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¿Cuánto aportan los inmigrantes a la economía española y cuánto gasto suponen realmente?

Para entender mejor la situación de los inmigrantes en España respecto a la economía, resumimos algunos datos y explicaciones de expertos

¿Cuánto aportan los inmigrantes a la economía española y cuánto gasto suponen realmente?

En España hay algo más de cinco millones de extranjeros. Una población que cada año salva al país de perder habitantes. Además, la inmigración es en la actualidad lo único que frena el envejecimiento del país, cuya población mayor de 65 años no ha dejado de crecer en los últimos años.

A pesar de los aspectos positivos de la inmigración, especialmente para una población envejecida como la de España, los discursos de odio siempre están presentes para intentar convencernos de que “los inmigrantes nos quitan puestos de trabajo” y “reciben más ayudas que los españoles”, entre otras afirmaciones contra este grupo de la población.

Sin embargo, estas afirmaciones suelen estar bastante alejadas de la realidad, ya que los inmigrantes a menudo tienen una mayor tasa de paro que los españoles y, además, no reciben más ayudas que nosotros.

Para entender mejor la situación de los inmigrantes en España respecto a la economía del país, resumimos algunos datos y explicaciones de expertos:

Un 10% de la población española

En España, la población extranjera en 2019, la última fecha de la que hay datos censales, era de 5.023.279 personas. La población total del país era de 47.1000.396 personas, lo que supone que las personas con nacionalidad extranjera son poco más del 10% del total de las que viven en España.

Estos datos incluyen tanto a los inmigrantes con permiso de residencia como a los que se encuentran en situación irregular. “Estos datos se basan en el movimiento natural, en variaciones censales que se basan en cambios padronales, y en el padrón no se necesita residencia legal”, nos explica a The Objective Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada e investigador especializado en economía y política de las migraciones internacionales.

Su aportación al consumo

La primera aportación que hacen los inmigrantes a la economía española es a través del consumo. Trabajen o no trabajen, como cualquier hogar español, las personas de nacionalidad extranjera pagan impuestos de manera indirecta en España a través del IVA, por ejemplo.

Según los datos aportados por el sindicato UGT, en 2018 los hogares con una persona de nacionalidad extranjera como principal sustentador aportaron un 8% al total del consumo del país. Si además tenemos en cuenta el lugar de nacimiento del sustentador principal y no su nacionalidad, pues puede haber adquirido la española, el 11,05% de los hogares estaban sustentados por una persona nacida en el extranjero, lo que supone el 9´2% del gasto total del 2018, señala UGT.

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Un inmigrante marroquí, en su casa en Barcelona. | Foto: Felipe Dana | AFP

En términos generales, “si quieres medir por ejemplo cuánto crees del total del consumo estarán generando esos inmigrantes te puedes hacer una idea de que como mucho puede ser un 10%, que claramente será un poquito menos porque las posibilidades de consumo de los hogares de inmigrantes suelen ser más reducidas que las de un hogar de renta media o de renta alta”, explica Mahía. “No puede ser ni mucho menos, ni mucho más, porque los hogares extranjeros son los que son”.

El empleo y el paro entre los extranjeros

En febrero de 2020, había en España 2.117.654 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 11% del total de los afiliados. Este número ha ido creciendo desde 2018, cuando se registró el primer aumento de los extranjeros afiliados en varios años debido a la crisis económica.

Para poder comparar los datos de manera anual y no solo de un mes, utilizamos el Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros de 2019, publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que recoge los datos de 2018, el primero en el que hubo crecimiento de nuevo.

En 2018, el 10,44% del total de afiliados a la Seguridad Social en España eran extranjeros, un total de 1.974.148. Además, del total de 3.202.297 demandantes de empleo parados, 393.750 tenían nacionalidad extranjera. Esto supone que, aproximadamente, su representación en la Seguridad Social y en la búsqueda de empleo es similar a la que tienen en la población total de España.

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Foto: Juanjo Martín | EFE

Al contrario de lo que mucha gente piensa, los extranjeros no reciben más prestaciones por desempleo que los españoles. En total, según los datos del 31 de diciembre de 2018, 202.119 extranjeros recibieron prestaciones económicas por desempleo, de las cuales 14.189 fueron por programas de inserción y de activación del empleo, es decir, no necesariamente contributivas. Del 10,42% de las prestaciones correspondientes a las recibidas por los inmigrantes, un 8,8% eran contributivas, es decir, necesariamente deben haber cotizado el mismo tiempo que los españoles para beneficiarse de ellas.

Del total de subsidios que se otorgaron, 89.743 fue a ciudadanos comunitarios y 112.376 a ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Los tres primeros países de procedencia de estos extranjeros eran Rumanía, Marruecos y Bulgaria, a los que le siguen Italia, Ecuador y Colombia.

