Las identificaciones por perfil racial: en busca del reconocimiento para lograr la solución

Imagina ir andando por la calle hacia tu casa o hacia el trabajo y que te pare un policía. No has hecho nada, no entiendes nada, pero ahí estás, entregando tu documentación y vaciando tus bolsillos ante una persona que no te da explicaciones. Por desgracia, hay para quien esta situación se ha convertido en algo normal y que ya no les causa sorpresa. Pero la humillación sigue ahí.

Son personas con rasgos árabes, gitanos, con la piel negra. Son, en definitiva, personas racializadas que sufren las consecuencias de los sesgos discriminatorios que persisten en nuestra sociedad y, como parte de ella, en las actuaciones policiales.

Las identificaciones por perfil racial son algo que los activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos llevan denunciando años en nuestro país, pero que las instituciones no reconocen y, por tanto, no buscan solución. El año 2021 empezó con una campaña en redes sociales con el objetivo de concienciar sobre este hecho y tratar de lograr, de una vez por todas, un reconocimiento de que sí, existe y hay personas que lo sufren.

Un problema sin reconocer

De esa falta de reconocimiento nos habla precisamente Youssef Ouled, periodista e investigador sobre perfilamiento racial para Rights International Spain. «La dinámica que hemos encontrado por parte de las instituciones es la misma, la negación del uso policial del perfil racial», afirma. «Las administraciones y las instituciones son las que deberían, primero, reconocer el hecho de que existe, porque si no reconocen que existe, difícilmente van a poder aplicar medidas para revertirlo».

En contraposición, organismos internacionales como la Comisión Europea «se han pronunciado sobre la necesidad de implementar medidas para erradicar el uso del perfil racial en la policía, en concreto en España».

«Ni los mandos, los dirigentes de los servicios policiales en España, ni los políticos lo asumen como un problema», dice, por su parte, David Martín, inspector de policía y experto en perfilamiento racial y delitos de odio que ha asesorado a varias instituciones europeas.

Ambos coinciden en que hay muchas cosas que se deben hacer para avanzar en la dirección del cambio y erradicar este tipo de prácticas, pero lo primero es el «reconocimiento de que la situación existe», afirma Martín. «Lo principal es que institucionalmente se llegue a un reconocimiento. No estoy diciendo un acto solemne como hace a lo mejor Canadá con sus indígenas, eso en España es ciencia ficción casi, pero quizá sí dentro de las propias instituciones reconocer que la sociedad española ha cambiado mucho, que somos una sociedad multirracial, cada vez más, y que como tal tenemos que adaptarnos a estas circunstancias», añade.

«El primer punto tiene que ser el reconocimiento explícito de que estas prácticas se dan», coincide el activista. «Eso lo que va a hacer, primero, es dejar de ejercer la violencia que se basa en la negación, la negación de las experiencias que llevamos años denunciando y, como te decía, si tú reconoces que hay un problema tienes que aportar soluciones».

Formularios policiales

El siguiente paso, sin haber logrado el primero aún, ya se ha dado en algunos lugares, aunque no en muchos.  Fuenlabrada se convirtió en pionera al poner en marcha el proyecto STEPPS en 2005, y más tarde, en 2007, el proyecto PIPE, siglas que corresponden a Programa para la Identificación Policial Eficaz.

Este programa consiste en un formulario policial que se debe rellenar cada vez que se realiza una identificación de un ciudadano y en él se incluyen los motivos por los que se ha llevado a cabo, si finalmente el resultado ha sido positivo o negativo, es decir, si la persona realmente había cometido una infracción o no, y la nacionalidad del identificado. Con esto, el objetivo era determinar si las personas de otras nacionalidades eran paradas por la Policía de una forma desproporcionada.

David Martín estuvo al frente del proyecto y en la actualidad reconoce que «se queda corto». «Quizá en el año 2007 cuando se puso en marcha tenía un sentido en Fuenlabrada, ahora no tiene sentido porque hay muchos nacionales que su fenotipo, sus rasgos étnicos no son los que podrían entrar dentro del ideario europeo o mediterráneo, entonces hay que darle otra vuelta a todo el programa», explica.

Y es que la discriminación no suele ocurrir por la nacionalidad de una persona, sino por sus rasgos físicos, su color de piel, su forma de vestir. Por eso, Martín considera que «hay que hablar más de fenotipos, hay que hablarlos y dialogarlos con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada racializados» y además «hay que empezar a valorar mucho más que a lo mejor no es tanto la necesidad de auditar las identificaciones, que también, como hacer una labor mucho más profunda de dar un giro a la metodología de trabajo y pensar más en la propia protección de derechos humanos».

Coincide con él Youssef Ouled. «A mí, que soy una persona nacional española pero con unos marcados rasgos magrebíes, si se me identifica como magrebí, según este protocolo a mí se me está parando como español, entonces, es una trampa», dice.

