente por el delito contra la salud pública, la pena máxima es de cuatro años y medio, siendo competencia de los juzgados de lo penal y resolviendo el recurso la audiencia provincial competente, quienes venían considerando en todas las ocasiones, que no había delito. Al añadir la acusación por el delito de asociación ilícita, se alcanza una pena superior a cinco años, siendo entonces el tribunal competente la Audiencia Provincial y resolviendo el posible recurso el Tribunal Supremo, y así llegaron las primeras sentencias condenatorias”, puntualiza.

Lo paradójico del caso es que ella constituyó legalmente la asociación y el Registro de Asociaciones la inscribió con conocimiento de sus fines. Igualmente obtuvieron la licencia Municipal de Actividad para lo que una vez más hicieron entrega de dichos estatutos, sin que se les pusiese por parte de la Administración ningún impedimento para el desarrollo de su actividad.

“Mis estatutos están aprobados por el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, en ellos se detalla de forma precisa nuestros fines, y no obstante fueron aprobados. Igualmente el Ayuntamiento nos concedió la Licencia Municipal de Actividad de Club de Fumadores, para lo que aportamos los estatutos, nadie nos puso ninguna pega, al contrario, fue el propio Registro de Asociaciones, el que nos advirtió de que debíamos tener Licencia de Club de Fumadores, y así lo hicimos”.

Este año en Madrid las autoridades han cerrado al menos 20 clubes llevando ante los tribunales a sus responsables y las autoridades han intervenido otra decena de ellos. Muchos ni saben a qué atenerse.

La otra cara de la marihuana: el consumo medicinal

Carola Pérez tuvo una caída a los 11 años mientras patinaba. Su vida desde entonces ha girado en torno al dolor. Por el impacto se rompió el coxis y no fue hasta los 18 años que la operaron después de que no pudiese soportar más sus padecimientos. Pero la intervención no fue la solución. De hecho, ha tenido que pasar por más de 10 operaciones, adicción a medicamentos como la morfina y meses acostada boca abajo sin movilidad. Hoy en día es una activista en pro de la legalización del cannabis medicinal, donde asegura, encontró la ayuda que ninguna otra medicina-ni la morfina- le pudo proporcionar.

Relata su experiencia a seis meses de la última operación que atravesó con la que los cirujanos intentaron limar el hueso sacro que le molesta debido a que pesa 45 kilos y de tantas operaciones está deformado. “Ahora los neurocirujanos y los cirujanos plásticos están viendo si ponen una base de silicona para no clavármelo más. De postoperatorio, estuve tres meses boca abajo día y noche sin moverme”. Ante la pregunta: “¿Qué hacías entonces?”, responde: “Meditar y usar el cannabis”.

Las intervenciones de Pérez comenzaron a los 18 años, siete después del accidente. “Como el padecimiento no se quitaba, los médicos deciden quitarme el coxis y aún así el dolor crónico neuropático era de 8 sobre 10”, recuerda. Carola dice que incluso llegaba a perder el conocimiento.

Asegura que los médicos le recetaron más de 19 medicamentos para paliar el dolor y fue por ello que de muy joven desarrolló una fuerte adicción a varios de estos, como a la morfina y a los antidepresivos. La audiovisualista tuvo que asistir al Centro de Atención a las Adicciones (CAD) donde lograron bajar las dosis de las drogas. Luego, los médicos le pusieron dos neuroestimuladores medulares pero allí tampoco hubo alivio. De hecho, después de eso ha tenido que a atravesar por al menos 10 operaciones más -ya fuese para arreglar las baterías o conexiones mecánicas de los cables-. Hace tres años decidió quitarse el aparato y fue allí cuando comenzó a tratar con el cannabis medicinal.

“No es que esté en contra de los tratamientos de morfina sino que creo que debe usarse todo en su justa medida. No estuvo bien matar mi cuerpo con tanta química cuando el dolor iba a persistir”. Cuenta que alguien cercano le dio una infusión de leche con cannabis y eso le “cambió la vida”. “Cuando tienes tanto dolor es muy difícil vivir con ello”, afirma. Pérez dice que para preparar las infusiones tenía que acudir al mercado negro donde no existe garantía del producto que ofrecen. Tras las infusiones, comenzó a utilizar un vaporizador. “Es mucho más terapéutico que fumar o que las infusiones ya que el efecto es muy rápido en el organismo. Al minuto o minuto y medio ya tienes el alivio. En mi caso me ayuda, no solo con el dolor sino con el estado de ánimo”, explica.

Consume aproximadamente 40 miligramos de CBD y de THC entre 15 y 20 miligramos, dependiendo del dolor. “Tengo una base de aceites y el vaporizador”. Ha reducido los medicamentos de 19 a dos, además de la marihuana.

A pesar de las dificultades en la movilidad que tiene la condición de Carola, no se quedó con los brazos cruzados. Teniendo en cuenta que en España hay 17 millones de personas que sufren dolores crónicos, fundó la organización en pro de la legalización del cannabis medicinal ‘Dos emociones’ que cuenta con 700 pacientes suscritos que reciben información y asesoramiento sobre los tratamientos.

Poco después, dio un paso más. Junto a otros investigadores y médicos planteó el Observatorio Español de Cannabis Medicinal que junto al partido Ciudadanos presentó la propuesta de ley ante Congreso de los Diputados. Como resultado de la propuesta hecha en abril, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó a finales de noviembre la creación de una Subcomisión que analizará la posible regulación en España del uso terapéutico del cannabis y derivados, basándose en las experiencias en otros países y en la evidencia científica hasta ahora disponible sobre sus beneficios.

Consumo en España

De acuerdo a la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) del Ministerio de Sanidad que resume 22.541 entrevistas hechas entre diciembre de 2015 y abril de 2016, el cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia en el país.
El 31,5% de los individuos de 15 a 64 años la ha probado alguna vez en la vida y desde 2003 la prevalencia en este tramo temporal se ha situado próxima al 30%.

Además, prácticamente 1 de cada 10 personas (9,5%) reconoce un consumo de esta sustancia en los últimos 12 meses, mientras que aquellos que admiten un consumo en los últimos 30 días representan el 7,3% de la población. Los consumidores de cannabis a diario suponen el 2,1% de la población.

El alcohol sigue siendo la droga más consumida en España, ya que el 77,6% de los encuestados lo ha consumido en el último año, frente al 9,5% que consume cannabis.