¿Es esta la legislatura de la eutanasia?

Está en el quinto punto de los 10 que conforman el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos: «Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad». La interrupción medicalizada de la propia vida ha permeado en la sociedad española hasta el punto de figurar en la prebase de un potencial Ejecutivo de corte progresista. Que figure en una lista tan corta de prioridades apuntala la tesis que el director de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, contó hace meses a The Objective en una entrevista: que España es el país europeo con más probabilidades de convertirse en el siguiente en legalizar esta práctica.

🏛️ El #PSOE y @ahorapodemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.

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— PSOE (@PSOE) November 12, 2019

En un nuevo encuentro con este diario, Fernando Marín ha confirmado recientemente su postura: «Nosotros somos optimistas porque la aritmética parlamentaria nos lo permite. Hay 205 diputados y diputadas que en principio apoyarían una ley de eutanasia, frente a una minoría de unos 150. Excepto el PP, Navarra Suma y Vox, pensamos que todo el arco parlamentario va a apoyar una ley y pensamos que saldrá«.

Lo que no está tan claro es qué saldrá adelante exactamente. El año pasado, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley en la que proponía incluir la eutanasia dentro de los servicios ofertados en el Sistema Nacional de Salud, pero limitaba los requisitos para acceder a este derecho a personas mayores de edad que vivan con una enfermedad grave e incurable que les produzca un sufrimiento continuado o con una discapacidad crónica que les impida valerse por sus propios medios.

En opinión de Marín, «sobre lo que hay que legislar es sobre la voluntad de la persona, sobre las garantías que hay que tener para que esa persona demuestre y se tenga claro que no ha recibido coacciones». Es decir, «no centrarlo tanto en los requisitos de la enfermedad sino en unos requisitos de voluntariedad».

Más allá de la enfermedad terminal y la dependencia

¿Se debería entonces abrir el derecho a la muerte digna para personas que, sin tener una patología grave, decidan, en ejercicio de su voluntad, poner fin a su vida? Es el caso de Jacqueline Jenquel, ciudadana francesa de 75 años que ha tomado la decisión de ir a una clínica de Suiza entre enero y junio del año que viene en busca del suicidio asistido, legal en ese país. Jencquel, con quien The Objective habló hace unos meses, no entraría dentro de los requisitos de la propuesta presentada el año pasado por el PSOE, pero ella considera que su ciclo vital ya ha concluido.

Fernando Marín se muestra cauteloso con este tipo de casos. «La sociedad tiene claro que si tú tienes cáncer, si tú tienes ELA o si eres tetrapléjico y ya no puedes más, te deben ayudar a morir. Pero si le preguntáramos a la gente: ‘¿A usted le parece bien que a una señora mayor que está harta de vivir le ayuden a morir?’ no sé si la respuesta de apoyo sería tan contundente», reflexiona. «No compliquemos las cosas y, por ser demasiado ambiciosos, vayamos a crear una alarma social que no existe«, concluye.

«Yo creo que ahora mismo es mejor no proponer que entren en una ley de eutanasia —ahonda—, pero sí que la ley de eutanasia, con esto de ‘graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar’ [expresión que emplea el Código Penal al mencionar la situación en que se encuentran las personas que solicitan ayuda para morir], fuera lo suficientemente amplia como para que, en el futuro, puedan entrar». Es decir, el presidente de DMD opta por una ley lo suficientemente ambigua como para que se puedan ir concretando sus detalles a medida que vayan apareciendo determinados casos con particularidades especiales.

Marín entiende que «la sociedad española es bastante madura y bastante tolerante» y que por eso sabrá aceptar el nuevo cambio social. «Tenemos la peculiaridad de la Iglesia católica, que como grupo económico es muy potente y está muy presente en la sociedad», acota, «pero saben que no lo van a conseguir. No lo consiguieron con los derechos LGTBI, no lo están consiguiendo con el feminismo y con esto tampoco. Es una batalla que ellos saben que ellos tienen perdida absolutamente», valora.

Control de la eutanasia: ¿previo o posterior?

Además de preferir una ley ambigua que pueda ir definiéndose con el tiempo, Derecho a Morir Dignamente sí tiene una posición firme con respecto a los controles que se deben seguir en el proceso. Según la propuesta registrada por el PSOE, el control sería previo y ahí es donde la asociación ve «un problema», alerta su presidente.

El proceso sería el siguiente, según explica Marín: «Tú le dices a tu médico de cabecera que quieres la eutanasia y él comprueba que cumples los requisitos —enfermedad terminal o discapacidad—. Él avisa a otro médico independiente, que hace una valoración y, si te da el OK, avisa a una comisión que nombra a dos personas con capacidad de entrevistarse con el médico responsable y con el paciente. Ellos informan, a su vez, a la administración y la administración, en el plazo más breve posible, te da el OK».

El obstáculo que encuentra Marín en este proceso es que, «si tú metes a la administración para que conteste, según dice la ley literalmente, ‘en el plazo más breve posible’, eso puede ser mañana o nunca. Entonces, eso es un riesgo real de que la ley se pueda ir al garete por regiones. Se podría da el caso de que en Andalucía, con un Gobierno apoyado por Vox, no hubiera ninguna eutanasia y en Comunidad Valenciana sí y que la gente se tuviera que ir a otra comunidad para morir», alerta. La solución, a juicio de DMD, es sencilla: «La comisión debería ser post mortem y comprobar que caso por caso se ha cumplido la ley» una vez ya se ha concluido el proceso.

Andrés Perelló, secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, responde a esta preocupación confirmando a The Objective que «hablamos de plazos de entre 15 días y un mes» y que «la administración no va a estar meses considerando» las peticiones. Este diario se ha puesto en contacto Unidas Podemos, la otra formación firmante del preacuerdo, para conocer su valoración, pero no ha obtenido respuesta. Más País, en cambio, entiende que sí es un riesgo que existe. Junto con PSOE y Unidas Podemos, Más País es la tercera fuerza de izquierdas de ámbito no autonómico que proponía avanzar en este derecho en su programa electoral para el 10N. «Dependerá de la voluntad de cada comunidad», explica Mónica García, responsable de Sanidad de la marca madrileña del partido de Errejón, Más Madrid, y portavoz parlamentaria del partido en la Asamblea de Madrid. «Ocurre lo mismo que con todas las leyes. Lamentablemente, siempre tienes la deslealtad de los poderes ejecutivos». Con todo, resalta que existen «herramientas como recursos para acelerar el proceso».

En el lado derecho del espectro político, solo Ciudadanos se mostraba a favor de regular la muerte digna en su programa electoral. Fuentes del partido aseguran a The Objective que los controles «deberían existir en todas las fases del proceso, tanto a priori, con la finalidad de acreditar concienzudamente que las personas solicitantes reúnen los requisitos que exija la ley y que su decisión es plenamente consciente, libre y voluntaria, como a posteriori, con la finalidad de asegurar que todo el proceso se ha cumplido con escrupulosa rigurosidad. A fin de cuentas, estamos hablando de una decisión que es irreversible».