De la 'ley Celaá' al aborto: los recursos pendientes que abordará el Tribunal Constitucional tras su renovación

«Cada presidente tiene su librillo». Y el del magistrado que salga elegido como presidente marcará el calendario y la agenda del Tribunal Constitucional (TC) para los próximos meses, según fuentes internas consultadas por THE OBJECTIVE. Son varios los asuntos de carácter político y mediático que los doce magistrados tendrán que abordar tras la esperada renovación del Constitucional.

Entre los recursos que están en tramitación procesal, y que están pendientes de ser analizados en los próximos meses y años, destacan los presentados por PP y Vox contra la conocida como ley Celaá, así como las impugnaciones admitidas a trámite contra la reforma del Gobierno para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ley de eutanasia, la ley de plazos del aborto y los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras y otros líderes del procés. 

El camino quedó este jueves despejado para que la próxima semana se complete la renovación del TC y posteriormente se nombre para un periodo de tres años a su nuevo presidente, que será quien marque la agenda y el calendario de asuntos a abordar en los próximos meses, tal y como contempla la ley. El conservador Pedro González-Trevijano se perfila como favorito a la presidencia, mientras que las quinielas internas apuntan al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como principal aspirante a la vicepresidencia.

Tras superar ayer el trámite parlamentario para su nombramiento, los cuatro nuevos magistrados propuestos por el Gobierno y el PP recibieron el plácet de sus nuevos compañeros. Reunidos en un pleno gubernativo, los magistrados del Tribunal Constitucional validaron (con nueve votos a favor y uno en contra) los nombramientos de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, propuestos por el PP, y de Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, propuestos por el Ejecutivo de coalición. 

El de Arnaldo ha sido el más polémico por sus presuntos vínculos con el PP, sus supuestos negocios privados y sus opiniones vertidas en artículos de prensa sobre algunas de las cuestiones que el TC tendrá que analizar durante los próximos meses. Su nombramiento fue aprobado con 232 votos en el Congreso de los Diputados, ocho menos de los 240 que recibieron los magistrados progresistas propuestos por el Gobierno y cinco menos que los cosechados por Espejel (237). Diputados de Unidas Podemos y PSOE rompieron la disciplina de voto de sus partidos, entre ellos José Luis Ábalos, que se abstuvo por un error a la hora de votar telemáticamente, según su versión.

Toma de posesión de los nuevos magistrados y elección del presidente

La próxima semana los nuevos magistrados del TC (Arnaldo, Espéjel, Montalbán y Sáez) prestarán ante el rey Felipe VI promesa o juramento de acatamiento a la Constitución en Zarzuela. El acto de toma de posesión se producirá esa misma mañana en el Tribunal Constitucional.

Será entonces cuando se haya renovado oficialmente el TC, que se quedará con el magistrado Santiago Martínez-Vares como presidente en funciones por ser el de mayor edad, según fuentes del Constitucional. Aún habrá que esperar otra semana, previsiblemente, para la celebración del Pleno en el que los magistrados elegirán nuevo presidente y vicepresidente para un periodo de tres años.

Aunque los nuevos magistrados nombrados podrían ser recusados en algunas cuestiones, la renovación pactada por PSOE y PP no alterará la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional

Entre los grandes asuntos pendientes de resolver se encuentra la ley del aborto, impugnada por el PP en el año 2010. Será una de las cuestiones más afectadas por el retraso en la renovación del TC. La ponencia sobre el recurso presentado hace once años por el PP corría a cargo de uno de los magistrados salientes, Andrés Ollero, según avanzó El Confidencial. El nuevo presidente tendrá que encargar una nueva ponencia a otro magistrado.

Además, el Constitucional admitió a trámite el pasado mes de abril los recursos de PP y Vox contra la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá, que según los partidos recurrentes, «puede vulnerar la Constitución» y tiene «defectos en su tramitación». Ambas formaciones políticas también presentaron este verano sendas impugnaciones, que fueron admitidas por el TC, contra la ley de eutanasia impulsada por el Gobierno de coalición.

Asimismo, el Constitucional admitió a trámite lo recursos de PP y Vox contra la ley que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo para limitar las funciones del CGPJ y evitar que los magistrados puedan realizar nuevos nombramientos cuando la cúpula judicial esté en funciones.

Se mantiene la mayoría conservadora en el TC

Aunque los nuevos magistrados podrían ser recusados en algunas de estas cuestiones, la renovación pactada por PSOE y PP no alterará la actual mayoría conservadora del TC. A los cuatro nuevos integrantes del Constitucional se les sitúa a partes iguales en los sectores progresista y conservador de la judicatura.

De la misma manera, dos de los que salen pertenecen al bloque conservador, el aún presidente Juan José González Rivas y el magistrado Andrés Ollero, mientras que la hasta ahora vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Fernando Valdés son los progresistas a sustituir. 

Todos ellos tenían el mandato caducado desde finales de 2019. Valdés dimitió en octubre de 2020 tras un incidente de violencia de género que pasó por el Supremo y que, al perder el aforamiento por su dimisión, fue trasladado después a los juzgados de Majadahonda.