El sindicato de trabajadoras sexuales, la unión que divide a las feministas
Foto: Lluis Gene

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El sindicato de trabajadoras sexuales, la unión que divide a las feministas

El 30 de agosto, la Dirección General de Trabajo dio luz verde a la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales. Sin embargo, el mismo día, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció que le habían “colado un gol” y comenzó los trámites para deshacer esta aprobación.

por María Hernández

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El 30 de agosto, la Dirección General de Trabajo dio luz verde a la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales. Sin embargo, el mismo día, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció que le habían “colado un gol” y comenzó los trámites para deshacer esta aprobación.

A pesar de la rápida reacción del ministerio, las críticas no tardaron en llegar. Numerosos políticos, así como asociaciones feministas, denunciaron la falta de rigor a la hora de aprobar el sindicato y afirmaron que el hecho de aprobar su creación significaba reconocer la legalidad de la prostitución e ignorar que la mayoría de prostitutas no son libres, sino que están esclavizadas por mafias de trata de personas. Por otro lado, otras asociaciones celebraron la creación del sindicato y mostraron su indignación poco después por la decisión del Gobierno de dar marcha atrás.

La prostitución ha generado polémica siempre, tanta que ni siquiera las asociaciones feministas, que suelen aunar sus fuerzas en la defensa de los mismos derechos, se ponen de acuerdo sobre qué es lo correcto en esta cuestión. Tampoco se ponen de acuerdo los defensores de los derechos humanos ni, por supuesto, los políticos, sobre qué se debería hacer con el sindicato de trabajadoras sexuales .

Los argumentos a favor

Tras la creación del sindicato de trabajadoras sexuales, se escucharon numerosas críticas al Gobierno por permitir la asociación, pero también salieron las voces de quienes defienden la necesidad de contar con una unión de este tipo.

Entre esas voces hay muchas feministas, como Lola Pérez, más conocida como Doctora Glas, presidenta de la asociación Mujeres Jóvenes de Murcia, que considera que el “sindicato es absolutamente necesario”, según explica a The Objective.

El primer argumento de quienes defienden el sindicato es que la unión ayuda a proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación laboral, al otorgarles los mismos derechos laborales que a cualquier trabajador.

“No se trata de debatir si prostitución sí o no, estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo o condenarlo al abuso laboral, la exclusión y la clandestinidad”, afirma la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Otro de sus principales argumentos es que, si se permite la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), se debería permitir también la asociación de las trabajadoras sexuales. “Lo incoherente es que no exista y lo bochornoso es que el Gobierno las persiga por organizarse, condenándolas una vez más al ostracismo y la marginalización”, opina Lola Pérez.

La Apdha denuncia, en el mismo sentido, “que la patronal del trabajo sexual, los empresarios de clubes de alterne, estén organizados y reconocidos legalmente para preservar sus intereses y que se limite el derecho a organizarse en un sindicato a las trabajadoras sexuales, impidiéndoles, así, defender sus derechos”.

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Una de las portavoces de Otras, en un mensaje de apoyo al sindicato. | Foto: Shirley McLaren | Twitter

En cuanto al aspecto más polémico de la creación de este sindicato, la trata de personas y su relación con el mundo de la prostitución, quienes defienden esta asociación aseguran que no debería influir este asunto.

El número de mujeres que ejerce la prostitución en España no está clara, como tampoco hay cifras exactas de cuántas de ellas la ejercen de forma forzada, obligadas por una red de trata de personas. Según los datos de la ONU, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen obligadas. Según otras organizaciones, como Anesvad, esta cifra se sitúa en torno al 80%.

Por otra parte, la Policía Nacional cifra en unas 14.000 las víctimas de las redes de trata, de las cuales un tercio son explotadas sexualmente.

Para aquellos que consideran necesario un sindicato de trabajadoras sexuales, estas cifras no deberían condicionar su creación. “Prostitución y trata son dos realidades diferentes, requieren distintos enfoques teóricos y una intervención diferenciada”, considera Lola Pérez.

La Apdha también pide que se desvincule “la prostitución de aspectos delictivos o penales en el abordaje intelectual, político y del imaginario social” y que se deje de hablar “de la prostitución como una actividad ilícita o relacionada directamente con la trata de personas”.

Por otra parte, la asociación feminista Genera, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, afirma que “por mucho que digan los medios, la prostitución no es una actividad ilegal”, y critica que se quiera “criminalizar una actividad y un colectivo”.

“Las diferentes realidades de la prostitución deben ser abordadas con respeto, entendiendo primero la diferencia entre prostitución forzada y prostitución voluntaria, comprendiendo que cada una de las personas que ejerce la prostitución busca la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo y respetando sus decisiones”, afirma Genera en su página web.

Argumentos en contra 

La creación del sindicato de trabajadoras sexuales también ha desatado la indignación, especialmente de muchas asociaciones feministas, que consideran que aprobar esta entidad significa aceptar que la prostitución es una actividad laboral como otra cualquiera.

El principal argumento de quienes defienden la postura del Gobierno acerca del sindicato es que permitir la unión de las prostitutas facilita el trabajo de las mafias de tratas de personas, que esclavizan a la mayoría de ellas.

La Fundación Mujeres afirma que la alarma social generada por la creación del sindicato se debe “a la sensación de que el Gobierno estaba legitimando como actividad económica la prostitución, que entendemos que es una forma de violencia contra las mujeres”.

Aprobar una entidad que se llama “sindicato de trabajadoras sexuales” implica que el Gobierno “está haciendo, aunque sea por vía indirecta, un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual, ese es el fondo del asunto”, dice la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

Lo mismo opina el sindicato UGT, que pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias “para evitar que se otorgue legalidad de cualquier forma a la prostitución, una actividad tras la que se encuentran la explotación sexual, la vulneración de derechos humanos y conductas delictivas basadas en el comercio con seres humanos”.

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Un grupo de trabajadoras sexuales se manifiesta contra la violencia hacia las prostitutas. | Foto: Boris Grdanoski | AP

Otro argumento que exponen quienes están en contra del sindicato se basa en la legalidad, pues apuntan que el proxenetismo es un delito, por lo que si estas personas se asocian como trabajadores por cuenta ajena, estarían bajo la dirección de delincuentes. “La prostitución no es un trabajo y el proxenetismo es un delito, no una actividad empresarial”, dice la presidenta de la asociación L’Escola, Nuria González, que está a favor de luchar por la abolición de la prostitución.

El sindicato carga contra el feminismo

Los creadores del sindicato Otras han criticado a las asociaciones feministas que se han mostrado en contra de su unión y que buscan la abolición de la prostitución. “El feminismo abolicionista esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales que podría comprenderse, si no fuera porque los derechos los merecemos todas y no solo unas cuantas privilegiadas”, dicen en un comunicado.

“Es posible que a algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren -tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués- que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad”, continúa el comunicado, que añade que, para ellas, “es pura justicia”.

Lo que piden las trabajadoras sexuales unidas en torno a este sindicato es “reconocimiento y respeto por parte de las instituciones”. Aseguran que “no son sujetos pasivos, sino mujeres adultas que sabemos luchar por lo que queremos” y, por tanto, piden “los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española”.