Si miramos el total de prestaciones por desempleo, sin distinguir la nacionalidad de quienes la reciben, en torno al 80% de los 1.835.488 de prestaciones son contributivas. Esto quiere decir que la proporción es similar que si miramos solo a los extranjeros. Por tanto, estos no reciben mayores prestaciones, ni contributivas ni no contributivas, que los españoles.

“Es imposible que reciban más ayudas porque en España, para empezar los datos lo desmienten, las ayudas fundamentales son contributivas, o sea es la prestación por desempleo, por viudedad, por enfermedad, todo ese tipo de cosas y para eso, evidentemente, tiene que haber unos periodos mínimos de cotización”, explica Ramón Mahía. En las pensiones, por ejemplo, “la presencia de la inmigración es a veces incluso testimonial”, señala.

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Gráfico: SEPE

En cuanto al desempleo, “es verdad que tienen una tasa mayor de paro, pero a muchos no les alcanza la cotización y si les alcanza apenas pueden cobrar paro unos pocos meses porque no llevan muchos años muchos de ellos”. Lo que deja claro es que “no hay ninguna forma en España que permita a un extranjero tener acceso a prestaciones de forma prioritaria”.

Los inmigrantes “aportan lo que todo el mundo, el trabajador regular aporta lo mismo que aporta el trabajador regular español, no hay absolutamente ninguna excepción en términos fiscales o impositivos para la población extranjera”, asegura Mahía.

Las únicas en las que podrían tener alguna ventaja podrían ser en las no contributivas, las rentas de inserción y prestaciones similares, pero no por su nacionalidad, sino por su bajo nivel de renta, explica Mahía.

“A la hora de conseguir una prestación no contributiva, la población inmigrante está más expuesta, piensa que las diferencias de renta son abismales, entonces cuando se trata de competir por recursos escasos y lo único que hace falta es estar empadronado, pues las familias con menos renta, da igual si son inmigrantes o no, van a tener ayudas antes que tú y que yo, claro”, explica el investigador. “Ahí sí que te puedes encontrar a veces que hay prestaciones en las que hay un 25% o un 20% de inmigración, no mucho más, que la gente se piensa que es más”.

Además, señala que estas prestaciones suelen ser muy bajas, de 300 euros por familia o cantidades similares. “Esas ayudas no hacen el estado del bienestar español, son las prestaciones contributivas” las que lo crean, considera Mahía.

¿Qué pasa con los inmigrantes irregulares?

Todos estos datos, excepto los de población, se refieren a los inmigrantes que tienen permiso de residencia de algún tipo, pues este es necesario para poder trabajar y, por tanto, para poder recibir cualquier prestación contributiva en España.

Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no tienen los papeles en regla para poder trabajar? Obviamente, muchos de ellos trabajan aunque no tengan un contrato, pero no se puede saber con exactitud cuántos son, igual que no se puede saber cuántos españoles trabajan fuera de la legalidad. “A la hora de determinar qué porcentaje de la economía funciona de manera informal, hay varias formas. Una muy clásica es tratar de estimarlo fiscalmente, otra por los datos que haya de la inspección”, explica Mahía. “En general en España ese porcentaje suele ser alto, hay quien dice que es en torno al 20% de la economía, el 25%, de la economía global. Bueno, probablemente esto sea ya un poco viejuno, pensar que haya un 20% de la economía funcionando fuera de un marco completamente legal”, considera.

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Un inmigrante trabaja en Almería. | Foto: Emilio Morenatti | AP

En referencia a los inmigrantes, el problema en la mayoría de los casos no se debe a que quieran evitar los impuestos, sino a que no tienen otra opción, puesto que una vez que entras a España, ya no es posible obtener un permiso de trabajo. Es decir, la contratación se tiene que hacer en origen, antes de salir de su país.

“En el caso de la inmigración es todavía más complicado, los estímulos para mantener ese trabajo oculto y fuera de la vista son altos, o mayores, porque claro, cualquier español podría aceptar un trabajo sin contrato, por supuesto, pero el inmigrante se ve todavía más forzado, porque no tiene otra alternativa”, explica Mahía.

Una vez agotado el periodo de turista, que es de tres meses, “empieza un tránsito de varios años en los que tienen necesariamente que estar en situación irregular”, dice el investigador. “Y tienen que estar trabajando, porque la gente no vive del aire”, apunta.

“¿Por qué los inmigrantes trabajan sin contrato? Será porque no tenemos un sistema capaz de habilitar esa regularización”, concluye Mahía.

Por tanto, dado que no se puede saber ni la cantidad de españoles ni la de extranjeros que trabajan sin contrato, no se puede saber la diferencia que existe entre unos y otros dentro de la economía sumergida. Lo que sí está claro con los datos oficiales registrados es que los inmigrantes no suponen un gasto a la economía en términos de empleo y ayudas del gasto que generan.

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