Las consecuencias de regularizar a los inmigrantes en España, durante y después de la pandemia

La regularización de los inmigrantes que viven en España sin papeles es una demanda que numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha sido la pandemia del coronavirus[contexto id=»460724″] la que la ha hecho más visible que nunca.

El hecho de que cientos de miles de personas se hayan quedado expuestas al virus sin acceso a la sanidad pública, a pesar de que muchos de ellos han seguido trabajando en sectores tan básicos como el agrícola, ha hecho que las organizaciones den un paso más al frente para luchar por los derechos de estas personas.

Sin embargo, las consecuencias de llevar a cabo esta regularización no se quedarían solo en época de pandemia, sino que muchas perdurarían en el tiempo. Para saber qué es lo que piden los inmigrantes y para analizar las consecuencias que tendría esta medida, hablamos con Edith Espínola, de la plataforma #RegularizaciónYa, y con Blanca Garcés, investigadora especializada en migraciones del Barcelona Center of International Affairs (Cidob).

Una cuestión de derechos humanos

El argumento principal de quienes luchan por la regularización de los inmigrantes que ya viven en el país es que es una medida necesaria para garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en situación irregular. Y, por tanto, lograr sus derechos sería la primera consecuencia.

“No se puede seguir sosteniendo esta política de te doy ahora un permiso, y luego a los meses o al año me tienes que traer otra vez un contrato de un año, cuando sabemos que los contratos son ahora temporales”, critica Espínola, que habla de la Ley de Extranjería, que actualmente no permite obtener la regularización sin un contrato de trabajo, ni un contrato de trabajo sin la regularización. “O sea, lo que se hace es mantener esta presión constante con una ley que es muy racista y que somete a las personas a una precariedad, porque tienes que mantener este trabajo como sea, por más que sea muy precario”.

Las estructuras del Estado tienen como base sólida una ley racista y criminal, la Ley de Extranjería.
Todas las comunidades migrantes somos sujetos políticos y luchamos por el reconocimiento de los DDHH.#RegularizacionYa @saniladan12 #LasVidasNegrasImportan #BlackLivesMatter pic.twitter.com/jbIL3WB551

— #RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) June 7, 2020

“Lo que aporta un inmigrante es su vida, su trabajo y los saberes con los que ya viene, lo que hace es que crezca una población de un país para mejor”, afirma.

El aporte a la Seguridad Social

Otro de los principales argumentos y, a la vez, consecuencias de la regularización de los inmigrantes es el aporte económico que supondrían al Estado a través del pago de impuestos. “Hay muchos estudios que demuestran que los inmigrantes contribuyen más a la Seguridad Social que lo que reciben después, entre otras cosas porque la mayoría están en edad de trabajar, son jóvenes”, afirma Garcés.

“De hecho, las regularizaciones de los 2000, y en concreto la del 2005, los argumentos que se daban eran justamente estos, de hacer aflorar un trabajo irregular, eso implicaba que se pagaran impuestos sobre este trabajo”, explica la investigadora. Además, “eso implicaba unas condiciones laborales en igualdad con el resto de trabajadores”.

Por su parte, Espínola afirma que hay entre 600.000 y 800.000 personas en situación irregular en España, de las cuales “más del 80% son personas adultas que están trabajando en la economía sumergida”. Porque, asegura, aunque reciban algún tipo de ayuda, con eso “no subsisten” y, por tanto, necesitan trabajar de manera irregular. “Si estas personas son regularizadas, tendrían que estar cotizando en la Seguridad Social, con lo cual se incrementaría el aporte económico”.

Políticas sociales y públicas más efectivas

“Cualquier política social solo se puede llevar a cabo cuando incluyes al conjunto de la población”, dice Blanca Garcés, que considera que una de las principales consecuencias de la regularización de los inmigrantes sería la mejora del diseño de políticas sociales y públicas.

“En el momento en que dejas una parte fuera, en este caso los inmigrantes en situación irregular, las políticas sociales no llegan a todos los sitios donde deberían llegar”, señala, y “en un contexto de crisis económica que se va a agravar en los próximos meses, se pone en evidencia que, o incluimos a todo el mundo o, si dejamos a algunos fuera, esta exclusión no solo va en detrimento de sus derechos, sino que además va a ser motivo de conflicto y, por lo tanto, de un problema para la cohesión social de nuestras ciudades y pueblos”.

Además, Garcés asegura que “lo que pone en evidencia esta pandemia es que nuestra seguridad depende de sus derechos”. “No solo es una cuestión de derechos para todos, sino que además, solo garantizando los derechos de todos podemos garantizar la seguridad del resto”.

Garcés señala también que “el Estado necesita incluir al conjunto de la población para poder saber quiénes están, dónde trabajan”, para así poder “garantizar condiciones de trabajo y hacer políticas públicas”, porque “solo si sabes con quién cuentas puedes hacer una política pública efectiva, solo si llegas a todo el mundo puedes hacer una política pública que funcione”.

¿Efecto llamada?

Uno de los principales argumentos de los detractores de esta medida es que consideran que dar papeles a todos los inmigrantes en España traería una consecuencia negativa: un efecto llamada que acabaría atrayendo a más inmigrantes.

Sin embargo, la regularización que se plantea, al menos en este momento, es algo temporal y solo para aquellos que ya se encuentran aquí. “Nosotras no estamos haciendo un efecto llamada, no le estamos diciendo a la gente que venga, ni podemos decirle que más adelante esto va a suceder porque solo opinamos, pero no nos hacen caso”, dice Espínola.

Aunque lo que propone #RegularizaciónYa es una modificación de la situación de las personas que se encuentran ya en el país, sí que considera que “se tiene que modificar la Ley de Extranjería, se tiene que crear otro tipo de protocolo para la llegada de personas. “No se puede tener un marco en el cual yo llego por Melilla o llego en avión y se me interna en un CETI confinado, hay que buscar unas nuevas políticas de protección siempre resguardando los derechos humanos de estas personas”.

Quienes ya están aquí no se van a ir

“Sabemos que estaban llegando ya muchas denegaciones antes del confinamiento, especialmente a colombianos”, dice Garcés. “Se espera un alud de denegaciones cuando se reactiven las oficinas de asilo, y eso lo que hace es que todos estos solicitantes de asilo que llegaron y pudieron quedarse con papeles, temporales pero con papeles, todos ellos, de un día para otro, se encuentren en situación irregular y, por tanto, va a aumentar el número de inmigrantes en esta situación”.

Y la pregunta es: ¿estas personas van a volver a su país tras serle denegada la residencia? “La respuesta es que no, la mayoría no va a volver a su país”, sentencia Garcés. Además, “las políticas de deportación son muy complicadas y muy caras, son prácticamente simbólicas”, señala.

Por tanto, dado que no tener papeles no suele impulsar la vuelta al país de origen, Garcés considera que sería beneficioso tanto para el Estado como para estos inmigrantes la regularización de su situación en el país.