«A pesar de ello, cuando se vieron los resultados, se pudo ver cómo las personas identificadas marroquíes tenían un 6,3% más de posibilidades de ser identificados que una persona española», señala. «Solo con la nacionalidad se podía observar la desproporcionalidad. Pero es que claro, luego ibas al resultado y veías que ese poco porcentaje de españoles blancos o españoles identificados tenía mayor probabilidad de una identificación positiva frente a aquellos magrebíes que habían sido identificados por su fenotipo», añade.

Por tanto, el proyecto PIPE no es perfecto, «pero es una herramienta». Incluso sin contar a aquellos marroquíes que son nacionales.

Una ley integral y control externo

Lo siguiente que piden las organizaciones que luchan contra este tipo de prácticas es que se cree una ley integral contra la discriminación que recoja este tipo de prácticas y, por fin, sean expresamente declaradas ilegales.

«Actualmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que son los que tienen competencia para hacer este tipo de identificaciones, se rigen por dos leyes fundamentales, que son por un lado la Ley de Seguridad Ciudadana y por otro lado la ley orgánica que rige los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Obviamente, por encima de todo esto, jerárquicamente está la Constitución», explica Selene De la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano.

Ambas leyes establecen dentro de sus principios que los policías deben «actuar de acuerdo a los principios de igualdad», señala. De acuerdo con esto, «los agentes, cuando paran a una persona en la calle para identificarla, tienen que hacerlo supuestamente bajo los principios de igualdad y no basándose simplemente en el perfil étnico a la hora de parar a una persona o no».

Sin embargo, la realidad es que los policías «tenemos una capacidad muy amplia a la hora de utilizar la herramienta de la identificación y del cacheo», dice Martín. «No hay nadie que supervise todas las paradas y todos los cacheos que hace la policía están justificados desde el punto de vista que se quiere comprobar una infracción penada», añade.

Por eso, considera que «hace falta tener elementos de control de las instituciones policiales ajenos a la policía, que no existen en España».

Lo mismo defiende la abogada, que cree que «exista un órgano independiente que juzgue específicamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que se encargue de este control y sanción».

Además de esto, la reivindicación principal de quienes luchan porque esta práctica sea erradicada es que se cree una ley integral contra la discriminación. «El problema que tenemos es que no hay una ley integral contra el racismo, no hay un reconocimiento de este racismo, entonces la mayoría de las situaciones suelen acabar en nada, porque el agente de policía siempre argumenta que se ha movido por indicios», explica el activista Youssef Ouled.

«Todas las instituciones que nos dedicamos a esto estamos pidiendo que por fin salga vigente la Ley Integral de Igualdad, que lleva en fase de anteproyecto desde hace 10 años y no acaba de incluirse en nuestro ordenamiento jurídico. Y claro, con esto se podrían sancionar todas las conductas discriminatorias, que aquí entraría, por ejemplo, las diligencias de identificación que no tengan nada que ver con indicios racionales de sospecha», apunta De la Fuente.

Concienciación social

Todo esto que piden los activistas no es posible si las instituciones no se conciencian, pero tampoco si la sociedad no es consciente de lo que está ocurriendo y de por qué.

«Esto no va solo de las instituciones, hay también un componente social muy grande, la sociedad tiene que entender que cuando una persona negra está siendo identificada en medio de la plaza, no es porque esa persona negra sea un criminal, la mayoría de las ocasiones es porque esa persona negra lo que representa el crimen es su color, su cuerpo», dice Ouled.

«El problema es que hay un racismo sistémico, que tiene que ver más con cómo nos han educado o con nuestra propia historia», argumenta, por su parte, Martín. «Porque somos parte de nuestra propia historia y nuestra propia educación. Aquí nos han vendido la historia de que el Cid expulsó a los árabes y demás y siempre lo han tratado de reconquista, no nos han educado con valores que nos aportaron por siete siglos una civilización que estuvo en la Península Ibérica», añade. «Y luego todas las variables contemporáneas como el terrorismo, que en la mente de un policía tiene una afectación a la hora de influir en sus sesgos».

A todos estos sesgos se suman otros que no tienen que ver con la raza pero que, explica Martín, también hay que tener en cuenta. «El sesgo discriminatorio quien más lo sufre con las personas racializadas pero va mucho más allá, va en la estética de cómo vistes. El ejemplo es claro con las personas con rasgos árabes, un jeque no va a ser parado igual que una persona que por su vestimenta deduces que no tiene una situación acomodada», señala. «La situación socioeconómica de las personas influye en las identificaciones».

«O culturalmente o por cómo ha sido educado o socializado, has tenido conductas en las que al diferente lo miras con recelo. Si encima eres policía, te genera sospecha», dice Martín, que afirma que «en el día a día habrá muy poquitos policías que son militantes racistas como tal, pero hay muchísimos que sin darse cuenta tienen una actitud que podría ser racista. Pero no hay que plantearlo así, porque si no el rechazo va a ser frontal. Habría que plantearlo más por que hay que corregir situaciones y operativas que dan lugar a actuaciones discriminatorias».